Al establecer categorías entre los derechos y limitar la responsabilidad de hacerlos cumplir al interior de nuestras fronteras, la Constitución española rompe con el principio de universalidad y por lo tanto de igualdad de los derechos humanos. Por ello, el eje de la propuesta que conjuntamente hacemos Amnistía, Greenpeace y Oxfam Intermón al Gobierno y a los partidos políticos, es reformar del Artículo 53 para darle el mismo carácter a todos los derechos, sean a la vida y la libertad, o a la vivienda y la salud, entre otros.

La propuesta abarca también otros campos cruciales para fortalecer los derechos y su universalidad. Entre estos retos está el de la lucha contra la desigualdad, cuyo crecimiento (denunciado por Oxfam y reconocido hasta por el Banco de España, la OCDE o el Foro de Davos), es el mejor reflejo de una sociedad cada vez más dual, dividida en ciudadanos de primera y de segunda, también en relación con sus derechos. Además de fortalecer y regular mejor derechos como el de la salud o la vivienda, proponemos el derecho a una renta básica, esencial para garantizar un mínimo ingreso en un mundo donde el empleo es cada vez más escaso.  Una fiscalidad más justa y progresiva debe garantizarse para sostener las políticas públicas correspondientes que garanticen derechos y luchen contra la pobreza y la exclusión. La financiación no puede ser una excusa para la vulneración de los derechos humanos.

La Constitución debe recoger también la responsabilidad de velar por los derechos humanos fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, los de la población civil de Yemen, que se verá afectada en su derecho a la salud y la alimentación por el bloqueo naval al que contribuirán las fragatas que España exportará a Arabia Saudí. Sí, los derechos son universales y España debe hacerlos cumplir en este caso reforzando en la Constitución las obligaciones en materia de transferencia de armas que se incumplen con esta exportación.

La Constitución debe recoger también la responsabilidad de velar por los derechos humanos fuera de nuestras fronteras.

Otro aspecto que debe quedar recogido en una Constitución reformada, es la exigencia a las empresas españolas del respeto estricto de los derechos humanos cuando actúan en el exterior, frecuentemente en contextos de legalidad frágil donde sale barato vulnerar. Algo tan serio no puede quedar al albur de guías y códigos voluntarios. Los derechos son universales, respetarlos también. Asegurar una Cooperación Internacional al Desarrollo que refuerce precisamente los derechos humanos de la población más vulnerable, es la mejor forma de hacer una contribución positiva a las amenazas que sufre la población civil. 

Protegiendo a quienes huyen de la guerra, de la violencia extrema y la persecución, a los refugiados y a los solicitantes de asilo, amparados por una legalidad internacional que el Gobierno vulnera al cerrar su puerta con esa terrible combinación de vallas, inacción e inhumana desidia.

Sí, queda mucho por hacer.