José Manuel López

*Portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid

Hoy es 15 de mayo de 2016. Han pasado ya cinco años desde que este día, el 15M, tiene un significado especial. Desde aquella manifestación, la posterior acampada y las fotos que recorrieron las portadas de la prensa internacional, este país ha cambiado mucho. La fecha está cargada de significado desde entonces. El 15M fue, además de la conversión pacífica y multitudinaria de las plazas en asambleas, la toma de conciencia de un sentimiento común: la política que había pretendidamente ocupado todo, la política institucional, estaba totalmente separada de “la política real”.

En aquellas plazas coincidimos gente muy diversa. Pudimos encontrarnos las personas que llevábamos años haciendo trabajo en nuestros barrios y nuestros pueblos, prestando especial atención a los problemas sociales y siguiendo la tradición democrática de los movimientos vecinales; aquellas que habían luchado por los derechos laborales desde los años 70; aquellas que, desde la Administración del Estado, habían visto cómo se degradaba la función pública; aquellas que, desde colegios y hospitales, no podían ejercer a la altura su labor a causa del desmantelamiento del Estado de bienestar en nuestro país; los mayores y los jóvenes que veían, desde una perspectiva generacional diferente, una misma realidad: un pacto roto por las élites.

¿Qué hizo del 15M algo diferente? Llegamos a las plazas con muchos gritos, con muchas reivindicaciones particulares y, finalmente, se sintetizaron en una idea común: “¡no nos representan!”. Al nuevo grito le sucedió el silencio y una pregunta: “si ellos no nos representan, ¿alguien podría hacerlo?”. La respuesta maduró durante algún tiempo y ha supuesto un verdadero punto de inflexión en un proceso que ha cambiado la política y ha traído a la sociedad española hasta aquí.

La llegada de la “política real” a la política institucional se ha producido en apenas 3 años. Primero, unas elecciones europeas, a las que la opinión publicada no miraba con atención; luego la entrada de las candidaturas municipalistas del cambio a muchos ayuntamientos –muchos de las ciudades más importantes del país- y la irrupción de Podemos en el ámbito autonómico.

En un ciclo electoral tan largo como en el que nos encontramos da la sensación de que uno vive ya siempre en elecciones. Sin embargo, el cambio es una realidad que va cogiendo forma, extendiéndose y asentándose. Por ejemplo, tras las elecciones municipales en comunidades como Aragón o Madrid casi el 60% de los ciudadanos viven en ayuntamientos gobernados por el cambio político. Éste tiene muchas caras y nombres, pero merece una etiqueta común porque comparte planteamientos muy similares: el fin del despilfarro, fortalecimiento y mejora de los servicios públicos, la participación imprescindible de la ciudadanía en la vida pública, la lucha contra la desigualdad y el desempleo y – no se nos olvide – la demostración cotidiana de que una mejor gestión es posible. Así la ciudad de Madrid con Manuela Carmena al frente empieza a mejorar la gestión, dejando de despilfarrar 700 millones de euros de los madrileños en el primer año, mientras la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes, engorda la deuda en 3.000 millones más manteniendo un proyecto agotado.

También el cambio deja ya sentir sus efectos en los parlamentos autonómicos. En un año han cambiado las aritméticas parlamentarias y las formas, pero sobre todo ha cambiado la agenda política. En buena medida, la desigualdad, la lucha contra la corrupción y el nuevo modelo productivo para la generación de empleo son ahora los ejes del debate. Además, se ha dado un paso en la recuperación de la democracia. Las mayorías absolutas en los parlamentos autonómicos de las últimas legislaturas habían hecho olvidar a algunos su función legislativa hasta prácticamente borrarla. Los ejecutivos hacían y deshacían sin control y tanto esta circunstancia como la ausencia de división de poderes como principio explican en cierto grado las tramas de corrupción que se han dado especialmente en comunidades donde gobernaba el PP con claro dominio como Madrid, Baleares o Valencia. Hoy los parlamentos están volviendo a legislar y a controlar a los gobiernos. La democracia es hoy más democracia.

El bipartidismo construyó un país a su medida. Ese modelo está agotado y hace falta uno nuevo que ya se ha puesto en marcha. Un proyecto que implica un cambio en el modelo productivo, en la mejora y protección de los servicios públicos y rehacer el pacto social. La participación es una garantía y hay que garantizar la representatividad – de los pactos territoriales que conforman el país o de la solidaridad fiscal – ya que el 15M también trajo una nueva cultura política a la que todos hemos de ajustarnos para cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

Ahora que tenemos, de nuevo, unas elecciones a la vuelta de la esquina, se habla del hartazgo de la ciudadanía con la política y de la incapacidad de las distintas fuerzas políticas a la hora de llegar a un acuerdo. Ese hartazgo, esa apatía no es comparable con la indignación de hace 5 años, sino que se parece más a un cansancio de aquel que tiene que hacer un esfuerzo más para llegar al final del camino. Es importante recordarlo antes de unas elecciones que no son unas elecciones más, sino un desempate entre dos proyectos de país – el de la continuidad y el del cambio – en el que se vota para la próxima década.

Se llegó al 15 de mayo con una marea de voces y reivindicaciones y se salió en silencio con muchas preguntas. Hoy quizás hemos acuñado, tras la experiencia de estos meses en las instituciones, una certeza importantísima: es posible un proyecto político, económico y social más inclusivo y democrático. Con esta certeza nos dirigimos a una fecha crucial en la historia de nuestro país, el próximo 26 J.