El pasado fin de semana decenas de ciudades de nuestro país se levantaron para movilizarse a favor del derecho a la vivienda y en contra del rentismo y la especulación.

Fueron 41 ciudades las que, a través, de los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, Sindicatos de Barrio, asociaciones vecinales y organizaciones populares, consiguieron una nueva movilización histórica en torno a la imperiosa necesidad de acabar con el negocio de la vivienda.

La movilización sirvió también para recordar cómo funciona el rentismo y explicitar que, si los inquilinos e inquilinas no pagan, el rentismo se acaba. Porque, aunque parezca obvio, conviene recordar que la rentabilidad que obtiene un casero al arrendar una vivienda no procede de otra cosa más que de extraer las rentas, el salario, del inquilino que alquila la vivienda.

Estos días hemos podido observar cómo en programas y tertulias de televisión se agitaba el miedo a que este tipo de mensaje cale y entonces se ponga en peligro la consagrada propiedad privada. Ayer mismo, sin ir más lejos, un conocido tertuliano me preguntaba: "Si se interviene el mercado, ¿qué incentivo tendrá el casero para seguir poniendo su vivienda en alquiler?" La respuesta es fácil, el rentismo ontológicamente necesita la obtención de rentabilidad. Ese casero, probablemente necesite obtener rentas para a su vez pagar la hipoteca y alimentar la rueda del capital. Ahora bien, una cosa es alquilar una vivienda a un precio razonable y otra obtener una plusvalía sangrante a costa de confiscar el salario de una persona que necesita esa vivienda como bien de primera necesidad.

De ahí que la iniciativa política que están poniendo en marcha organizaciones como los Sindicatos de Inquilinas, dibujando un horizonte de huelga de alquileres y organizando piquetes en los barrios, sea tan interesante como temida.

Por analogía, si la vivienda es un negocio, entonces habrá que actuar como se hace en el mercado de trabajo: desarrollando una legislación que impida el abuso patronal (en este caso de la patronal inmobiliaria); estableciendo precios máximos igual que se fija la jornada laboral o los convenios colectivos que indican qué salario mínimo ha de pagarse; otorgando legitimidad a los sindicatos (en este caso de inquilinos e inquilinas) y apostando por modificar la legislación para que, por poner sólo un ejemplo, se establezcan contratos indefinidos, que salvo causa justificada, no puedan realizarse de forma temporal. Exactamente igual que en derecho laboral.

Y por supuesto, utilizando los mismos mecanismos que le permitió al movimiento obrero el avance, las transformaciones y la conquista de mejoras y derechos laborales, como es la huelga.

La relación entre el sindicalismo laboral y del derecho del trabajo y el sindicalismo social y el derecho a la vivienda es la misma. Parte de un conflicto, de clase, entre los que tienen los medios de producción, en este caso las viviendas, y los que son fuerza de trabajo, en este caso los inquilinos que se ven desposeídos de sus salarios. Una parte fuerte y una parte débil, con intereses contrapuestos pero que necesariamente interactúan y se relacionan. Ahora bien, esa relación debe estar regulada e intervenida para evitar abusos de poder. Hoy en día, cualquiera entiende que una persona no puede trabajar 60 horas a la semana, o que no puede trabajar sin contrato, o hacerlo por un salario miserable. De hecho, hacerlo conlleva un reproche penal y social. Pues ahora hemos de hacer entender que un inquilino no puede destinar el 90% de su salario al pago de una vivienda, arrendarla sin contrato o verse obligado a alquilar un cuchitril. De hecho, hacerlo debería conllevar un reproche penal y un reproche social que, afortunadamente, empieza a vislumbrarse.

Y como en el mercado laboral, hay que erradicar la piratería de aquellos que, aprovechando la situación, se saltan la ley para cometer abusos. En el mercado de la vivienda cada vez son más los que, cometiendo fraude de ley, se aprovechan de la situación, desde inmobiliarias como Alquiler Seguro, a la que se acaba de abrir expediente sancionador por cobrar comisiones ilegales, a rentistas que trocean viviendas para obtener mayor rentabilidad contribuyendo al “chabolismo vertical”, pasando por fondos de inversión o multipropietarios que cometen, directamente acoso inmobiliario. Por no hablar de todo el retortero del negocio de miedo, del que extraen pingues beneficios aseguradoras, empresas de alarmas de seguridad y organizaciones parapoliciales cuyo negocio radica en alimentar el temor de que se acabe el negocio de la vivienda.

Por eso, llegados a este punto, parece claro lo que tenemos que hacer ¿no?