Han pasado seis años desde que se firmó el Pacto Mundial para la Migración (PMM), auspiciado por Naciones Unidas durante una conferencia celebrada en Marraquech (Marruecos), y la población migrante que se mueve por el mundo en busca de una vida mejor que la que las guerras, sequías, inundaciones y expolios en sus lugares de origen les porporciona, sigue expuesta a toda clase de dificultades. Entre los 23 compromisos y objetivos del Pacto, todos ellos voluntarios, figuran algunos como la necesidad de recoger datos para cuestiones tan básicas como que cada persona tenga una identidad (preservando su anonimato) o potenciar la migración regular para evitar mafias y muertes o, cuando llega el caso, salvar las vidas de quienes la ponen en riesgo o asegurar que pueden acceder a servicios básicos para la vida y favorecer su integración social. Se buscaba generar unas directrices que marcaran las políticas nacionales, pero han pasado seis años y, si acaso, la situación va a peor, tras un aumento de gobiernos ultras que hacen bandera contra el fenómeno migratorio para conseguir votos. Y lo logran.

España, país puente y destino desde África y desde Latinoamérica, es un fiel espejo de cómo ese PMM se firmó pero está lejos de cumplirse. Es más, en los últimos años cunde la idea de que la migración es un problema, cuando es todo lo contrario. De hecho, el informe “Miradas de la sociedad civil sobre el Pacto Mundial para la Migración”, elaborado por seis ONGs, destaca que hay tres millones de trabajadores extranjeros, pero que unos 350.000 no tienen Seguridad Social y al menos se han detectado, en 2023, 40.000 casos de falsos autónomos. Además, denuncian que el salario medio de los extranjeros es un 37% más bajo de media. Solo en empleos del hogar y cuidados hay 600.000 personas, el 94% mujeres migrantes de las que más del 10% no tienen ningún contrato, ni por lo tanto derechos. Respecto a la agricultura, las condiciones de explotación y temporalidad es sabido que generan un enorme sufrimiento a las trabajadoras en lugares como Huelva o Almería, donde los cultivos de frutos rojos y de huerta generan cientos de millones de euros de beneficios.

La demanda laboral de migrantes, que tienen que trabajar en condiciones indignas, cuando no ilegales, no cuadra con el hecho de que recibirlos en nuestro territorio, especialmente si su origen es África, se haya llegado a considerar en septiembre pasado, en el barómetro del CIS, el mayor problema de la sociedad española, espoleada por el discurso de una extrema derecha que ha hecho de estas personas su eslógan electoral. Es una estrategia que camina justo en el sentido contrario que busca el Pacto Mundial, que ya quedó tocado con el Pacto Migratorio Europeo aprobado este año y que refuerza las políticas de externalización de fronteras y de retorno de los migrantes, facilitando procedimientos acelerados de devolución y detenciones sistemáticas en las fronteras. Que el nuevo reglamento comunitario abra la puerta a la criminalización de las organizaciones que trabajan para ayudarles, al eliminar la cláusula humanitaria, es un paso atrás que solo provocará más víctimas.

Se olvida con ello, por encima de todo, que quienes migran son seres humanos dispuestos a poner en riesgo su vida -el volumen de mortandad así lo constata- porque ésta ya no es posible en sus países, o lo hacen por razones ajenas a su voluntad (guerras, sequías, inundaciones, expolio de sus recursos pesqueros o de sus tierras…) o porque se implican en luchas por sus derechos en las que resultan siendo objeto de persecución y criminalización.

Así que, desde que se aprobó el Pacto Mundial, lo que en Europa se ha hecho es levantar vallas más altas, devolver a más personas ‘en caliente’ sin saber ni quiénes son (hubo más de 340.000 en 2023 en la UE), dificultar que se les rescate en alta mar cuando van en barcos o pateras a la deriva, pagar a terceros países cantidades exorbitantes para que los retengan (caso de Libia o Turquía), aunque vendidos en mercados de esclavos o abandonados en mitad del Sáhara, o intentar llevarlos a plataformas flotantes (Gran Bretaña) y a centros de internamiento fuera de la UE (caso de Italia en Albania), o calificar de ‘mafias’ a las ONGs que van a su rescate en el mar.

En un encuentro de la sociedad civil europea celebrado recientemente, organizado por las seis ONGs del informe (Alianza por la Solidaridad, Convive, Acoge, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas en Cataluña, Rumiñahui y Médicos del Mundo), se recordaba que, si bien es verdad que las personas migrantes son una fuerza laboral necesaria, se olvida que además son personas que aportan su cultura; que pagan sus impuestos como los demás; o que cooperan solidariamente cuando es preciso, como se vio en la dana de Valencia. Se habló de la llamada ‘Europa Fortaleza’ y de las recientes inversiones millonarias de la Comisión Europea en la frontera terrestre europea más larga (en Bulgaria), que ha servido para evitar unas 100.000 entradas desde Turquía en un año, sin que se pueda saber de quién es la responsabilidad cuando se violan derechos humanos fundamentales.

El gobierno español, mientras sigue ‘empantanada’ la regularización de unas 500.000 personas migrantes hoy irregulares, por tanto sin permiso de trabajo y sin empleo legal, da bandazos en política migratoria. Por un lado, dice que se necesita su fuerza de trabajo y, por otro, intenta que Marruecos ponga freno a quienes huyen desde el sur de un Sahel cada vez más inhabitable, tanto por conflictos armados como por el cambio climático. También se ha buscado similar cooperación en Mauritania y en Senegal, país éste del que tan solo 141 personas pudieron entrar con un contrato legal en España en 2023, de los más de 17.000 que se tramitaron ese año con el exterior de la UE. Sin embargo, en el mar y el desierto que nos separan se han perdido más de 11.500 vidas, según Caminando Fronteras, en solo cuatro años.

De todo ello se deduce la importancia de volver a poner sobre la mesa los objetivos del Pacto Mundial de Migraciones de Naciones Unidas, que no es perfecto, pero en el diagnóstico final de este 2024 sale muy malparado, así que no hay mucho que celebrar el Día Internacional del Migrante que se celebra este 18 de diciembre.