Las fechas del 28 de abril y del primero de mayo son dos citas fundamentales en el calendario reivindicativo del mundo del trabajo y de los sindicatos a nivel mundial. En el actual contexto de emergencia sanitaria, también global, ambas fechas adquieren una gran dimensión al sintetizar de forma nítida la interrelación múltiple entre ambos factores, trabajo y salud.

Quizá nunca haya sido percibido socialmente de forma tan clara la importancia del mundo del trabajo en la garantía de cobertura de las necesidades básicas, esenciales, el papel vital de las personas trabajadoras de los sectores sanitario y sociosanitario, pero también el de un universo de profesionales que se han volcado para minimizar los efectos de la mayor crisis sanitaria, algunas de las cuales tenían, esperemos que a partir de ahora no vuelva a ser así, un escaso reconocimiento social y unas condiciones laborales tremendamente precarias: limpieza, gestión de residuos, ayuda a domicilio, cadenas de alimentación, supermercados y un largo etcétera de trabajadores y trabajadoras que han demostrado la importancia de la contribución de la clase trabajadora en la sociedad.

Por ello este 1 de Mayo debe servir como homenaje y reconocimiento a su dedicación, a su compromiso, en muchas ocasiones más allá de lo exigible. Se han convertido en héroes a la fuerza al tener que asumir con encomiable responsabilidad las carencias de un modelo económico y social que ha esquilmado los servicios públicos, los sanitarios son buena muestra de ello, y deteriorado las condiciones de trabajo en el altar de los beneficios empresariales y la imposición de recetas de austeridad en la salida de la crisis de 2008. Pero también porque se han visto obligados a realizar su actividad sin recursos preventivos ni equipos de seguridad adecuados y suficientes.

Sirvan también estas líneas para recordar a las víctimas de los accidentes de trabajo que el año 2019 se llevaron la vida de 695 personas y que en los dos primeros meses de este año ya acumulan 120 fallecidas, todos datos provisionales, cifras que por sí mismas alertan de los problemas de nuestro sistema preventivo. Datos que este año pasarán desapercibidos por la magnitud de la crisis derivada del COVID-19 y la tremenda repercusión que está teniendo en el ámbito laboral y social pero que suponen dramas familiares sin posibilidad de reparación. Como también lo son las enfermedades profesionales, muchas de ellas ocultas a las estadísticas oficiales.

Esta pandemia también ha dejado al descubierto importantes carencias en nuestro sistema preventivo: falta de integración de la prevención en la gestión de las empresas, excesiva externalización, modelo mercantilizado que somete la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras a intereses económicos e insuficiencia de recursos en los organismos públicos con competencias.

Es obvio que va ser necesario abordar un proceso de reconstrucción de nuestro modelo económico y social, reconstrucción que debe asentarse en la recuperación de los equilibrios necesarios en el marco de relaciones laborales, en la superación de desigualdades, en la potenciación de los servicios públicos y en la ampliación de la red de protección social.

Pero también va a ser necesario que nos replanteemos nuestro modelo preventivo, dotándolo de más y mejores recursos, incorporando mecanismos de participación en las empresas sin representación como mejor garantía de implantación de medidas de seguridad y salud adecuadas y potenciando los recursos públicos y las competencias de las instituciones que deben impulsar políticas públicas en la materia tanto en el ámbito laboral como de salud.

Es posible que nunca antes se haya mostrado de manera tan evidente la interrelación de salud pública y salud laboral y en este momento en el que se están planteando los posibles escenarios de desescalada del confinamiento conviene tener presente que sería inaceptable recuperar la actividad en las empresas sin garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Sería inaceptable anteponer los intereses económicos a la salud.