Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde)

Quedan apenas 1.000 días para que se cumpla el plazo establecido por Naciones Unidas para lograr los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 1.000 días para eliminar la extrema pobreza y el hambre en el mundo. 1.000 días para que niños y niñas ejerzan su derecho a la educación. 1.000 días para que la mitad de la población mundial deje de tener menos derechos por el simple hecho ser mujer. Y así hasta ocho objetivos a los que 189 Estados se comprometieron en el año 2000 para enfrentar los grandes desafíos del entonces recién estrenado milenio. A pesar de que fueron considerados poco ambiciosos por un sector amplio de la sociedad civil internacional, lo cierto es que sirvieron para afianzar un cierto compromiso de los gobiernos en forma de políticas y de medidas a implementar o de recursos a invertir para su logro.

A medida que se acerca la fecha límite para su cumplimiento se redoblan los análisis y valoraciones de lo logrado en esta carrera de fondo a cuya meta pareciera que los gobiernos llegasen sin resuello. Sin visos de alcanzarla, ya está en marcha la preparación del acuerdo mundial que tomará el relevo: el Debate Post-2015, se denomina. Una serie de discusiones internacionales que definirán los nuevos retos en la lucha contra la pobreza. La Reunión de Alto Nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición, que el pasado jueves acogió España, forma parte de ella.

Un sistema alimentario injusto

Producimos suficientes alimentos como para satisfacer las necesidades de toda la población mundial, pero 870 millones de personas (casi 20 veces la población de España) aún sufren hambre. El 70% de ellas, por cierto, viven en el medio rural, donde a priori el acceso a los recursos agrícolas o ganaderos pareciera, como mínimo, más factible por simple cercanía. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuáles son las claves que nos pueden ayudar a entender este sistema alimentario injusto?

El problema del hambre y la desnutrición es complejo y está vinculado a diversos factores: desde la especulación con los precios de alimentos en los mercados financieros internacionales, hasta el acceso desigual a los recursos -tierra, agua, semillas, tecnología, etc.- necesarios para producir alimentos dentro de los límites de sostenibilidad del planeta. El enorme impacto que tienen las actuales reglas de comercio injustas también ha de tenerse en cuenta, así como unas políticas energéticas -subsidios e incentivos a los agro combustibles- que no responden a los intereses de la mayoría de la población, ni siquiera de los países que habitualmente denominamos “desarrollados”.

Estamos,. por tanto, ante un problema político que afecta a la distribución y capacidad de acceso a los alimentos y que condena al hambre y a la desnutrición a casi 900 millones de personas. Analicemos con profundidad algunas de las cuestiones mencionadas.

Uno de los principales impedimentos en el acceso a los alimentos es su precio. A los efectos clásicos de la ley de la oferta y la demanda tenemos que sumarle un nuevo fenómeno que agrava la situación a partir del año 2008, cuando el precio de los alimentos se incrementa de manera desorbitada. Productos tan básicos en la dieta de muchos países como el arroz o el maíz costaban un 166% y un 85% más, respectivamente, en 2008 que en años anteriores. A partir de ahí, no sólo los precios se han mantenido elevados, sino que ha aumentado su volatilidad. Ello obliga a que una de cada tres personas en el mundo tenga que dedicar más de la mitad de sus ingresos a costear su alimentación; con las graves implicaciones que ello tiene a la hora de cubrir otras necesidades igualmente básicas como la educación o la salud.

El aumento de los precios se explica principalmente por dos motivos. Los especuladores financieros se interesan por los alimentos al ver en ellos una nueva vía de enriquecimiento. Los datos al respecto son bastante esclarecedores: hace 10 años se invertían 5.000 millones de dólares en mercados de derivados y futuros vinculados a materias primas agrícolas; hoy esa inversión asciende hasta la escandalosa cifra de 450.000 millones de dólares.

Por otra parte, la producción de biocombustibles, la industria o la urbanización están compitiendo con la producción de alimentos, y eso repercute directamente sobre un recurso como la tierra cada vez más escaso y agotado. Y ya sabemos que todo aquello que es escaso y preciado, el capitalismo desregulado lo convierte en una oportunidad de negocio. Surge así el acaparamiento de tierras, que en muchas regiones está cobrando dimensiones dramáticas. África por ejemplo vio cómo, sólo en el año 2009, las inversiones en tierra superaron todo lo invertido en los 22 años anteriores. Operaciones que en su mayor parte provienen de fondos de inversión y demás figuras del mercado financiero, a costa de dejar sin ese recurso a poblaciones que dependen de ello para subsistir.

Otra de las cuestiones que agravan este contexto son prácticas de producción intensiva de alimentos que tiene peligrosos efectos en el medio ambiente. Este tipo de cultivos agravan los efectos del cambio climático y contribuyen a la degradación de suelos y mares. Se calcula que aproximadamente el 30% de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático provienen de la agricultura y la ganadería intensivas.

¿Qué medidas podemos poner en marcha?

Una vez hecho el diagnóstico, existen propuestas que pueden llevarse a cabo para mejorar la situación. La primera es insistir en la alimentación como derecho humano básico. No es una cuestión menor porque ello obliga a los Estados, les hace responsables de poner en marcha las medidas necesarias para garantizarlo. Ello significa regular para evitar, entre otros, la especulación con los alimentos o el acaparamiento de tierras; significa invertir responsablemente en el sector agrícola o dar apoyo a los productores a pequeña escala, especialmente a las mujeres, que son las principales productoras, para garantizarles el acceso a los recursos y los mercados.

Es absolutamente urgente apostar por un acuerdo internacional en el que la erradicación de la pobreza y el hambre sea una prioridad y que todos los esfuerzos se orienten a ello. Las medidas a adoptar están claras; han sido debatidas y consensuadas en numerosos foros y espacios locales, nacionales e internacionales. Lo que falta es pasar a la acción y, para ello, el compromiso político es fundamental. Invertir en Ayuda Oficial al Desarrollo e impulsar una verdadera coherencia de políticas son dos elementos clave, de manera que las políticas agrícolas, energéticas, económicas y ambientales contribuyan a un mismo fin.

No basta con adoptar medidas tímidas. Se trata de crear condiciones estructurales que permitan a las personas más vulnerables acceder de manera estable a los alimentos. Y para ello se requiere valentía para un abordaje que sea global, sistémico y multi-causal. En definitiva, dar un golpe encima de la mesa y oponerse a que los intereses de unos pocos prevalezcan sobre el verdadero interés general; para garantizar, por fin, el derecho universal a una alimentación adecuada y nutritiva para todas las personas.

La reunión de Alto Nivel sobre el Hambre declaró que acabar con la lacra del hambre es un deber ético y político ineludible, y afirmó que es posible hacerlo en el intervalo de una generación. ¿Estarán nuestros gobiernos el 1 de enero de 2016 a la altura?