Para las que hemos conocido un Partido Popular que sumaba en cuestiones tan relevantes como la lucha contra la violencia de género, tal es el caso de la aprobación del Pacto de Estado, es desolador asistir a la deriva en la que los populares se han sumido.

Esta semana el pleno del Congreso volvía a debatir la iniciativa legislativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista encaminada a modificar el Código Penal para tipificar de manera específica el acoso que sufren las mujeres al acudir a ejercer un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico español: el derecho a la interrupción voluntaria de su embarazo.

PP y VOX, de una manera armónica y sincronizada, presentaron enmiendas a la totalidad para que la iniciativa socialista no siguiese el trámite parlamentario. PP y VOX se han opuesto a proteger el ejercicio de un derecho de las mujeres en libertad. La posición de VOX era la esperada, y la del PP, tristemente, se convierte en una muestra más del secuestro político de sus decisiones desde que Pablo Casado lidera el partido y afianza alianzas con la ultraderecha.

Para justificar lo injustificable, el PP se escuda en que esta iniciativa coarta la libertad de expresión. Curioso interés repentino de la derecha por este derecho fundamental, sobre todo porque fueron ellos los creadores de la llamada Ley Mordaza. Sin embargo, es innegable que lo que ocurre en las puertas de las clínicas atenta contra los derechos de las mujeres. Los acosadores que se encuentran en las puertas de las clínicas tienen una sola intención: la de coaccionar la libertad de las mujeres para impedir que ejerzan su derecho a decidir sobre su maternidad. Las intentan engañar con información falsa, convierten las inmediaciones de las clínicas en comunidades de rezos para hacer sentir culpables a las mujeres, les obstaculizan el paso, incluso les enseñan fotos de fetos o las llaman asesinas. Todo ello, en un intento claro de coaccionar la libertad de las mujeres para que no accedan a un derecho que también es una prestación sanitaria.

Tipificar este delito de forma específica es relevante porque incluso estos intentos de coacciones atentan contra la salud. La salud sexual y reproductiva también es salud y muy especialmente afecta a las mujeres. La cuestión es de tal gravedad que lo que está ocurriendo es que a las mujeres se les está acosando cuando van al médico. Este hecho es impensable en el acceso a cualquier otra prestación sanitaria; lo que evidencia que esto ocurre porque el aborto es un derecho exclusivo de las mujeres y porque la intención de las derechas es boicotear el ejercicio del mismo e imponer a las mujeres su modelo de maternidad y familia.

Abortar o no hacerlo es una decisión compleja y personal de las mujeres. Solo de las mujeres. Por lo tanto, es la obligación de los poderes públicos garantizar que esta decisión se ejerza en libertad, sin acoso y sin intentos de coacción.

Que PP y VOX vayan de la mano en cuestiones que tienen que ver con la vulneración de derechos y libertades es preocupante porque retrata al PP como un partido antisistema. El aborto es un derecho reconocido en España. El sistema democrático, a través de la ley, deposita en las mujeres la libertad de decidir su maternidad. Por lo tanto, si el PP obstaculiza el ejercicio de un derecho reconocido, se están oponiendo ni más ni menos que al sistema, al sistema democrático. Los supuestos adalides de la libertad, los Populares, promocionando la coacción de la libertad de las mujeres. Y eso ni es liberal, ni es conservador. Eso es un dictado de la ultraderecha.