En teoría, el objetivo de las multas reside principalmente en disuadir para el futuro a quienes cometen infracciones. En la sociedad mediada por el dinero, la nuestra, hacerle pagar a alguien es una forma de evitar que esa misma persona reincida en cometer dicha infracción, es decir, sirve para disuadir y que se lo piense dos veces antes de volver a hacer lo mismo. El problema aparece cuando la multa aplicada no cumple con este cometido y no sirve para evitar que el infractor, sin mucha dificultad, vuelva a infringir la ley, y cuando esto sucede, es cuando se hace carne eso de que “hecha la ley, hecha la trampa”.

Formalmente la ley es clara y establece unos parámetros de sanción, pero en según qué casos esa ley es realmente ineficiente porque es incapaz de impedir que el infractor reincida una y otra vez, dado que el equilibrio existente entre el peso de la ley y el beneficio extraído a pesar de infringirla, es muy desigual. Sí, la ley sanciona, pero la sanción que aplica la ley no sirve para que se deje de saltar la ley, así pues, se asume la multa pero se persiste en saltarse la ley porque el saldo sale positivo. Una situación que vacía a la ley de sentido adoptando un modelo profundamente regresivo donde siempre sale beneficiado quien más beneficios económicos obtiene y dispone, dado que si se trata de dinero y se dispone de más dinero, las posibilidades de fugarse de la ley es tanto más fácil cuanto más renta se tenga.

En Finlandia –desconozco si continua en vigor-, las multas de tráfico adoptan una lógica diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Suele pensarse que las infracciones difieren en su importe dependiendo de la gravedad de cada infracción y se aplican por igual independientemente de la situación subjetiva del infractor; lo que se multa es la infracción y no se tiene en cuenta al infractor: eso es lo que se da a entender como “somos todos iguales ante la ley”. Sin embargo, esta lógica olvida que para que todos podamos ser iguales ante la ley, antes la ley debe garantizar la igualdad de todas las personas e incluir en su infracción las desigualdades de partida de los infractores.

Así pues, en Finlandia las multas de tráfico son progresivas y contemplan no solo que se cometa una infracción, sino también quién la comete y qué escala de infracción aplicar en cada caso: alterando a Marx, las multas mejor “a cada cual según su capacidad”. Si se le pone la misma multa a quien conduce un Ferrari que a alguien que conduce un Opel Corsa, posiblemente el primero se vea menos afectado y tenga menos incentivos para cumplir la ley porque saltársela no le supone demasiado problema. En cambio, al segundo, esa misma multa le puede suponer un problema que le descuadra sus ingresos. Así, cuando un millonario finlandés es sorprendido yendo a más de 100 km/h en una ruta donde no se puede ir a más de 60km/h, la multa que se le aplica está pensada para que no vuelva a cometer la infracción; más teniendo en cuenta que las posibilidades de hacerlo aumentan con la cilindrada del coche.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Estos días se han puesto en huelga los trabajadores de Amazon y, de nuevo, la ingeniería laboral que practican las empresas vacía el sustrato que da sentido a ese derecho constitucional llamado huelga. La huelga ha tenido un gran seguimiento por parte de la plantilla. Sin embargo, la empresa se ha dedicado a contratar trabajadores temporales para suplir el trabajo de quienes están en huelga. Esto, como bien saben desde la empresa, es totalmente ilegal y puede conllevar sanción una vez que se lleva el caso a Inspección de Trabajo, eso sí, siempre después de que tenga lugar la huelga y sus efectos. La multa máxima que puede aplicar la Inspección de Trabajo por sanción grave es de 187.515 euros –aunque podría aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de esquirolaje empleado-, una cifra que o bien puede suponer mucho para un pequeño local o nada para una empresa como Amazon. Esa ilegalidad, la de contratar temporales durante la huelga, le sale barata y prefieren hacerlo porque les sale a cuenta: en esta situación el coste que tiene una huelga para los trabajadores es mucho mayor y su derecho a la huelga puede quedar de facto anulado y la democracia suspendida.

En criminología se utiliza el principio de less eligibility, -heredero de las casas de trabajo inglesas del siglo XIX- según el cual las condiciones de vivir en la cárcel siempre tienen que ser peores a las de estar fuera de ella. Es posible que esta sea una lógica que se le pueda aplicar a empresas como Amazon: la sanción por violar la ley siempre tiene que ser peor que no hacerlo; de lo contrario, la ley se convierte en un lastre que facilita su vulneración. El Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a huelga haciendo que esa ilegalidad le salga muy cara a la empresa. Quizás, una buena forma de hacer cumplir la ley y desincentivar que se vuelva a incumplir, tiene que ver con establecer sanciones progresivas dependiendo de quién se trate, y, al igual que ocurre con los conductores millonarios de Finlandia, a empresas como Amazon no se les vuelva a ocurrir reírse del pueblo español.