En el Estado español, según el MAPA, por cada 100 mujeres empleadas en el sector primario (incluidas pesca y silvicultura) hay 331 hombres. El dato medio en otros sectores de la economía española es de 119 hombres por cada 100 mujeres. Del total de las personas ocupadas en el sector, solamente el 62% lo es de forma asalariada. El resto se engloba en la figura de “ayuda familiar”, que reconoce que hay personas trabajando en tareas productivas sin recibir salario a cambio. Esta ayuda familiar, históricamente, ha sido femenina. Aunque las manos de quienes alimentan al mundo son de mujeres, la visibilidad no es para ellas.

Según el estudio impulsado por la ONG Mundubat y CERES, participado por mujeres de organizaciones agrarias y colectivos del Estado, el primer reto al que se enfrentan es el de encontrar la legitimidad como productoras dentro de su propio entorno, especialmente en la llamada “agricultura familiar”, en la que trabajan con miembros masculinos de su familia. El poder contar con la titularidad en la producción es todavía un gran desafío. Aunque hace años se aprobó la figura de la Titularidad Compartida en España, a día de hoy su implementación es escasa. A los límites institucionales por difundirla y priorizarla se unen estructuras patriarcales que dificultan escribir negro sobre blanco que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en su explotación. En el mundo agrario, el trabajo administrativo, las cuentas, los planes de contratación o la burocracia, pierden la batalla del reconocimiento frente a los tractoristas y podadores varones a los que la fuerza física o el dominio de las grandes máquinas otorgan toda la credibilidad. Otras muchas, aún conduciendo tractores y ganado, han de escuchar como les preguntan por padres, hermanos o maridos y son tratadas como seres “incapaces”. A todas las tareas del trabajo productivo, han de agregar además la múltiple jornada de los cuidados.

Muchas personas que lean esto pueden pensar “es el medio rural”, un lugar en el que muchas desigualdades se han normalizado. Pero la verdad es que esto no es responsabilidad únicamente del medio rural. Ahora que se reconoce el valor de la alimentación como algo esencial, ¿dónde se incorporan todos los trabajos, productivos y reproductivos, que realizan las mujeres? Esa figura de la ayuda familiar, imprescindible muchas veces para que las cuentas cuadren, es fruto de un modelo insostenible de producción y consumo, que ahoga a las pequeñas y medianas producciones. En esas, para poder mantenerse, alguien trabaja gratis o a bajo precio y en el reparto, el patriarcado manda y siempre les toca a las mismas. En demasiados casos, la viabilidad monetaria de la producción de alimentos pasa por la inviabilidad vital de alguien que soporte dobles jornadas laborales, triples si además se aventura a incorporarse a espacios de participación política para intentar cambiar la situación. En todos los espacios, familiar, productivo y participativo, ellas son las que menos cuentan. Su cotización se entiende como un “gasto”, no como un derecho y se perpetúa la mentalidad patriarcal de vivir gracias al hombre sustentador y cabeza visible. Así, tal y como se menciona en este estudio “no encajan en las casillas” que se les proponen para sus vidas. Son “el bicho raro” y con esa tensión, traducida en múltiples violencias, (sobre)viven. Las que quieren dar el salto, buscan legitimidad como productoras y un mínimo de viabilidad tanto monetaria como vital.

Y en todo esto las políticas públicas relacionadas con el sector tienen mucho que decir. Sus narrativas hacen invisibles a las mujeres y las mencionan, en caso de hacerlo, o bien como vasijas para la repoblación rural, como apéndices al final de párrafos o de manera conjunta con “los jóvenes”, como si jóvenes y mujeres fueran un pack que partiera desde puntos similares. Al no incluirlas, muchas mujeres no encuentran formas de acceso a recursos para incorporarse al sector más allá de los propios hombres de sus familias, que son los propietarios de la tierra, lo que en muchos casos lleva asociadas deudas no escritas en forma de cuidados familiares. Además, no están en los espacios de decisión política, sus voces raras veces son escuchadas. Paradójicamente, las instituciones exigen paridad a algunas organizaciones, pero no la aplica en sus propias reuniones.

A pesar de todo ello, hay muchas manos y voces organizándose, buscando otras formas y espacios propios para incidir en todos los planos, desde el privado al institucional. La conciencia feminista es imparable y la formación también. Para ello son necesarias políticas que las traten como se merecen, para que puedan vivir libres de violencia, desde la física hasta la institucional. Es tarea de todas y todos, ellas alimentan al mundo, aunque todavía no se reconozca.