Alberto Garzón Espinosa

Coordinador Federal de Izquierda Unida

Carlos Sánchez Mato

Responsable Políticas Económicas Izquierda Unida. Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

Un despiste de cuatro minutos en el Alcázar parlamentario del PP ha supuesto un logro sin precedentes del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en esta legislatura: la posibilidad de debatir y aprobar una modificación de la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos impidiendo que utilicen su dinero en la mejora del bienestar de sus habitantes.

En el año de legislatura que llevamos, el Gobierno ha paralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate con el argumento, no siempre cierto, de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, prerrogativa ésta que la Constitución otorga en exclusiva al Gobierno. Se están obstaculizando leyes que hubieran permitido mejorar la vida de las personas y reconocer derechos sociales. Bajo esta excusa de evitar un aumento presupuestario se esconde una vara de medir tramposa que no hace otra cosa que utilizar la vieja táctica de llevarse el balón cuando van perdiendo el partido.

En efecto, no es muy democrático utilizar el veto para impedir que se debatan leyes en el Congreso de los diputados. Por eso es indispensable modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley. Y es que parece que cuando pierden la mayoría en las instituciones, desaparece también el interés en lo que pueda hacerse en su seno. “Si no os gustan las leyes, cambiadlas”. Eso estamos intentando, y es entonces cuando aparece un nuevo obstáculo: el veto. Pero esta vez el Gobierno llegó cuatro minutos tarde.

¿Y qué son cuatro minutos?

Los cuatro minutos de retraso con los que se registró el veto a esta proposición de ley permitirán llevar a debate una iniciativa que elimina un incomprensible obstáculo a las corporaciones locales que cumplen con los principios de estabilidad presupuestaria y que ven limitado el crecimiento de su gasto público. No parece que esté justificado que Ayuntamientos que tienen superávit o equilibrio presupuestario, un nivel de deuda inferior al 110% de sus ingresos corrientes y pagan a sus proveedores en plazo inferior a 30 días sean una amenaza para la solvencia de las Administraciones Públicas. Pero sí lo son para la estrategia política del PP, que es puesta en evidencia por una gestión eficaz y solvente precisamente por quienes según ellos iban a destrozar las finanzas de los consistorios a cuyos gobiernos accedieron. Y mientras en las administraciones bajo su control la deuda sigue incrementándose y realizan políticas fiscales que impiden atajar el déficit, en muchos Ayuntamientos gobernados por la izquierda política se incrementan los gastos en políticas públicas mientras se tiene superávit, se reduce la deuda que nos dejaron y se paga en tiempo récord a los acreedores comerciales.

Es muy triste que haya que estar dedicando tanto tiempo y esfuerzo a lograr la aprobación de medidas de sentido común reclamadas repetidamente por la Federación Española de Municipios y Provincias. Desgraciadamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la extensión legislativa del modificado artículo 135 de la Constitución, recoge el sinsentido de obligar a los ayuntamientos a pagar deuda antes de tiempo… ¡incluso aunque no tengan deuda! Un disparate que ha provocado que los ayuntamientos estén amontonando dinero sin parar en sus cuentas bancarias: actualmente hay 21.200 millones de euros de dinero público inmovilizados que no están sirviendo para atender necesidades económicas, sociales o medioambientales. Una medida absurda e injusta que solamente beneficia a la banca y al gobierno de Rajoy, puesto que utilizan el superávit de las corporaciones locales para blanquear los números rojos de la Administración central y de la Seguridad Social. El dinero de los ayuntamientos es secuestrado para que Montoro pueda evitar el castigo en Bruselas. Un despropósito que ni puede ni debe continuar.

La proposición de ley que se someterá a trámite parlamentario solamente modifica ciertos aspectos de la citada norma legal en vez de impugnarla en su totalidad, como sería nuestro deseo. Sin embargo, habida cuenta de que no hay por el momento suficientes apoyos parlamentarios para derogar la ley o transformarla radicalmente, y puesto que consideramos prioritario asegurar primero la capacidad de gasto e inversión de los ayuntamientos, hemos elaborado una propuesta de consenso y no de máximos, con la intención de alcanzar acuerdos para lograr los cambios propuestos.

En Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz, Córdoba, Rivas, Santiago de Compostela, Ferrol y en el resto de municipios queremos poder hacer realidad el mandato que recibimos en las urnas. Ni más, ni menos. Materializar en programas concretos nuestra voluntad de avance en pilares como la justicia social, la redistribución de la riqueza, la igualdad de género o la sostenibilidad del medioambiente.

Por eso necesitamos acabar con la injusta Regla de Gasto e iniciamos hoy un camino para el que no hay marcha atrás. No podrán evitar que cunda el ejemplo de la buena gestión y que se pueda visibilizar, a todas las escalas, una alternativa de izquierdas más posible y necesaria que nunca.