MIREN ETXEZARRETA

Las autoridades españolas y las de la Unión Europea llevan un periodo de intenso activismo normativo. La crisis sigue rampante en el Estado español pero tampoco está dominada en la eurozona, y ante los problemas del euro, se diría que los dirigentes de la UE se han convencido de que tienen que enfrentarlos, mientras avanzan en lo que denominan la gobernanza de la Unión. Los países más importantes de la eurozona parecen aceptar ambos aspectos pero quieren asegurarse de su orientación, para lo que impulsan múltiples normas. Entre ellas destaca el Pacto de Competitividad de la mano de Merkel y Sarkozy, que intentan guiar la zona en la dirección que les interesa. Esta normativa, matizada y dicen que suavizada por las autoridades comunitarias, se plasma rebautizada como el Pacto por el Euro. Simultáneamente, en el Estado español asistimos a la firma del Acuerdo Económico y Social, que en unos aspectos se anticipa a las medidas del Pacto por el Euro y en otros prepara el territorio para implantarlas. No es este lugar para una descripción de las medidas, ya recogidas en otros ámbitos, pero digamos que en conjunto constituyen una proliferación de normas de complicado seguimiento que dificulta la evaluación de su impacto.

Del Acuerdo puede señalarse que, excepto para el apartado de las pensiones y la concesión de la muy condicionada ayuda de 400 euros a los parados sin subsidio, lo firmado tiene muy poco contenido concreto. En su mayoría el resto consiste en emplazar a los firmantes para acuerdos subsiguientes que serán materia de otros debates y de nuevos acuerdos. Podría decirse que el aspecto principal de este Acuerdo reside en avanzar las orientaciones principales por donde habrán de transcurrir los acuerdos concretos y hacerlos posibles con mayor facilidad, dejando claro el acentuado carácter conservador que han de tomar los mismos. Pero poco más. Dado que la normativa acerca de las pensiones estaba ya planteada desde el Gobierno como inamovible en sus elementos centrales, ¿era necesaria tanta parafernalia y fotografías para añadir modificaciones marginales? ¿Qué ha supuesto la intervención de los agentes sociales en este Acuerdo que no sea la imagen de una aceptación social para el mismo que, sin embargo, parece muy alejada de la que expresa mayoritariamente la opinión pública? Un gran esfuerzo por aderezar el escaparate con muy escasa preocupación por el contenido, eficacia y calidad de la mercancía real.

Más contenido tienen el Pacto por el Euro y otras medidas comunitarias. A pesar de estar también aderezadas por la retórica comunitaria y pretendiendo hacer ver que se respeta la soberanía de cada Estado, las normas comunitarias marcan una dura política económica para el inmediato futuro. Por un lado, hace permanente la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) –que se convertirá en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)–, que es de esperar suavice los ataques de los mercados sobre el euro y en particular para España, lo que es positivo para el país. Pero, por el otro, en contrapartida por esta ayuda potencial, impone duras medidas totalmente contradictorias con las posibilidades de relanzamiento de la economía, que van a dificultar mucho la recuperación de economías como la española y que reducen enormemente la capacidad de los estados para realizar una política económica compensatoria en el ámbito de lo social. La exigencia de un sistema de fijación salarial ligado a la productividad en detrimento de la compensación por el IPC; el control previo de los presupuestos estatales por la Comisión; el endurecimiento de la normativa presupuestaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con multas automáticas a los estados que no cumplan; los intentos (todavía no aprobados) de introducir para la deuda un criterio limitativo, igual que ya existe para el déficit, con la reducción anual en un 1/20 del excedente de deuda que supere el 60% del PIB; la muy peculiar manera de armonizar el impuesto de sociedades que conduce a favorecer a las empresas transnacionales y supondrá disminuciones en la recaudación del mismo para las arcas publicas, y otras muchas normas de orientación similar, no hacen más que limitar los márgenes de maniobra de las políticas públicas estatales, dejando en un segundo plano la cuestión del paro. Estas medidas suponen, desde luego, una mayor integración de la política europea, pero de un carácter que refuerza una Europa a varias velocidades y conduce a nuevas regresiones sociales en los países europeos en dificultades.

Todas estas medidas tendrán un gran impacto negativo en la política económica, ya que no son sustituidas por una política económica europea compensatoria de apoyo a las necesidades de los países. No sólo esto, sino que no existe ni la más mínima voluntad de avanzar en tal dirección, con lo que la política económica de la UE respecto a los países miembros se convierte únicamente en una política de estrecho control con el fin de que los países ejerzan sólo una acentuada política de ajuste que debilita o elimina toda acción pública conducente a mantener los derechos sociales y laborales.

Rodríguez Zapatero ha manifestado no sólo que acepta, sino que está a favor de estas medidas, que ve favorable que haya una exigencia mayor que será compartida porque “nos examinaremos unos a otros y rendiremos cuentas colectivamente”. Y, además, ha declarado también que se tomarán todas las medidas que sean necesarias en esta dirección. Así que todo lo que viene detrás se presenta muy duro.

Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Ilustración de Jordi Duró