La primera definición de ‘rogar’ en la RAE es “pedir algo a alguien como gracia o favor”. Eso es lo que se han visto obligados a hacer los dos millones de españoles que viven en el extranjero para poder votar. Pero ejercer un derecho no es ninguna gracia o favor y, por fin, una década después, hemos conseguido devolverles todos sus derechos: se acabó tener que rogar para participar en las elecciones y elegir a tus representantes políticos.

Esta semana, el Congreso ha aprobado la derogación del voto rogado. Para entender la magnitud de esta aberración antidemocrática, conviene hacer memoria y recordar el contexto en el que PSOE y PP la impusieron. Recordemos que en la década pasada tuvimos que sufrir las graves consecuencias de una gran operación especulativa de la que unos pocos salieron con los bolsillos llenos mientras la gran mayoría de nuestro país veía cómo se desvanecían sus oportunidades de futuro.

Entre 2009 y 2013 pasamos de un 8% de paro a un 27%, llegando al vergonzoso récord de paro juvenil del 57,2%. El ingreso medio por hogar en España disminuyó desde 29.634 euros anuales en el año 2009, a 26.174 en el 2013 según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Mientras bajaba la riqueza por habitante, aumentaban sin parar la desigualdad, los desahucios y la deuda pública.

Todo eso hizo que, en los peores momentos de la crisis financiera, lo mejor de nuestra juventud se viera forzada a emigrar para buscar oportunidades de vida dignas. Pero no solo pasó eso.

El bipartidismo no tuvo reparos, en 2011, en pactar para dejar a la gente atrás y reformar con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución, para que pagar la deuda a Europa tuviera prioridad frente a cuestiones de interés general como la financiación de los servicios públicos y la protección del Estado del Bienestar.

Y también en 2011, PSOE y PP, junto a la derecha catalana y vasca, cerraron un acuerdo tramitado de urgencia para cercenar uno de los derechos más importantes: la participación política. Reformaron la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, por primera vez, obligaron a los españoles residentes en el extranjero –que tenían derecho a voto desde 1985– a rogar previamente el voto, imponiéndoles unos plazos muy breves y una gincana administrativa difícilmente superable que complicaba enormemente el ejercicio de sus derechos.

Con la excusa de evitar el fraude electoral, pareciera que quienes nos obligaban a marcharnos de España por sus recortes y sus políticas austericidas pretendían evitar que nos pronunciáramos sobre su gestión con nuestro el voto. Tan dramáticos fueron los efectos de esa reforma que hoy, 11 años después, todos los promotores de aquella medida antidemocrática han reculado.

El voto rogado provocó que el 95% de los españoles que viven fuera de nuestro país se quedaran sin votar. El desplome de la participación fue tan brutal que solo una media de un 5% de españoles residentes en el extranjero pudo votar entre 2011 y 2019. Aquel sistema que obligaba a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a pedir el voto con antelación para poder ejercer el sufragio supuso una auténtica odisea que desincentivaba la participación. Incluso muchos de quienes hicieron colas interminables para reclamar sus derechos se quedaron finalmente sin votar porque las papeletas no llegaban a tiempo o por incidentes en el envío del voto.

Podemos llevaba en el programa electoral acabar con el voto rogado desde la primera vez que se presentó a unas elecciones. Y el trabajo incansable durante más de una década de la sociedad civil organizada en colectivos como Marea Granate ha sido imprescindible para que, finalmente, se haya presentado una Proposición de Ley de los grupos de Gobierno, Unidas Podemos y PSOE, se hayan recabado los apoyos suficientes y se hayan sorteado todos los obstáculos para eliminar de una vez por todas esa injusticia.

A partir de ahora, en las elecciones generales, autonómicas y europeas las delegaciones de la Oficina del Censo Electoral remitirán de oficio al domicilio de cada español inscrito en el censo de residentes ausentes el sobre de votación y las papeletas, que también podrán descargarse telemáticamente.

Se podrá votar en urna entre ocho y tres días antes de las elecciones en lugares como embajadas, oficinas consulares u otros lugares que se habiliten. Si se prefiere votar por correo postal, el procedimiento será gratuito habilitando apartados de Correos que permitan enviar sin coste el voto. En los casos que no sea posible, el importe del envío se reembolsará posteriormente.

Recuperamos así el derecho al sufragio para más de dos millones de españoles y saldamos una deuda con tantos compatriotas emigrados para que no tengan que rogar por su voto y puedan, sencillamente, ejercerlo.

Este es el primero de muchos pasos que quedan para contar con una Ley electoral más justa. Seguiremos trabajando para tener un sistema electoral realmente proporcional, con la paridad de género blindada e integrando en el derecho al voto a los jóvenes de 16 y 17 años.