Desde que empezase la segunda legislatura de Zapatero como presidente del Gobierno allá por 2008, los recortes del gasto público se tradujeron en una drástica reducción del gasto en el personal público, primero con los recortes salariales y después con la disminución del número de empleados públicos. Lejos de ser una medida provisional consecuencia de la crisis económica que había comenzado ese año, la tendencia a eliminar puestos de trabajo de funcionarios ha seguido incrementándose.

Entre enero de 2011 y enero de 2015 se perdieron 23.000 puestos de trabajo del personal de la Administración General del Estado. En aquel momento se vendió a la ciudadanía este recorte como una manera de ahorrar dinero de los contribuyentes eliminando duplicidades en la Administración. Muy lejos de ese objetivo, lo que ha provocado ese vaciamiento de personal de las oficinas del Servicio Público de Empleo, del INSS o de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) es la desatención de las necesidades de los ciudadanos. Paradójicamente, mientras se incrementaban los recortes en gasto público se reducían notablemente los impuestos a las familias más ricas, con recortes o, en algunos casos, la eliminación de los impuestos sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

Junto a las medidas de austeridad de recorte de personal público y empeoramiento de sus condiciones de trabajo, la Administración también ha trabajado estos últimos años en la digitalización de los trámites administrativos. Así, desde octubre de 2016, las empresas están obligadas a relacionarse con la administración electrónicamente. En 2018 la obligación se extendía a los autónomos para sus relaciones con la TGSS.

Esta nueva situación se traduce en que las oficinas de la Administración ya no son accesibles al ciudadano al que pretenden servir. La necesidad de solicitar cita previa a través de internet, obligación de trasladar las solicitudes por sede electrónica, personal público cada vez menos formado y más desmotivado, teléfonos que suenan sin parar sin que nadie los atienda, provocan la indefensión de los ciudadanos que tienen que acudir a asesorías privadas y pagar para que les resuelvan sus gestiones con una administración supuestamente pública y supuestamente al servicio de los ciudadanos.

Por otra parte, la digitalización de los trámites ha traído consigo que sea el propio ciudadano, o el gestor que actúa en su nombre, quien mecanice esos procedimientos en el sistema. Es decir, que cada vez en mayor número de gestiones somos los propios usuarios los que estamos haciendo el trabajo que antes realizaba una funcionaria. Por poner un ejemplo: antes de abril de 2018, cuando una trabajadora se acogía a la suspensión por maternidad y acudía al INSS para solicitarla, debía llevar el certificado de maternidad expedido por la empresa empleadora y era el personal del INSS quien mecanizaba ese certificado en el sistema. Ahora es la empresa la que está obligada a mecanizar el certificado a través del Sistema Red.

Es evidente que muy pocos autónomos y pymes están suficientemente formados para realizar esa tarea, además de presentar online sus impuestos en tiempo y forma, contestar requerimientos, mecanizar altas y bajas de sus trabajadores, registrar contratos y un sinfín de trámites más que son imprescindibles para que una actividad económica se gestione correctamente. Si tenemos en cuenta que el tejido empresarial en este país está compuesto en su mayoría por pequeñas empresas y autónomos, que son muy pocas las grandes empresas que pueden permitirse contratar personal de administración que se dedique en exclusiva a realizar las gestiones laborales y tributarias, el resultado es que esas tareas acaban siendo responsabilidad de las asesorías y gestorías.

A autónomos y pymes les falta tiempo y formación para gestionar sus trámites con la administración, por no decir que la normativa cambia continuamente y los procedimientos a seguir en las sedes electrónicas se modifican a menudo. Cada vez son más las gestiones obligatorias para las empresas y menos la atención prestada por funcionarios para la resolución de dudas por lo que todos los emprendedores empiezan su actividad económica contratando los servicios de una gestoría y descargando sobre ella todas las responsabilidades que conlleva su actividad. Es decir, la falta de personal de las administraciones públicas repercute en los ciudadanos y empresas con un incremento de responsabilidades administrativas y/o la contratación de una empresa privada con el consiguiente coste económico.

A su vez, las asesorías están notando como los últimos años el número de trámites a realizar se incrementa de día en día, sin que los precios por sus gestiones sufran modificaciones apenas. Cada vez hay que realizar más procedimientos por el mismo precio, realizando un trabajo que exige estar en formación continua, atentas a legislación cambiante, plazos y procedimientos nuevos.

Estando así las cosas, llegamos a 2020 y nos encontramos, de la noche a la mañana, con que a partir del 15 de marzo nadie puede salir a la calle sin un motivo justificado, muchas empresas y autónomos se ven obligados a cerrar sus negocios y las administraciones cierran sus puertas y confinan a todo su personal a teletrabajar desde sus casas y con sus propios medios. Empieza así un verdadero via crucis para todos los trabajadores de asesorías, gestorías y despachos profesionales dedicados a los servicios laborales.

Clientes desesperados y desorientados pidiendo consejo sobre qué hacer con sus trabajadores no paran de llamar. Las solicitudes para que se inicien procedimientos de regulación de empleo se van acumulando sobre la mesa. La autoridad laboral deja de atender el teléfono el segundo día de tramitaciones y empiezan a publicarse Reales Decretos, uno detrás de otro, intentando regular las solicitudes pero sin especificar los trámites a seguir.

Poco a poco se suceden los comunicados indicando procedimientos, que van variando cada semana, y surgen nuevas ayudas que también se tienen que gestionar desde los despachos: para trabajadoras autónomas, para empleadas del hogar, prestaciones extraordinarias para finalizaciones de contratos temporales, ayudas al alquiler, para pagar hipotecas, moratorias para el pago de seguros sociales e impuestos, préstamos avalados a empresas y, por supuesto, los partes de baja por incapacidad temporal.

Mientras la mayor parte de la población se queda en casa desempleados o teletrabajando en los despachos de servicios laborales se trabaja más que nunca, pero en unas condiciones nunca vistas hasta ahora: la administración está saturada y no responden al teléfono ni los correos electrónicos. Cientos de miles de trabajadores están en un ERTE, el sistema está saturado y el SEPE no tiene capacidad de tramitar todos esos expedientes. Las prestaciones no llegan y las trabajadoras no tiene a quien dirigirse para tener noticias.

Mientras tanto el gobierno proclama en sus ruedas de prensa diarias que las prestaciones se están abonando correctamente y el SEPE publica una guía de errores para que quienes no hayan percibido su prestación pueda saber por qué. La respuesta a todos los errores es básicamente la misma: la empresa no ha comunicado los datos correctamente o no ha presentado toda la documentación.

Como consecuencia de las declaraciones del Gobierno y de las respuestas del SEPE culpando a las empresas de los problemas en la gestión en las asesorías se han encontrado que, además de tener que tratar con una administración ausente, procedimientos cambiantes e interpretaciones confusas de la normativa se añade la carga emocional de recibir las llamadas de los clientes y sus trabajadores culpándoles de los retrasos en los pagos.

La carga de trabajo que la administración obliga a asumir a los asesores laborales, la responsabilidad de interpretar correctamente la legislación, la tensión de los procedimientos cambiantes, la montaña de normativa que hay que leer a diario, la sobrecarga emocional y las muchas horas de trabajo, sin descanso semanal en muchos casos, ha hecho insostenible una situación laboral que ya empezaba a ser difícil antes incluso de la crisis sanitaria.

Las trabajadoras de despachos de servicios laborales están acusando la sobrecarga y empiezan a organizarse. La plataforma #SOS Laboral #bastaYA está activa en Facebook desde hace unas semanas y empieza a recoger las reivindicaciones del sector a través de videos y comunicados. Sus peticiones son la simplificación y unificación de procedimientos, instrucciones precisas y sin modificaciones, ayuda de las administraciones y que se respete su derecho al descanso.

Y es que resulta paradójico que, quienes mejor conocen los derechos de los trabajadores estén trabajando en las peores condiciones de estrés, sin descanso y sin capacidad de conciliación empujados, precisamente, por las administraciones que se supone están para velar por los derechos de las trabajadoras. Los rebrotes se suceden por toda la geografía y el peor temor del sector está en que la situación del confinamiento se vuelva a repetir y, en consecuencia, los ERTEs vuelvan a los despachos.

Solo hay una manera de estar preparados si se da esa situación: ampliar la dotación del personal público. El sanitario, por supuesto, pero también es necesario reforzar las plantillas del SEPE, Tesorería, INSS y de la dirección general de trabajo. Que la administración asuma sus funciones y coordine los distintos departamentos para no obligar a repetir el mismo trabajo una y otra vez con distintos formularios que tienen el mismo contenido. Que las administraciones vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Y que todo ello se financie con una tasa covid a cargo de las grandes fortunas.