Los directores de institutos de Madrid (ADIMAD) han puesto encima de la mesa una situación dramática que se está produciendo en los centros educativos: en el primer trimestre del curso 2021-2022 se han detectado dos centenares de casos de autolesiones y conductas suicidas, tantos como en todo el curso pasado. Reflejan la parte más dramática de los numerosos casos de ansiedad y estrés que sufre el alumnado, tras el confinamiento.

El suicido se está revelando como un grave problema en el seno de nuestra sociedad, hasta el punto de que las cifras de víctimas -3.941 en España en 2020, y 373 en la Comunidad de Madrid, superan la terrible estadística de muertes por accidente de tráfico (1.463). Aunque son los varones mayores de edad los que más se quitan la vida, crece el número de mujeres, y aparecen con fuerza en las estadísticas los menores de 15 años (14 suicidios en 2020, el doble que en 2019)

Un informe de Unicef de 2019 (NOTA 1), alertaba de que dos de cada diez adolescentes españoles de entre 10 y 19 años padecen problemas de salud mental. Es un fenómeno multicausal e influyen las desigualdades sociales, las bajas expectativas de futuro, la desesperanza y frustración o situaciones de acoso y vulnerabilidad por los discursos de odio. Pero una causa notable es la enorme presión académica a la que se ven sometidos y la falta de atención personalizada y el necesario acompañamiento. Esto también provoca estrés, ansiedad y deterioro de su salud.

Esta situación se ha agravado desde el año 2020 con la pandemia de covid-19. El duro confinamiento, las clases online, la pérdida de contacto y de socialización han dado lugar a la aparición de nuevas patologías. También se han agudizado problemas de salud mental previamente existentes, especialmente en aquellos alumnos afectados por situaciones de privación económica, afectiva y social o de exclusión.

Esta realidad obliga a abordar este tema, teniendo claro un principio básico: el bienestar y la salud de toda persona abarca su equilibrio físico, psicológico y social, como establece la Organización Mundial de la Salud. También, que las etapas de la infancia y adolescencia, son cruciales en el desarrollo de una persona. Los niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en los centros educativos por lo que se debe aprovechar su horario escolar para desarrollar programas de bienestar emocional.

No se trata de reaccionar sólo cuando se producen circunstancias excepcionales, sino de establecer medidas estructurales en los centros para asegurar esta salud integral de la que hablamos. La intervención en el ámbito educativo debe ser proactiva, es decir anticipar y prevenir situaciones que puedan conducir a la autolesiones o a las conductas suicidas, ya que su aparición supondría el fracaso de todas las medidas anteriores. Esta perspectiva debe incluir la educación emocional desde infantil, puesto que las emociones son mecanismos básicos de la regulación de la vida. Cada centro escolar puede ser una oportunidad o un riesgo para cualquier alumno/a en virtud de la atención que pueda darle a cada cual y del clima de convivencia que se genere entre toda la comunidad.

La vuelta a la educación presencial no ha mejorado la situación ni ha disminuido los riesgos. La situación que se está producido este curso, con el aumento notable de los casos de autolesiones en el alumnado, es consecuencia también de la falta de previsión de los gestores educativos y de la organización del curso actual que se realizó como si no hubiera pandemia. Ha sido temerario volver a ratios de 30-33 alumnos en la ESO y 35-38 en Bachillerato, sin profesorado de refuerzo (apenas un profesor por centro) que impiden los desdobles y refuerzos, sin fortalecer los Departamentos de Orientación para atender a la diversidad de más de 300 institutos en Madrid. Esta visión cicatera, y de recortes en educación en la comunidad autónoma más rica y que menos invierte, tiene consecuencias en la calidad educativa y en la dificultad para proteger y mejorar el bienestar emocional del alumnado. Ésta es la clave, crear un ambiente de convivencia y un clima de cuidados.

El ámbito educativo es un lugar estratégico para desarrollar acciones de prevención, detección de los problemas de salud mental. En muchos casos son los profesores tutores los que observan los primeros síntomas en su alumnado: falta de concentración, dolores de estómago, bajada de notas, ausencia o aislamiento. Pero con los horarios repletos no existe tiempo de atención personalizada para su seguimiento y coordinación con las familias. La falta de más profesionales en los departamentos de orientación y de técnicos de servicios comunitarios empeora esta situación. El abordaje de los problemas clínicos de salud mental debe hacerse en el ámbito sanitario. Es urgente reforzar los psicólogos y psiquiatras infanto-juveniles en los centros públicos de salud, que actualmente no pueden atender la gran demanda que existe.

Recientemente, la Consejería de Educación ha anunciado medidas (NOTA 2) para abordar esta problemática, que parece más una operación propagandística que una inversión seria en prevención y protección del alumnado. Se anuncia la creación de un equipo especializado externo para asesorar a los centros. ¿De qué estamos hablando, cuando el problema es de desbordamiento del profesorado y los equipos directivos por la falta de recursos? ¿Qué trozo de psicólogo le toca a cada uno de los 330 institutos públicos y el total de 3.256 centros educativos que hay en Madrid? No es cuestión de consultoría, envío de materiales o pase de sociogramas informáticos.

Los grupos parlamentarios progresistas hemos propuesto una Proposición No de Ley unitaria en la Asamblea de Madrid con medidas como las siguientes:

- Reforzar los Departamentos de Orientación (mínimo de dos orientadores por instituto), Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los de Atención Temprana.

- Bajar las ratios en los centros educativos de la Comunidad de Madrid a partir del curso 22/23 y reforzar las plantillas.

- Creación de la figura del Coordinador/a de Bienestar en los centros educativos, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021, que podría recaer en el perfil profesional de los PTSC.

- Desarrollar programas de convivencia basados en la participación activa del alumnado (alumnos mediadores y ayudantes, grupos de acogida) y de las familias.

- Formación del profesorado en desarrollo emocional y en prevención de conductas de riesgo y fortalecimiento de la acción tutorial con apoyo externo de expertos.

- Aumentar las plazas en Centros Educativos Terapéuticos, así como en las Unidades de Adolescentes en hospitales.

- Reforzar y ampliar la red de equipos multiprofesionales especializados en salud mental infanto-juvenil integrados en los Centros de Salud Mental Comunitarios.

- Coordinación de los centros educativos con Servicios Sociales de los ayuntamientos.

En resumen, se trata de promover la salud mental de todos los niños, niñas y adolescentes. El cuidado previene el suicidio en la escuela. Para ello, hacen falta recursos porque el coste más elevado es no invertir lo suficiente en prevención.

NOTAS:

• https://www.unicef.es/el-estado-mundial-de-la-infancia

• https://gacetinmadrid.com/2022/02/01/madrid-estrena-un-equipo-especializado-para-prevenir-y-mejorar-la-atencion-socioemocional-en-colegios-e-institutos/