Jaime Pastor

Profesor de Ciencia Política de la UNED y autor de Cataluña quiere decidir, Icaria, 2014

El acontecimiento vivido en Catalunya este domingo ha sido un ejercicio de participación democrática y de desobediencia masiva, alegre y festiva, frente a un Estado y un gobierno que, como ha escrito Suso de Toro, han hecho el ridículo ante el mundo anunciando, primero, que la consulta no se iba a celebrar y, luego, ante el hecho consumado, que era “antidemocrática, inútil y estéril”. Un ridículo que puede ser mayor si, respondiendo a la presión electoralista de UPyD, se les ocurre recurrir al Código Penal para criminalizar a los promotores.

Es cierto que esta consulta “alternativa” no ha sido la que, por culpa del gobierno y del Tribunal Constitucional, estaba prevista inicialmente con todas las garantías democráticas y que ha contado con el boicot de fuerzas y sectores sociales catalanes partidarios del doble No. Pero también lo es que el grado de participación alcanzado (2.305.290 personas) y el eco mundial que ha obtenido este acto “ilegal” no tienen precedentes en Europa. Todo esto le da un valor simbólico enorme y obligará sin duda a que sea materia obligada dentro de la agenda de la Unión Europea, pese al autismo que sigue mostrando el gobierno de Rajoy, ya que se ha convertido en un factor añadido de inestabilidad política y de “prima de riesgo” en la eurozona.

Por eso viene a cuento el viejo poema de Joan Maragall de 1898 que empezaba así: “Escolta, Espanya –la veu d’un fill que et parla en llengua castellana”, y concluía con “Adèu, Espanya”. En aquel entonces, tras la caída del Imperio en Cuba, Filipinas y Puerto Rico, era un catalanismo emergente el que se ponía en marcha frente a un nacionalismo español mayoritario que se haría cada vez más conservador, reactivo y militarista hasta que llegó la Segunda República y entonces ya era la “cuestión catalana” la que hubo que encarar abiertamente, no sin tensiones. De ahí nació un recortado Estatut de autonomía que pronto se vería frustrado por la derecha católica y, luego, por el franquismo.

Más tarde, la “Transición” significó un nuevo punto de partida pero pronto, después del 23F de 1981, se vio que a los dos grandes partidos, como ha recordado Bartolomé Clavero, solo les interesaba reafirmar la primera parte del artículo 2 de la Constitución sobre la “indisolubilidad e indivisibilidad de la nación española”, dejando en el cajón el desarrollo del término “nacionalidades”. Ahora, una vez agotada la “tercera vía” que quiso ser el Nou Estatut, y ante el agravio comparativo que genera una crisis económica convertida en pretexto para la recentralización política por parte del PP, es ya un demos con vocación de sujeto soberano propio el que se afirma en Catalunya frente a un régimen decadente al que, incontestablemente, le ha ganado la partida en este “día histórico”, como han tenido que reconocer el líder de Ciutadans o Francesc de Carreras, entre otros. No cabe sorprenderse, por tanto, de que el independentismo encuentre cada vez más apoyos.

Ante ese panorama no es posible seguir ya con la política del avestruz desde el Estado y la sociedad española. De la respuesta que se dé al clamor mayoritario en Catalunya a favor de su derecho a decidir depende también el futuro de este Estado y de una idea de España que no trate a aquélla como “parte de su cuerpo” sino de igual a igual. Porque solo así se podrá llegar a establecer libremente una nueva relación de vecindad, ya sea federal, confederal u otra y evitar un, ya definitivo, “Adèu, Espanya”.

Afortunadamente, soplan vientos de cambio en la política española y el ciclo electoral de 2015 anuncia el comienzo del fin de este régimen corrupto cuyas elites, sin escrúpulo alguno para modificar la Constitución y “ceder” soberanía a los mercados financieros y la troika, continúan por el contrario aferrándose a la concepción esencialista de la nación española inscrita en ese texto “sagrado”.

Esperemos, pues, que las nuevas fuerzas ascendentes en el Estado español sepan escuchar esta vez el mensaje que llega desde Catalunya y se comprometan, ya desde ahora, a reconocer no solo la realidad plurinacional de este Estado sino también a apoyar lo que allí se decida. En todo caso, la historia también nos enseña que incluso esas promesas, como ocurrió con Azaña y los republicanos españoles en la II República, primero, y luego con el PSOE y el PCE en la “Transición”, pueden verse incumplidas en nombre del “sentido común” dominante (o sea, de lo que digan los “poderes fácticos” de ayer y de hoy). Por eso la única garantía de que el movimiento soberanista-independentista no se vea de nuevo defraudado es que siga adelante en su desafío democrático, desbordando cuando sea necesario el marco de la legalidad vigente y buscando la convergencia con los pueblos del Estado español que también están reclamando su derecho a decidir y su soberanía. En ese camino esperemos que también puedan librarse del control que sobre ese movimiento va a querer ejercer una CiU dispuesta a “refundarse”, queriendo así hacer olvidar que también sus dirigentes forman parte de “la casta” corrupta y han estado en la vanguardia de las política neoliberales.