Augusto Klappenbach

Filósofo y escritor

Ilustración de Kevin McCoy (opensourceway)

¿Qué pasaría si en un país como Venezuela, Cuba, Ecuador o Bolivia el Estado autorizara la prisión de más de cien ciudadanos por tiempo indefinido y sin que pese sobre ellos acusación alguna? ¿O que ordenara la ejecución de presuntos terroristas sin juicio previo violando límites fronterizos, aunque esas ejecuciones implicaran la muerte de civiles inocentes? ¿Cuál sería la reacción internacional ante esos hechos y cuáles serían los argumentos que vincularían esas prácticas perversas con las ideologías de izquierda? En los Estados Unidos, la prisión de Guantánamo lleva años albergando meros sospechosos no procesados, sin que se hayan cumplido las promesas de cerrarla. Y la autorización de ejecutar a presuntos terroristas, incluso de nacionalidad norteamericana, con aviones no tripulados fue defendida por el Secretario de prensa de la Casa Blanca como una práctica “legal, ética y sabia” y aprobada por el Premio Nobel de la Paz, el Presidente Obama.

Es frecuente, incluso en círculos de los llamados “progresistas”, considerar la democracia de los Estados Unidos como modélica, al menos en sus formas. Y existen algunas razones que avalan esta opinión. Por ejemplo, la cercanía de representantes y representados que permite su sistema electoral, la inexistencia de una férrea disciplina de partido como la que tenemos en España, la capacidad de negociación que muestran en algunas ocasiones sus políticos, el respeto por las instituciones que parecen tener muchos de sus ciudadanos, la importancia de los méritos personales por encima de amiguismos y recomendaciones. Pero como el sistema americano constituye el modelo que están proponiendo –aunque no lo digan- nuestros gobernantes españoles y europeos para sustituir nuestro precario estado de bienestar, conviene examinar más de cerca sus supuestos méritos.

Las ideologías no han muerto. Los regímenes políticos se estructuran en torno a ejes ideológicos que provienen de su propia historia y de las condiciones de su sociedad. Max Weber describió las líneas maestras de lo que llamó “la ética protestante”, que ha articulado la vida social de los Estados Unidos. Dos ejes la definen: la riqueza y la religión; In God we trust, rezan los billetes de dólar. El éxito económico es señal de predestinación: la prosperidad material indica que Dios ve con buenos ojos a quien triunfa en este mundo, triunfo que preludia la bienaventuranza eterna. La religión, por lo tanto, está estrechamente vinculada a la prosperidad material, (a diferencia de lo que sucede nuestros países católicos, que suelen vilipendiar la riqueza aunque no dejan de aprovecharla cuando pueden). La religiosidad protestante está mucho más orientada a la relación de cada individuo con Dios que a su pertenencia a una comunidad de creyentes. No existe en ella –por fortuna para sus fieles- ni sacerdocio en el sentido estricto, ni Sumo Pontífice, ni un Derecho Canónico obligatorio, ni una interpretación oficial de las Escrituras, que cada creyente puede entender según su propio criterio. Lo cual no impide la vigencia de un estricto puritanismo moral, especialmente dirigido hacia la sexualidad.

Estas raíces religiosas del individualismo, combinadas con una historia marcada por la conquista de una tierra hostil, están en el fundamento de una sociedad que se ha articulado según las leyes de la competitividad entre los ciudadanos, de la distinción entre ganadores y perdedores. Por eso no resulta extraño que en los servicios públicos, como la educación y la sanidad se aplique el principio “que cada uno pague lo suyo”. De tal manera que la posibilidad de acceder mejor o peor a la satisfacción de sus necesidades, incluso las básicas, está en función de sus méritos personales, medidos, claro está, según su nivel de ingresos. Tanto la educación como la sanidad como la previsión social están mayoritariamente a cargo de empresas privadas. Aun la sanidad financiada públicamente está gestionada por compañías de seguros. No se consideran servicios públicos sino artículos de consumo cuyo precio depende de su calidad, aunque se reservan algunas ayudas caritativas –normalmente de calidad inferior- para aquellos que carezcan de cualquier posibilidad de acceder a esas prestaciones, según los principios del llamado “capitalismo compasivo”. Y hasta la seguridad depende en buena parte de la capacidad de cada uno de defenderse a sí mismo: la Constitución asegura el derecho a poseer armas de fuego a cada ciudadano.

Del mismo modo, la gestión de la democracia depende de la riqueza privada. Los partidos políticos no reciben ninguna financiación pública. Y aunque en las campañas de Obama aumentaron las pequeñas contribuciones de simpatizantes, la mayor parte de los aportes proviene de grandes empresas o grupos financieros interesados en que los partidos tomen decisiones que favorezcan los beneficios de sus negocios. La imposibilidad del presidente Obama de intervenir en el conflicto palestino-israelí es un buen ejemplo de esto. Huelga añadir que un partido político que no respondiera a ningún grupo de presión debería resignarse a aportaciones individuales de sus simpatizantes, insuficientes para sufragar los enormes costes de una campaña electoral. Este sistema, en una nación cuya legislación impone el bipartidismo, hace imposible la presencia de importantes sectores del país en las instituciones democráticas. De hecho, la participación electoral es muy baja, con cifras que rondan el 50 % en elecciones importantes.

De ahí que la estructura de la vida pública siga las reglas del mercado antes que las decisiones colectivas votadas por los ciudadanos, hasta el punto de que quien las representa, el presidente de los Estados Unidos, que es considerado el hombre más poderoso de la tierra, goza de un poder muy limitado. Tengo la impresión de que Obama era sincero cuando proclamó el programa electoral de su primera presidencia: cierre de Guantánamo, sanidad universal, pacificación de Oriente Medio, control de las armas de fuego, democratización de Irak y Afganistán, legalización de los inmigrantes irregulares, etc. Cinco años después sus logros en estos campos son más que modestos, cuando no inexistentes, aunque en su política económica interna haya tenido algunos éxitos y aunque haya que agradecer que no haya tomado algunas medidas que seguramente hubieran perpetrados los republicanos. ¿Es esto prueba de su inoperancia o más bien una demostración de que la capacidad de decisión del poder público va siendo reemplazada por imposiciones ajenas a la decisión democrática de los ciudadanos?

No existen leyes naturales que regulen la organización política de los Estados: tenemos que decidirlas los ciudadanos. Y si se pretende que nuestras democracias europeas adopten el sistema vigente en los Estados Unidos, que privilegia la competitividad individual por sobre una concepción solidaria del todo social, al menos deberían consultarnos. ¿Preferimos una organización de la sociedad en la cual la calidad de la sanidad, la educación y la jubilación dependa de lo que cada uno pueda pagar y excluya de sus beneficios a un sector importante de la población? ¿Queremos que el requisito necesario para participar en política sea el de conseguir aportaciones privadas aceptando las servidumbres que esto implica? ¿Preferimos una justicia que anteponga difusos intereses nacionales a las garantías legales que exigen un juicio justo, quizás con pena de muerte incluida?

Es evidente que los incesantes recortes que está sufriendo nuestro ya precario estado de bienestar no constituyen medidas excepcionales y transitorias sino los primeros pasos de un cambio de modelo político guiado por la mano invisible de la que hablaba Adam Smith. Ante esto, creo que es importante recordar que la sociedad humana no sigue un destino inexorable sino que quienes habitamos este planeta tenemos algo que decir acerca de la meta a la que queremos dirigirnos. Y no creo que la meta que se nos impone fuera aceptada por la mayoría de los ciudadanos.