JORDI CALVO RUFANGES

Más de cien países firmaron ayer en Oslo el Tratado contra las bombas de racimo, un tipo de munición que se ha cobrado más de 100.000 vidas en todo el mundo. La firma de este acuerdo puede ser considerado un acontecimiento histórico, ya que supone uno de los pasos más importantes que ha dado la comunidad internacional en materia humanitaria y de desarme a lo largo de la última década.

España, por su parte, ha hecho sus deberes, a pesar de que al Gobierno, inicialmente, le costó decidir si era conveniente para los intereses españoles prohibir todas las variantes de estas bombas. Cabe decir que sus representantes diplomáticos defendieron con uñas y dientes la exclusión del Tratado de un tipo de bomba de racimo cuyas características técnicas y virtudes tecnológicas coinciden con la MAT-120, fabricada por una empresa de Zaragoza.

Afortunadamente, distintos factores dieron el impulso definitivo para que el Gobierno decidiera sumarse a la pohibición de esta munición. La presión de la sociedad civil y el apoyo que, a última hora, dio Gordon Brown durante la Conferencia de Dublín –en la que se aprobó el texto que se firmará hoy en la capital noruega–, hicieron que el Gobierno español abandonara sus patrióticas pretensiones de salvar alguna de las bombas de racimo nacionales y se decidiera a apoyar el tratado en su totalidad.

También hay que felicitar, sin que sirva de precedente, a la ministra de Defensa. Carme Chacón ha sabido aprovechar la oportunidad que este tratado le brindaba para asumir con valentía y decisión su aplicación, incluso antes de su entrada en vigor. Fue realmente positivo que el 11 de julio se aprobara en el Consejo de Ministros una moratoria unilateral para prohibir las bombas de racimo en España. Además, parece que esta disposición no cayó en saco roto, sino que ha seguido su curso. De hecho, con motivo de la firma del Tratado de Oslo, Chacón ha declarado que a mediados de 2009 habremos destruido las más de 5.000 bombas de racimo que hay en los arsenales militares españoles.

No obstante, es necesario estar vigilantes con el uso de estos explosivos en operaciones militares conjuntas con otras fuerzas armadas de Estados que no hayan ratificado el tratado. Este es el caso de Estados Unidos. De hecho, es muy probable que militares españoles realicen maniobras conjuntas con tropas norteamericanas en alguno de los conflictos en los que actúan los miembros de la OTAN. Permitir el uso de este tipo de munición que –está comprobado– produce daños inaceptables sobre la población civil es inconcebible.

Respecto a la producción de estas bombas, he de mencionar que, en España, las dos empresas que las fabricaban han afrontado de manera muy distinta su prohibición. Expal, que producía la Antipista BME-330, se encargará de aprovechar los 4 millones de euros que el ministerio destinará a su destrucción. Por tanto, Expal ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, tal y como hizo con las minas antipersona, que primero fabricaba y después desactivaba, aprovechándose del negocio de la guerra hasta el límite.

Por su parte, Instalaza, que no puede participar del negocio de la destrucción de las bombas de racimo por no poder hacer frente a la inversión que supondría disponer de la tecnología necesaria para ello, podría enfrentarse a un reto mucho más interesante y humanitario: el de su reconversión en una empresa civil y, por tanto, útil para la sociedad y para la construcción de un mundo en paz. Sin lugar a dudas, toda la experiencia y tecnología desarrollada en la fabricación de bombas de racimo y granadas de mano podría aplicarse a la fabricación de productos que no sirvan para hacer la guerra. Todo es cuestión de imaginación, o de I+D+I, si hablamos en términos empresariales.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y menos cuando hablamos del gasto militar y del comercio de armas. Aun cuando este año se verá reducida la partida presupuestaria referida a fines militares, observamos que tal reducción, no es de un 3%, como afirma el ministerio de Economía, sino de un 1,61%. Todavía el 5,11% de los Presupuestos Generales del Estado, el 1,64% del PIB español, se destina a estos supuestos. Estos datos son todavía más relevantes cuando somos conscientes de que el gasto militar es cada día superior a 50 millones de euros. E incluso es más preocupante cuando somos conscientes de que, anualmente, cada español está pagando 408 euros para estos menesteres mientras que hay pensiones –con las que malviven demasiadas personas en este país– de poco más de 400 euros mensuales.

En definitiva, felicitamos al Gobierno español por la eliminación de una de las bombas que mayor impacto tiene en la población civil, pero no olvidemos que España ha de continuar aunando esfuerzos por la promoción de la paz. Tengamos simplemente en cuenta que España participa en la guerra de Afganistán, una guerra que no está en el marco de actuación de Naciones Unidas, sino de la OTAN y de Estados Unidos. Además, en lo que se refiere al comercio de armas, nuestro país ocupa este año el octavo puesto en el ranking de exportadores de armas.

Con o sin bombas de racimo, el gasto militar en el mundo es desmesurado (más de un billón de euros anuales), y también lo es en España (cerca de 19.000 millones de euros planificados para 2009). Las necesidades de las personas son otras, y más en tiempos de crisis.

Jordi Calvo Rufanges es Responsable de campañas del Centre d’Estudis per a la Pau JM Delas (Justícia i Pau)

Ilustración de Jordi Duró