África ante los golpes de Estado del siglo XXI

Alassane Ouattara ha sido proclamado por tercera vez consecutiva ganador de las elecciones en Costa de Marfil. En el poder desde 2011, el presidente se amparó en la falta de retroactividad para poder saltarse la limitación de dos mandatos presidenciales introducida en la constitución de 2016.

Tras conocerse su decisión, la oposición boicoteó la celebración de unos comicios que consideraron ilegales y alentaron las protestas. Al menos 30 personas han muerto en una campaña tensa y violenta que recuerda a un tiempo no tan pasado, cuando Costa de Marfil entró en guerra civil en 2010. Diez años después, la situación está lejos de solventarse. La oposición no reconoce la victoria de Ouattara y ha declarado un gobierno de transición. El fiscal general ha denunciado esa declaración como un acto de terrorismo y solicita prisión de por vida para los dos principales líderes de la oposición.

El caso de Ouattara en Costa de Marfil es solo el último ejemplo de los golpes de Estado del siglo XXI en África. Amparados en el filibusterismo legislativo, desde 2015 hasta trece líderes africanos han modificado la constitución de sus países para poder continuar en el poder más allá del límite de dos mandatos.

Sin militares armados ni el eco internacional que ello supone, los cambios constitucionales erosionan la democracia desde Costa de Marfil y Guinea en el oeste hasta Burundi y Uganda en el este del continente.

Líderes ancianos

Introducidos inicialmente en la década de los 90 tras la caída de la Unión Soviética y la presión de donantes y organismos internacionales, la limitación de mandatos busca acabar con presidentes ancianos. La media de edad de los líderes en África Subsahariana es de 62 años, mientras que la de la población es de 20. Una brecha generacional que genera un distanciamiento entre el pueblo y sus gobernantes y que ha provocado un récord histórico de protestas en 2019.

Los líderes hacen todo lo posible por permanecer en el poder a pesar de su longeva edad debido a la incertidumbre más allá del sillón presidencial. Al contrario que en las democracias occidentales, la mayoría de países africanos no cuentan con pensiones de jubilación para expresidentes. En muchos casos son cercados por la justicia por sus actos ilícitos mientras gobernaban y deciden exiliarse para no ser arrestados.

De los diez líderes que más años llevan en el poder en el mundo, seis son africanos. Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, lidera la lista con sus 41 años al frente del país.

La alternancia mejora la paz y gobernanza

Los límites en los mandatos presidenciales se introdujeron con la intención de evitar que los dictadores se perpetuaran en el poder. En los comicios celebrados entre 1992 y 2006 en África Subsahariana, cuando un líder se enfrentó a la reelección ganó en un 93% de los casos, mientras que su sucesor solo en un 60%.

La oposición tiene más posibilidades al enfrentarse a un contrincante más débil, con falta de legitimidad para usar la fuerza institucional a su favor y con la necesidad de marcar distancia con su predecesor. El cambio de poder es importante porque mejora la gobernanza, reduce la corrupción y trae estabilidad. Nueve de los diez países en conflicto civil en África no tienen límites de mandato presidencial, así como 8 de los 10 países con más desplazados internos.

Si un presidente lleva mucho tiempo se borra la línea entre Estado y su patrimonio personal. Así, acaba manejando el país como su empresa y favoreciendo a su núcleo duro.

Aquellos países que no respetan las restricciones están entre los países con más incidencia de corrupción del mundo, situándose en promedio en la posición 145 de los 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción. En cambio, cuando hay una transición en el partido en el poder la gobernanza mejora en 1,3 puntos, según Freedom House.

Límites de la duración de los mandatos de los dirigentes africanos

Los límites no son siempre eficaces

Sin embargo, el respeto por los límites presidenciales no garantiza la alternancia en el poder. Son pocos los países donde ha habido una transición pacífica entre partidos, con Ghana, Kenia, Senegal y más recientemente Malawi como los casos más relevantes. Sin embargo, en otros países como Tanzania, a pesar de cambiar al presidente cada dos mandatos, el mismo partido lleva en el poder desde la independencia del país.

En cualquier caso, no es necesario haber experimentado un cambio de partido en el poder para ser una democracia. Sudáfrica, Botsuana y Namibia son tres de los países considerados como democracias y respetan la limitación de mandatos, pero en todos ellos los movimientos de liberación que llegaron al poder en la independencia siguen gobernando décadas después.

A la imperfección se le suma una corriente contraria a la implementación de los límites presidenciales. En su argumentación la restricción de dos mandatos fomenta políticas a corto plazo ya que los dirigentes buscan el mayor impacto en el espacio de tiempo que estén presentes para obtener rédito de sus acciones.

Además, en naciones poco democráticas, la celebración periódica de comicios con candidatos nuevos incrementa la tensión en campaña y las probabilidades de inestabilidad poselectoral.

La limitación a los mandatos presidenciales es una medida con buenas intenciones, pero sin eficacia por sí sola. Los casos recientes de Ouattara en Costa de Marfíl o Alpha Condé en Guinea Conakry muestran que los líderes autócratas pueden llegar a amasar suficiente poder para cambiar la constitución a su antojo.

Para asegurar que cedan el poder tras dos mandatos, la restricción legal debe venir acompañada de una sociedad civil fuerte que presione para su cumplimiento. Además, el país debe tener unas instituciones independientes que garanticen la salida del gobernante.

Por último, el propio líder debe querer salir. Para ello, la introducción de mecanismos de protección para expresidentes como garantías legales y un salario por jubilación pueden favorecer un cambio. Mientras que no ocurra, los presidentes seguirán queriendo morir en el poder.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation