Este jueves, el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dado una entrevista en la Cadena Ser a Pepa Bueno. Preguntado sin rodeos por las grabaciones de las conversaciones entre su antecesor Jorge Fernández Díaz y el entonces jefe de la Oficina Antifrau catalana, Daniel de Alfonso, que Público reprodujo en exclusiva en esta web el año pasado, Zoido ejecutó la maniobra de distracción habitual del Gobierno y el PP: lo importante de las grabaciones no es que el ministro Fernández Díaz y un alto cargo catalán pudieran estar utilizando las herramientas del Estado contra adversarios políticos (los independentistas de Catalunya, en este caso) con la presunta complicidad del presidente del Gobierno ("Lo sabe"); lo grave de este asunto no es tampoco que se baraje en ese lúgubre despacho que la Fiscalía 'afine' pruebas a instancias de un ministro y un "periodista gacetillero" (sic) se dedique a publicar sin contrastar lo que deciden el citado titular de Interior y De Alfonso, sea o no verdad, con el único fin de enmierdar, que algo queda siempre aunque se demuestre falso todo.

Lo 'preocupante' para Zoido es que alguien grabe a un ministro del Interior en su despacho. Y nada más, argumenta el exalcalde de Sevilla, porque él "no" ha escuchado las grabaciones íntegras y quién dice al sucesor de Fernández Díaz que las mismas no están manipuladas.

Sorprende la arrogancia de Zoido y su antecesor rasgándose las vestiduras por que Fernández Díaz haya sido grabado en su despacho mientras tratan de presentarnos como normal el contenido de unas conversaciones entre dos altísimos cargos públicos, mantenidas en un despacho oficial y con tintes de dictadura chusquera y mafiosa. Pero sorprende e indigna más a quienes hemos actuado con la escrupulosa honestidad requerida en estos casos la desfachatez de Zoido, que al más retorcido estilo Fernández Díaz, asegura que no ha escuchado las grabaciones y que estas solo son "trozos".

Señor Zoido, su obligación y la de su antecesor es investigar esas grabaciones y someterlas a todas las pruebas periciales que consideren para no dejar el más mínimo resquicio de duda sobre lo que parece que contienen: una operación anti-enemigos políticos ejecutada con el peor de los ensañamientos (la mentira y cierta ¿prensa?) y la utilización de los recursos del Estado, los de todos nosotros/as.

Pese a que desde Interior intentaron hacerse con los audios enviando de tapadillo y sin orden judicial a dos agentes a la redacción de Público, este diario ha demostrado sobradamente que su compromiso con el derecho a la información no está en absoluto reñido con el de la denuncia de posibles delitos, al contrario. Por eso, Público entregó a la Fiscalía General del Estado hace siete meses (SIETE) los audios íntegros, tal y como los recibió anónimamente, para que sean investigados. Y nada.

Estos días, desde ámbitos interesados y emponzoñados por intereses oscuros, se está hablando y escribiendo mucho (sin pruebas y con mentiras fácilmente desmontables) sobre todos los audios que publicamos, su veracidad, su legalidad... Palabras y más palabras (muy mal dichas y escritas, por cierto). Pero Público se debe a sus lectores así que a estos y solo a estos dirige siempre sus noticias y exclusivas, con la exquisita rigurosidad que merecen. A ellos/as digo que pueden estar tranquilos, porque su derecho a la información está a salvo en esta web, contrastado, ratificado y garantizado. Nunca, afecte a quien afecte, dejaremos de publicar algo que consideremos que deban saber en el momento mismo en que lo conozcamos y confirmemos sin poner en riesgo la vida de nadie, en cuyo caso se apelaría a otras instancias y le daríamos capítulo aparte.

La libertad de Público es la de sus lectores y a ella apelamos mientras aguardamos a que el ministro Zoido deje de enmierdar y se pase por la Fiscalía General del Estado, escuche los audios de su compañero de filas y pida una investigación judicial sobre su forma y su contenido. De sus conclusiones informaremos también puntualmente. En Público, claro.