Sánchez y Marchena, el choque

Muchos empresarios y periodistas sabemos, aunque nadie está hoy dispuesto a denunciarlo, que hay medios de comunicación -no hablamos de periodismo- dispuestos a publicar un bulo, una manipulación, una noticia retorcida… que haga daño a una empresa si no le pone la inversión en publicidad, o lo que sea, que el pseudomedio considere que le es propia en función del daño reputacional o personal que pueda hacer. No es la primera vez que algún directivo del Ibex reconoce a esta plumilla que en su compañía cotizada disponen de un fondo perdido para estas "cosas" del chantaje, que cuentan con ello y no pasa nada. Calderilla.

A esa extorsión se dedicaban también, según sentenció hace años la Audiencia Nacional los presidentes de Ausbanc, Luis Pineda, y de Manos Limpias, el falangista Miguel Bernard. "O me financias con X dinero o te pongo una denuncia que quizás no prospere, pero que te dolerá, a ti y a tu empresa, incluso a tu familia", es lo que venían a decir con la mejor de sus sonrisas Pineda y/o Bernat y conforme a la sentencia que los condenó en la AN. A estos sujetos autoerigidos como santos luchadores contra la corrupción, la magnitud de ésta les daba igual: lo importante era sacar tajada y es decisivo recordarlo cuando, tras el proceso de lawfare contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, todavía hay gente que los defiende porque fueron Manos Limpias y Ausbanc los que denunciaron la corrupción del caso Nóos, de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina, y bla, bla, bla. Pero sí, también intentaron chantajear a la Casa Real, cuya corrupción para Bernard y Pineda era lo de menos. Lo hicieron asimismo con el amigo de la infancia de José María Aznar y presidente de Caja Madrid, el difunto Miguel Blesa.

Ustedes se preguntarán por qué les cuento esto, de hace más de una década, y aunque Manos Limpias siga hoy ejerciendo de acusación popular contra miembros del Gobierno, la familia del presidente, periodistas, humoristas y todo aquel que no comulgue -y lo diga, publique o denuncie- con su ideología retrógrada y contraria a los derechos humanos junto a otros ultraderechistas como Hazte Oír, Asociación Liberium, Abogados Cristianos o Iustitia Europa. Les resumo todo esto porque, tras casi 30 años ejerciendo el oficio, creo que es importante poner en contexto determinadas actuaciones en distintos ámbitos, pero con idénticos objetivos, con la perspectiva suficiente para evidenciar poderosas estrategias y conexiones más que obvias, en este caso, de intento de derrumbe del Gobierno de coalición progresista. Un Gobierno del que el PSOE, por cierto, fue cómplice en determinado momento del PP, Vox y de estas asociaciones fascistas, sobre todo, durante el procés contra los independentistas catalanes, y a eso vamos.

La ley de amnistía ha sido validada este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pese a la derecha extrema de todo pelaje, incluidas las togas manifestantes, y pese al Tribunal Supremo, sobre todo, a la Sala Segunda o de lo Penal, a quien la incompetencia política de Mariano Rajoy y su Ejecutivo posicionó como máximo garante polìtico de la integridad y unidad de España. La destrucción de una democracia empieza entregando la política a los jueces, aunque todo se iniciará ya en 2010 con un Tribunal Constitucional amputando un Estatut respaldado por la soberanía catalana en el Parlament y por las Cortes generales en Madrid y siguiera con el Supremo condenando en 2019 a penas de cárcel a dirigentes independentistas que, con todos sus errores y hasta algún delito, seguro, estaban respaldados por la mayoría de un parlamento autonómico, nada más y nada menos. La sentencia política de Sala Segunda presidida por Manuel Marchena, ante la incomparecencia de Rajoy, hizo su trabajo y advirtió: es legal ser independentista y presentarse a una elecciones como tal, pero jamás podrás ejecutar la independencia de un territorio por mucho apoyo soberano (democrático) que tengas. Todo atado.

La ley de amnistía fue un obús político, legítimo, democrático y soberano del Gobierno y el Congreso contra la sentencia de la sala presidida por Marchena que condenó a los independentistas catalanes por sedición y otros delitos; que los metió en la cárcel. Fue una desautorización flagrante, según esos mismos magistrados, al órgano autoerigido como garante de la unidad de España y del orden estatal, el suyo. Lo confirmaron las manifestaciones inéditas de jueces contra esa ley que ni siquiera estaba redactada: era una traición, una ilegalidad para PP y Vox, y una ruptura de la democracia… por parte de un Gobierno que había seguido las pautas estrictamente democráticas para aprobarla en el Congreso. ¿Una decisión política? Por supuesto, como todas las leyes. ¿Partidista? Claro, sobre todo, tratándose de un Ejecutivo minoritario. ¿Obligaba al PSOE a comerse sus palabras y hechos sobre el procés? Todas ellas, como Pujol obligó a Aznar a hablar catalán “en la intimidad” tras las elecciones de 1996 y con un PP ganador pero en minoría. ¿Era positiva la amnistía? Según la concepción de democracia de cada cual, pero sin duda, y como toda decisión política, era criticable, solo faltaría, pero no “ilegal”, como dijo un Feijóo que hoy bebe los vientos por Junts, olvidadas ya, al parecer, las acusaciones de terrorismo que les lanzó sin pudor alguno.

El Supremo de Marchena -pero también de Pablo Llarena, que lleva años siendo desautorizado por los tribunales de los Estados miembros de la UE para detener a Puigdemont-, la Sala Segunda que todo lo puede, hará lo posible y hasta lo imposible por evitar que el líder de Junts vuelva a Catalunya, diga lo que diga el TJUE y en un intento de mostrar su fuerza. Quizás el giro (y la necesidad) del PP por gobernar, que ahora sí quiere, le hagan replantearse algunas cosas, pero si algo es Marchena es un magistrado independiente, sin ninguna duda. Lo suyo y lo de los suyos no es partidismo, es la convicción de que hace lo correcto para salvar a España. Lo único correcto.

Volvamos a Manos Limpias ahora y a la conexión de esta historia: en marzo de 2024 la sala del Supremo presidida por Marchena, y con Llarena al fondo,

absolvió a ese pseudosindicato de los graves delitos aquí resumidos por los que le condenaba la Audiencia Nacional y restituía a este engendro fascista a su función vigilante. En abril de 2024, la rehabilitada Manos Limpias presentaba una denuncia contra Begoña Gómez con recortes de prensa, algunos falsos, que iniciaban un proceso de lawfare que ahora sentará a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo y frente a una acusación popular, éstas que acumulan un 90% de condenas. Todo a la vez en todas partes: la amnistía ratificada por los tribunales europeos, la sala Penal del Supremo presidida por Marchena en el juicio político al procés, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no fue y que iba a controlar a toda la élite judicial “desde detrás”, según el PP y con el aval del PSOE, no olvidemos. El choque sin necesidad de trasera y la credibilidad de los jueces, por los suelos. Democracia, dicen.