La persecución a Anthony Fauci es un ataque a la ciencia y a la salud pública

Un comité del Senado de Estados Unidos ha interrogado a Anthony Fauci por sus responsabilidades durante la gestión de la pandemia en ese país. Fauci es médico epidemiólogo e investigador en inmunología y es una de los científicos mundiales más relevantes de las últimas décadas. Tuvo un papel protagonista en la investigación en los inicios de la epidemia de sida, en los años 80 del pasado siglo, y ejerció un liderazgo indudable en los esfuerzos de su país para afrontar las epidemias de VIH/sida, el SARS, la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, el MERS, el ébola, la infección por el virus del Nilo Occidental y la covid-19.

Dirigió desde 1984 hasta 2022 el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que efectúa investigación básica y aplicada sobre esas materias en Estados Unidos. Y ejerció de consejero para todos los presidentes desde Ronald Reagan hasta Joe Biden. Fauci ha dedicado más de 50 años de su vida profesional a la salud pública.

Durante la covid-19, a comienzos de 2020, Fauci, que formaba parte de la Comisión Especial de la Casa Blanca, fue el portavoz público más claro en su país de las medidas que la ciencia recomendaba para controlar la epidemia: el confinamiento inicial en el domicilio, mantener la distancia física de seguridad, llevar la mascarilla puesta en la interacción social, evitar las aglomeraciones y promover la vacunación contra la enfermedad.

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Bien es cierto que con algunas vacilaciones e incoherencias —como no conceder suficiente atención a las mascarillas—, pero no pudo ser de otro modo en una enfermedad nueva y desconocida, de la que se iba aprendiendo cada día, aprendizaje que iba desechando ideas que se mostraban equivocadas y resaltando otras más útiles.

En los primeros meses de la pandemia de covid-19, Anthony Fauci calificó como un disparate, pues conduciría a muchas más muertes, la propuesta de limitar las medidas de protección frente a la infección a las poblaciones vulnerables —los mayores, fundamentalmente— mientras se permitía la propagación libre de la infección a la mayoría de la sociedad en busca de una inmunidad de rebaño en la población general. Esa propuesta había sido promovida para impedir que las medidas de control de la pandemia pudieran entorpecer el funcionamiento de la economía.

Anthony Fauci tuvo que lidiar con Donald Trump, entonces presidente, que quitaba importancia a la epidemia y no prestaba mucha atención a sus consejos. Fauci también fue el objeto de la ira de los grupos que protestaron contra el confinamiento y contra la recomendación del uso de las mascarillas y, más adelante, los grupos contrarios a la vacunación. Él y su familia recibieron amenazas de muerte. Algunos acusaron a Fauci de tratar de minar la reelección de Trump en las elecciones de noviembre de 2020. Cuando Joe Biden llegó a la presidencia, nombró a Fauci asesor médico jefe del presidente.

Ahora, varios años después, tras la promesa de Trump de castigar a quienes consideraba sus enemigos, algunos representantes republicanos, encabezados por el senador Rand Paul, han iniciado una caza contra Fauci. Lo acusan de promover políticas de control de la pandemia que vulneraron las libertades civiles, de aprovecharse económicamente de su fama ganada en la pandemia, de contribuir a financiar el laboratorio de Wuhan que supuestamente dio lugar a la fuga del virus SARS-CoV-2, el causante de la covid-19 —con lo que sería responsable de 1.100.000 muertes por covid-19 en EEUU— y de ocultar al público lo que sabía sobre el origen del virus.

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La hipótesis de la fuga del virus del laboratorio chino, muy apreciada por los amantes de la conspiración, es considerada extremadamente improbable por un grupo de investigación de la Organización Mundial de la Salud, que, con las pruebas disponibles hasta ahora, apoya como hipótesis muy probable una causa zoonótica de la pandemia, es decir, una transmisión de animales a humanos, con un probable huésped intermedio.

En una sociedad tan polarizada políticamente como la estadounidense, el interrogatorio a Fauci en el Senado refleja esa división descarnadamente. Joe Biden, el 19 de enero de 2025, el último día de su mandato, emitió un perdón preventivo a Fauci por sus eventuales delitos cometidos en el ejercicio de su cargo entre 2014 y esa fecha, para protegerle de "acusaciones injustificadas y de motivación política".

Por ese motivo, Fauci no puede ser procesado por nada ocurrido en ese periodo, pero sí si incurre en perjurio en su comparecencia en el Senado. Por eso, Fauci, aconsejado por su abogado, se ha negado a contestar a más de 100 preguntas que le han formulado, acogiéndose a la quinta enmienda de la Constitución, que protege a los testigos del riesgo de autoincriminarse. A propuesta de Rand Paul, el Senado ha declarado a Fauci en desacato este jueves 6 de agosto por negarse a declarar.

Más allá de la crueldad e injusticia a que se le somete como persona a Fauci, un anciano de 85 años que ha dedicado su vida a la salud de la población, este asunto tiene implicaciones generales que no pueden pasar desapercibidas. Se trata de una causa general contra la salud pública, es decir, contra las medidas que se tomaron para proteger la salud colectiva de la población, por encima de otras consideraciones.

Las medidas que Fauci defendió (confinamiento, distancia de seguridad, mascarillas, vacunación) se demostraron eficaces en EEUU y en todo el mundo, primero para contener la pandemia y después para controlarla. Lamentablemente, EEUU fue uno de los países de ingresos altos en donde hubo más muertos, en buena parte por la división política que llevó a una parte de la sociedad a iniciar una batalla política contra esas medidas, en particular contra las mascarillas y contra las vacunas.

En situaciones de pandemia, pueden ser necesarias medidas extremas para proteger la salud de la población y evitar o minimizar los contagios: el aislamiento de los casos hasta que dejen de ser transmisibles; la cuarentena de los contactos, durante el plazo que dura el periodo de incubación; o el confinamiento en casa de la población si hay transmisión comunitaria que no pueda controlarse de otro modo.

Son todas ellas medidas que solo se pueden justificar si no hay otra opción, y si se aplican solo el tiempo necesario, y siempre acompañadas del apoyo económico de la Administración a los trabajadores que no pueden desplazarse —los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se pusieron en marcha en España durante la pandemia fueron indispensables— y con la ayuda necesaria a las personas más vulnerables. Son medidas que exigen un Estado bien dotado económica, social y organizativamente para aplicarlas.

Y en esa batalla política, los contrarios a la salud pública desprecian el conocimiento científico y propagan bulos y conspiraciones, la irracionalidad y el pensamiento mágico. Es irónico que ahora que la ciencia ha conseguido identificar en pocos días el genoma de los nuevos virus y crear vacunas contra nuevas enfermedades infecciosas en el periodo más corto de la historia, en menos de un año, crezca asimismo la anticiencia.

El secretario de Salud y Servicios Sociales, Robert F. Kennedy Jr. —un enemigo personal también de Anthony Fauci—, es un estandarte de la anticiencia: promueve las ideas antivacunas sin ningún fundamento, descapitaliza las organizaciones de salud pública y subordina las actividades científicas a los intereses de la industria. Que esas ideas reciban el apoyo de la extrema derecha no debe sorprendernos, ya que lo que esta busca es generar la desconfianza en las instituciones, adelgazar en lo posible los recursos sociales del Estado, excepto la policía y el ejército, y llevarnos a un mundo de desprecio de las necesidades colectivas, un mundo de "sálvese quien pueda".

Ya han pasado más de seis años desde el inicio de la pandemia de covid-19 y las causas para la aparición de lo que se llaman virus emergentes siguen siendo las mismas. Estamos expuestos a la amenaza de nuevas pandemias, que pueden ser igual o más disruptivas. Y la salud de la población no puede ser un campo de batalla político, pues lo que está en juego son las vidas de millones y millones de personas.

En España, se han hecho intentos de evaluación sobre la gestión de la covid-19, como la Evaluación del Desempeño del Sistema Nacional de Salud Español frente a la Pandemia de covid-19, Lecciones de y para una pandemia (EVALUACOVID), promovido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque muchas de sus recomendaciones están por implementarse.

Pero esa evaluación ha sido incompleta, pues no se han abordado las causas de las diferencias enormes en los resultados de las distintas comunidades autónomas, en donde las diferencias en la gestión efectuada por las autoridades sanitarias son una cuestión clave. La propia evaluación de la gestión de la Comunidad de Madrid, la región de Europa con mayor disminución de la esperanza de vida al nacer como consecuencia de la pandemia, que aportaría mucha información valiosa, es una tarea pendiente.

Desgraciadamente, el caso Fauci no nos es tan lejano. Puede repetirse en España igualmente. Lo que está en juego es la importancia que como sociedad concedemos a la salud de la población y a la ciencia, que, como otros componentes del Estado del bienestar, deberían gozar de una protección garantizada y constante.