Lluís Rabell

Presidente de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)

Antaño, las familias adineradas se daban buena conciencia sentando un pobre a su mesa por Navidad. Hoy en día, algunas empresas multinacionales, cuanto más acumulan desposeyendo a la ciudadanía de sus bienes comunes, mayor necesidad tienen de enmascarar esas tropelías con gestos caritativos. Algo que sólo es posible con la complicidad de los grandes medios de comunicación… y la connivencia —por corrupción o pusilanimidad política— de quienes deberían representar nuestros intereses en las administraciones públicas. El proceso de privatización del ciclo del agua que estamos viviendo en Catalunya constituye un escandaloso expolio al que sólo esa conspiración de silencio consigue, por ahora, poner sordina.

Tomemos el ejemplo de Aguas de Barcelona —que, como su nombre no indica, nunca ha sido un ente público, sino una empresa privada, perteneciente al grupo multinacional francés Suez y participada por La Caixa, fiel exponente del capitalismo financiero rentista. AGBAR constituye todo un paradigma de la dejación de funciones de la administración —en este caso, municipal y de la conurbación barcelonesa—, poniendo la gestión de un bien común en manos de una empresa privada que actúa con total opacidad. Sería inútil preguntar al Ayuntamiento de Barcelona cómo calcula AGBAR sus tarifas, cuáles son sus márgenes comerciales, qué inversiones ha realizado, qué amortizaciones…

Hay que decir que el caso de Barcelona es excepcional. AGBAR, que distribuye el agua en la capital catalana y en la mayoría de municipios del área metropolitana, ha operado durante años sin licencia alguna. Hasta tal punto que, en 2010, una sentencia judicial declaraba por ello sus recibos ilegales. Pues bien, andábamos en la Federación sopesando lanzar una campaña para reclamar la municipalización del servicio de aguas de la ciudad - inspirándonos en el exitoso ejemplo de París, cuyo municipio ha recuperado hace poco esa gestión con una mejora del servicio y una disminución de las tarifas… cuando AGBAR y sus cortesanos se nos adelantaron. El pasado mes de Noviembre, con los votos favorables de CiU y del PSC, se constituía por atribución directa, sin mediar concurso alguno, una nueva sociedad mixta (85 % AGBAR y 15 % pública) a nivel de toda el área metropolitana. Por si fuera poco, ese nuevo ente absorbía la empresa municipal de saneamiento… y la inclusión de la participación pública en dicha sociedad suponía, además, la entrega a AGBAR de 190 millones de euros. ¿A cuenta de qué, exactamente? Nadie lo sabe. Nadie se ha molestado en pedir una auditoría. Semejante procedimiento ha motivado que distintas entidades – Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras y la propia FAVB – presentásemos hace un mes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, considerando que hay indicios razonables de prevaricación por parte de las administraciones urbana y metropolitana, y de apropiación indebida por parte de AGBAR.

Con ocasión del Día Mundial del Agua —fecha que, muy acertadamente, la Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a convertir en una jornada internacional de lucha contra la privatización del ciclo del agua en la UE—, AGBAR ha lanzado una operación publicitaria, ampliamente difundida por todos los medios. Rodeado de alcaldes, su director general, Ignacio Escudero, anunciaba que la empresa, sensible al sufrimiento de numerosas familias, aplicaría una bonificación de 27 euros en la factura bimestral a los hogares más necesitados que sean atendidos por los servicios sociales. Páginas enteras en los diarios de mayor difusión nos recordaban que, durante el pasado ejercicio, AGBAR había destinado un millón de euros a un fondo de ayuda social y había firmado un convenio de cooperación con Caritas. Según la empresa, su generosidad beneficiaría próximamente a unas 6.000 familias. (Aunque no hay que fiarse mucho de tales anuncios: el año pasado dijeron que ayudarían a 11.400 familias y, según nuestros datos, esa ayuda llegó tan sólo… a 51 hogares).

Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que durante el último año, en el conjunto de municipios dependientes de AGBAR, se han iniciado 72.039 expedientes de corte de suministro por impago de recibo (frente a 27.359 en 2011). ¿Cuántos cortes se han hecho efectivos? Los ayuntamientos no lo saben —sólo pueden tener noticia de ello a través de los usuarios que lo comuniquen a los servicios sociales. Una consecuencia más de la opacidad a que nos referíamos. Y la zona gris sigue ensanchándose: hace un par de semanas, el reestructurado Consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua excluía a la representación del movimiento vecinal. Lo que sí sabemos es que el incremento del canon del agua – correspondiente a los gastos del saneamiento de acuíferos y caudales hídricos que realiza la administración – será íntegramente repercutido en el recibo que nos extenderá la compañía suministradora. El contribuyente pagará así dos veces por lo mismo… para mayor beneficio de la multinacional. La dinámica de incrementos tarifarios, abusivos e incontrolados, no ha hecho más que empezar.

Los expoliadores nos echan su caridad a la cara como quien arroja puñados de arena a los ojos. Ha llegado el liberalismo compasivo. Pero no necesitamos limosna, sino justicia. Y por razón de justicia social y medioambiental, un bien - y un derecho humano - como el agua requieren más que nunca una gestión pública, participada por la ciudadanía y transparente. No cejaremos, pues, en nuestro empeño.