Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Adolph Hitler, elaboró 11 principios de la comunicación política. El primero, del que se derivaban todos los demás, es el principio de simplificación: resumir a todos los adversarios en uno y atribuirles todos los males. Es sabido que Goebbels lo hizo con el pueblo judío. Los demás adversarios actuaban bajo las directrices de una presunta conjura judía internacional y los grandes traumas de su sociedad -la derrota en la I Guerra Mundial- no eran otra cosa que manejos judíos.

No importa lo manifiestamente falso que sea esto, es una idea simple, susceptible de ser repetida, que puede calar en un porcentaje importante de la sociedad y permite construir un frente político a su alrededor; y esto se podía hacer con cualquier cosa, incluso con las catástrofes naturales.

El ministro de Propaganda se creía muy listo, pero no había descubierto nada nuevo, puesto que los agitadores oportunistas lo habían aprendido hace mucho. La peste negra fue atribuida al pueblo judío; entre el 1 de noviembre de 1348 y el 29 de septiembre de 1348 se narra que fueron quemados vivos todos los judíos entre Colonia y Austria, acusados de envenenar las aguas y propagar la peste. Y sólo fue un ejemplo.

Con el COVID-19 lo hemos vuelto a ver, y muy de cerca. La derecha y la ultraderecha española tienen un culpable de lo que está ocurriendo: el movimiento feminista.

Era una elección obvia: mientras el populismo de alt-right crecía en el mundo, sólo aparecía un movimiento alternativo estructurado a nivel mundial que planteara un horizonte de progreso: el feminismo; el mismo que les había parado los pies en España en dos procesos electorales consecutivos a una derecha que esperaba que sus gritos vociferantes contra Cataluña la llevaran en volandas al poder; y el mismo que adoptaba una posición de relevancia en el gobierno progresista y adelantaba medidas como la reforma del código penal sobre el consentimiento en las relaciones sexuales. No importa que no haya evidencia, no importa que sea absurdo, les funciona.

La versión es simple: las feministas del gobierno conocían el peligro de contagio del COVID-19 desde hace mucho tiempo, pero lo ocultaron porque querían llevar a cabo las manifestaciones del 8 de marzo, que deberían haber prohibido.

Muchos hombres temerosos de perder sus privilegios de género y que ya tenían ojeriza a las feministas que plantean una cosa tan sencilla como que hay que remover todas las desigualdades, estarían dispuestos a creerse esto sin cuestionarlo; pero tiene un pequeño problema -para todo el mundo menos para Goebbels-: que es mentira.

Esa versión parte de la asunción de una paradoja: por un lado, las feministas son sibilinas, malvadas y manipularas, capaces de hacer a todo un país ignorar una realidad evidente, pero a la vez son estúpidas, incapaces de prever que las consecuencias de sus actos, que ya conocían, iban a sobrepasar sus objetivos. No sorprende: es el arquetipo de mujer construido por el patriarcado, da igual que sea contradictorio, se lo tragan.

Una vez asumido esto se hace sencillo asumir el resto de patrañas de la versión:

• En el momento de la celebración del 8 de marzo lo que se conocía de la forma de actuar del COVID-19 no llevaba a entender que se desaconsejara la celebración de manifestaciones. Así se lo planteaban los expertos sanitarios a los gobiernos. Alguien dirá que eso es lo que decían las sibilinas feministas para hacer sus manifestaciones, pero eso es lo que advertían todos los expertos a todas las administraciones. El 5 de marzo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, sacó una instrucción que recomendaba a toda la población llevar su vida normal y, tan solo a las personas que habían tenido contacto con infectados, no acudir a grandes aglomeraciones. ¿Por qué decía esto? Pues por la sencilla razón de que los expertos sanitarios en aquel momento entendían que no había evidencias de la transmisión del virus por parte de las personas asintomáticas. Y esto se lo decían al gobierno de las feministas del Estado y al gobierno de las no tan feministas de la Comunidad de Madrid, que era el que tenía competencias en salud pública.
El gobierno del Estado no pudo evitar prohibir las concentraciones del 8 de marzo porque no podía hacerlo. La LO del Derecho de Reunión no establece ningún mecanismo para que la autoridad competente en interior -normalmente el Estado- prohíba una concentración por motivo de salud pública. Sólo se habla (art. 5) de manifestaciones contrarias al código penal, con alteración del orden público, con uniformes paramilitares o fuera de las limitaciones que la ley impone a las Fuerzas Armadas. ¿Entonces no se podía intervenir por motivos de salud pública? Sí, claro; pero no el gobierno de España. La ley de Salud Pública atribuye a la Autoridad Sanitaria competente (vinculándolo a la ley 3/1986) la posibilidad de establecer restricciones a las actividades sociales. Y esa competencia es, desde 2003, de las Comunidades Autónomas. Efectivamente, quien podría haber actuado para que no se realizara la manifestación de Madrid del 8 de marzo era el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No lo hizo; no tenía elementos para hacerlo según los expertos, como ya hemos visto. No se le puede criticar por ello, pero desde luego no lo hizo por ningún motivo ideológico. El gobierno del Estado no pudo ocultar dato alguno sobre la propagación de la epidemia para garantizar la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo porque no tiene el control directo de las instituciones sanitarias, son las administraciones autonómicas las que lo tienen y transmiten sus datos al Estado. No tenían datos concluyentes porque no actuaron, de nuevo, por ninguna causa ideológica.

• En el momento de la celebración del 8 de marzo lo que se conocía de la forma de actuar del COVID-19 no llevaba a entender que se desaconsejara la celebración de manifestaciones. Así se lo planteaban los expertos sanitarios a los gobiernos. Alguien dirá que eso es lo que decían las sibilinas feministas para hacer sus manifestaciones, pero eso es lo que advertían todos los expertos a todas las administraciones. El 5 de marzo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, sacó una instrucción que recomendaba a toda la población llevar su vida normal y, tan solo a las personas que habían tenido contacto con infectados, no acudir a grandes aglomeraciones. ¿Por qué decía esto? Pues por la sencilla razón de que los expertos sanitarios en aquel momento entendían que no había evidencias de la transmisión del virus por parte de las personas asintomáticas. Y esto se lo decían al gobierno de las feministas del Estado y al gobierno de las no tan feministas de la Comunidad de Madrid, que era el que tenía competencias en salud pública.
El gobierno del Estado no pudo evitar prohibir las concentraciones del 8 de marzo porque no podía hacerlo. La LO del Derecho de Reunión no establece ningún mecanismo para que la autoridad competente en interior -normalmente el Estado- prohíba una concentración por motivo de salud pública. Sólo se habla (art. 5) de manifestaciones contrarias al código penal, con alteración del orden público, con uniformes paramilitares o fuera de las limitaciones que la ley impone a las Fuerzas Armadas. ¿Entonces no se podía intervenir por motivos de salud pública? Sí, claro; pero no el gobierno de España. La ley de Salud Pública atribuye a la Autoridad Sanitaria competente (vinculándolo a la ley 3/1986) la posibilidad de establecer restricciones a las actividades sociales. Y esa competencia es, desde 2003, de las Comunidades Autónomas. Efectivamente, quien podría haber actuado para que no se realizara la manifestación de Madrid del 8 de marzo era el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No lo hizo; no tenía elementos para hacerlo según los expertos, como ya hemos visto. No se le puede criticar por ello, pero desde luego no lo hizo por ningún motivo ideológico. El gobierno del Estado no pudo ocultar dato alguno sobre la propagación de la epidemia para garantizar la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo porque no tiene el control directo de las instituciones sanitarias, son las administraciones autonómicas las que lo tienen y transmiten sus datos al Estado. No tenían datos concluyentes porque no actuaron, de nuevo, por ninguna causa ideológica.

• En el momento de la celebración del 8 de marzo lo que se conocía de la forma de actuar del COVID-19 no llevaba a entender que se desaconsejara la celebración de manifestaciones. Así se lo planteaban los expertos sanitarios a los gobiernos. Alguien dirá que eso es lo que decían las sibilinas feministas para hacer sus manifestaciones, pero eso es lo que advertían todos los expertos a todas las administraciones. El 5 de marzo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, sacó una instrucción que recomendaba a toda la población llevar su vida normal y, tan solo a las personas que habían tenido contacto con infectados, no acudir a grandes aglomeraciones. ¿Por qué decía esto? Pues por la sencilla razón de que los expertos sanitarios en aquel momento entendían que no había evidencias de la transmisión del virus por parte de las personas asintomáticas. Y esto se lo decían al gobierno de las feministas del Estado y al gobierno de las no tan feministas de la Comunidad de Madrid, que era el que tenía competencias en salud pública.

• El gobierno del Estado no pudo evitar prohibir las concentraciones del 8 de marzo porque no podía hacerlo. La LO del Derecho de Reunión no establece ningún mecanismo para que la autoridad competente en interior -normalmente el Estado- prohíba una concentración por motivo de salud pública. Sólo se habla (art. 5) de manifestaciones contrarias al código penal, con alteración del orden público, con uniformes paramilitares o fuera de las limitaciones que la ley impone a las Fuerzas Armadas. ¿Entonces no se podía intervenir por motivos de salud pública? Sí, claro; pero no el gobierno de España. La ley de Salud Pública atribuye a la Autoridad Sanitaria competente (vinculándolo a la ley 3/1986) la posibilidad de establecer restricciones a las actividades sociales. Y esa competencia es, desde 2003, de las Comunidades Autónomas. Efectivamente, quien podría haber actuado para que no se realizara la manifestación de Madrid del 8 de marzo era el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No lo hizo; no tenía elementos para hacerlo según los expertos, como ya hemos visto. No se le puede criticar por ello, pero desde luego no lo hizo por ningún motivo ideológico.

• El gobierno del Estado no pudo ocultar dato alguno sobre la propagación de la epidemia para garantizar la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo porque no tiene el control directo de las instituciones sanitarias, son las administraciones autonómicas las que lo tienen y transmiten sus datos al Estado. No tenían datos concluyentes porque no actuaron, de nuevo, por ninguna causa ideológica.

Uno esperaría de la ultraderecha esta sucesión ventajista de patrañas para señalar al enemigo político; es una maquinaria de destrucción de la democracia. Sorprende -o quizás por desgracia no- que el Partido Popular y su líder Pablo Casado se sumen al coro, pues se les supone, quizás injustamente, una responsabilidad mayor. Más aún cuando el PP, por primera vez en la historia, llamó a participar en las manifestaciones. Ahora afirman que sabían lo que ocurría; mienten. Y este mienten, lejos de ser una acusación, es un descargo, porque si lo sabían no hicieron nada, esperando para luego atacar al gobierno progresista. Y esta opción es tan nauseabunda que ni la concibo.

Además de las manifestaciones del 8M, ese fin de semana se realizaron muchos actos multitudinarios; el congreso de Vox, sí, pero también decenas de partidos de fútbol y baloncesto. Los bares estuvieron llenos, los parques también. Ninguna administración, del signo que sea, encontró elementos para realizar ninguna restricción en ninguno de estos ámbitos; que se afirme que una restricción anterior hubiera tenido un buen efecto sobre la extensión de la epidemia es tan cierto como que ninguna administración encontró ningún motivo para hacerlo. Es curioso que las voces que alertaban sobre una posible infravaloración de la pandemia, que no eran ni unánimes ni mayoritarias en la comunidad científica, fueron interpretadas por la ultraderecha como una llamada al cierre de fronteras, no a ninguna restricción de la movilidad. Para reflexionar.

La indignidad de atribuir la crisis sanitaria al movimiento feminista suele estar en las mismas voces que, antes de que todo esto ocurriera, ya soltaban bestialidades infames contra el feminismo. Les viene muy bien para que nadie repare en la situación de las administraciones sanitarias que gestionan o han gestionado, como la Comunidad de Madrid, la que menos porcentaje de su PIB destina a sanidad.

Se puede decir que esta indignidad -utilizar cualquier desgracia para retornar al poder- es impropia de cualquier proyecto serio. Pero ya Machado nos alertaba: “En los trances duros los señoritos invocan a la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre”. Hay quien cree que España es suya y no le importa mentir, difamar o llamar a la constitución de gobiernos antidemocráticos para recuperarla. Pero ya no es suya; nunca más lo será.

Compañeras del movimiento feminista, gracias por enseñarnos un futuro mejor. Por mucho que intenten cortar todas las flores, nunca van a detener la primavera. A Goebbels ya le derrotamos una vez.