«... sólo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría regirle; que tanta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que más y tan rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo; y siéndolo, haría lo que quisiese; y haciendo lo que quisiese, haría mi gusto; y haciendo mi gusto, estaría contento; y en estando uno contento, no tiene más que desear; y no teniendo más que desear, acabóse, y el estado venga, y a Dios veámonos, como dijo un ciego a otro»

(Sancho Panza en El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo L, Primera Parte).

Las autoridades pretender creer qué es mejor para nuestro predio de poder o influencia. Ya nos avisó Sancho Panza. No podían ser menos los dirigentes de las Comunidades Autónomas, auténticos protagonistas en un país federalizante como el nuestro. ¿O sería mejor hablar de un Estado Autonómico como federación embozada que se tapa la cara con un cierto pudor político e institucional?

Y es que las nacionalidades y regiones que componen España son administradas por los partidos y sus líderes que las gobiernan, a fin de diferenciarse entre sí. Es este un axioma de nuestro modelo general de concurrencia múltiple etnoterritorial. Es decir, los Sancho Panzas autonómicos toman decisiones principalmente para distinguirse entre sí. A fin y al cabo el principio de la autonomía conlleva heterogeneidad.

El axioma de la conflictividad intergubernamental afecta a la manera en que los partidos políticos canalizan institucionalmente sus intereses en los distintos ámbitos geográficos. Conlleva una práctica de conflicto y consenso análoga a otros países de organización territorial plural y que pone a prueba el activo democrático de la sociedad española. Desde 1980 se han dejado oír a menudo en España voces “afrancesadas” críticas del grado de dispersión y fragmentación de la vida política autonómica. En este sentido, se han propuesto soluciones normativas centralizadoras a lo que se ha calificado como situación insoportable de incertidumbre y provisionalidad en las relaciones intergubernamentales. Dichas percepciones no están en sintonía con los implícitos constitucionales que han guiado la implantación del Estado de las Autonomías. La concurrencia etnoterritorial en España "nunca" estará a salvo de las fricciones y pactos que son característicos de los sistemas federales o de composición plural.

Todo ello se manifiesta de manera palmaria en la gestión de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, la cual arroja luces y sombras como es inevitable en la vida social. Entre las primeras cabe identificar una cierta regimentación partidaria de las CCAA que buscan erosionar políticamente al gobierno de coalición central PSOE-UP. Empero, con el paso de los días y el agravamiento de las consecuencias sanitarias y sociales, alguna de las cinco CCAA gobernadas por el PP que respondieron al unísono contra la propuesta del nuevo estado de alarma el gobierno de Sánchez, comienzan a sopesar por criterios de cercanía lo que puede ser mejor para sus territorios. Es decir, quieren ejercer de Sancho Panzas autónomos, lo que es constitucionalmente cabal y justo. Si acaso las prácticas de la evitación de la culpa ajustan sus ímpetus autosuficientes.

Como sobradamente se sabe, los estragos del virus es asunto que escapa al control integral de las administraciones involucradas. Según las prácticas de la evitación de la culpa se trata, en suma, de pasarle la ‘pelota’ de la tragedia causada por el Covid-19 a las otras administraciones. Un ejemplo de tal proceder lo tenemos en el rechazo de la mayoría de las CCAA al ofrecimiento del gobierno central de apoyar el eventual establecimiento del estado de alarma en el territorio de la comunidad autónoma que pudiera solicitarlo. Ahora la marcha de los acontecimientos hace reconsiderar las posibilidades incluso de confinamientos y cierres de “fronteras” autonómicas.

La crisis del coronavirus ha auspiciado también un efecto alentador (quizá no querido del todo por los Sancho Panzas que en nuestra “piel de toro” son), pero altamente esperanzador para la co-gobernanza en España. Y es que Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es un buen foro institucional donde poner en común problemas que afectan a todos, pero cuyas decisiones pueden ser implementados por los diversos niveles de gobierno con sus competencias constitucionales avaladas legalmente. Ello hace obligado el acuerdo. No olvidemos que en el original vocablo latino foedus significa precisamente eso: pacto.

Existen países en los cuales la puesta en común intergubernamental es algo fácil, incardinada en una cultura cívica basada en una sociedad con un alto grado de homogeneidad interna. Es ese el caso de la Bundestreue en Alemania. Los Länder tienen amplias competencias respecto a la gestión de la salud pública, pero ¿han leído Vdes. noticias respecto a algún conflicto encanallado a la hora de aplicar los acuerdos de co-gobernanza que afectan a todo el país germano?

España no es Alemania. Pero las experiencias de otros países son útiles para asumirlas si son eficaces. Algunos países como Suecia, con una cierta arrogancia operativa, han preferido seguir su propio camino de ‘inmunidad de rebaño’ al margen del resto de los demás países continentales donde el Covid-19 actúa transversalmente y no conoce de fronteras. A día de hoy las estadísticas nos revelan que el país nórdico es el quinto en Europa con más fallecidos por 100.000 habitantes.

En la tradicional jerga militar, tener un puesto “con mando en plaza” implicaba tener plenos poderes para tomar decisiones ilimitadas dentro del mandato que se le había otorgado al oficial o alcaide a cargo. Un sueño que Sancho Panza aspiraba ejercer en su Ínsula de Barataria. Como es sabido, al final del capítulo cervantino, Sancho Panza renuncia como gobernador y pronuncia aquellas palabras quizá premonitorias de los peligros de la autosuficiencia en la administración de la cosa pública:”… en las ínsulas deben de comer poco los gobernadores, especialmente si tienen médicos que miren por su salud”.