CRISTINA BARRIOS Y MANUEL MANRIQUE

Ciudad Sipopo es un complejo hotelero de 52 villas presidenciales con jacuzzi, sauna, campos de golf y playa privada a tan sólo 15 minutos por autopista de Malabo. No es un anuncio de una agencia de viajes, sino las instalaciones recién inauguradas para la celebración mañana de la 17ª cumbre de la Unión Africana (UA), que este año tiene lugar en Guinea Ecuatorial, país que ostenta la presidencia de turno. Unas instalaciones, por supuesto, fuera del alcance de la mayoría de ecuatoguineanos, hasta el punto de que algunos vecinos del complejo han sido reubicados e incluso arrestados para evitar posibles manifestaciones. Desde hace años, la UA intenta hacerse valer en la escena internacional, pero la celebración por todo lo alto de esta cumbre y su fracaso en resolver los abusos de Mugabe en Zimbabue, Gbagbo en Costa de Marfil y Gadafi en Libia siguen atascando a esta institución entre la irrelevancia y la connivencia con los líderes dictatoriales de estos países.

A pesar de este panorama, la Unión Europea sigue financiando a la UA y sus principales iniciativas. La Comisión Europea intenta presionar a su homóloga africana, sin resultado: el pasado 6 de junio, la reunión entre los presidentes de ambas instituciones, José Manuel Durão Barroso y Jean Ping, concluyó con otra cínica declaración sobre la importancia de “la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”. Declaraciones que se podrían ver como papel mojado si no faltaran tanto al respeto a todas aquellas personas que realmente luchan por conseguir todo ello. Pero la actitud europea no es la única; muchos países de Occidente siguen apoyando sin ambages el brutal régimen de Teodoro Obiang Nguema. A la cabeza, Obama y unos Estados Unidos que defienden los intereses petrolíferos –y de gas– de empresas como ExxonMobil, Marathon, Hess y Noble Energy. Recursos energéticos que podrían haber convertido al pequeño territorio en un ejemplo en el continente africano, pero que sirven únicamente para proteger a Obiang y fomentar la corrupción; en 2010, Guinea Ecuatorial fue señalado como el décimo país más corrupto del mundo.

Entre los apoyos de Obiang figura también España, cuyos sucesivos gobiernos, incluidos los de Aznar y Zapatero, no han hecho sino intentar rentabilizar económicamente, de momento sin gran éxito, su vínculo con la excolonia en los sectores de infraestructuras, banca y comercio. Sin embargo, a España y Guinea Ecuatorial les unen sobre todo lazos populares y sociales: además de una lengua común, existen vínculos deportivos –ya que muchos atletas ecuatoguineanos entrenan en España– y culturales, con programas de becas y cooperación artística. Lazos entre pueblos que reclaman una postura política española más crítica hacia el dictador, así como conseguir que esta crítica cale en Europa.

Durante los 32 años que lleva en el poder, Obiang ha hecho del país no sólo uno de los más autoritarios, sino también uno de los más desiguales del mundo. Con sólo 700.000 habitantes, gracias al petróleo la renta per cápita es de 30.000 dólares, la 20ª del mundo. Aun así, el país se encuentra en el puesto 117º del Índice de Desarrollo Humano y se calcula que un 70% de la población vive con menos de un dólar al día. Pese a una tasa de mortalidad infantil de un 20%, que ha aumentado desde que comenzó la producción de petróleo en los noventa, el complejo Ciudad Sipopo ha costado a los ecuatoguineanos 600 millones de euros: más de seis veces el presupuesto combinado de sanidad y educación. A lo vergonzoso de estas estadísticas se suma la desfachatez del régimen al afirmar que el 97% de esta misma población votó felizmente por Obiang en las últimas elecciones de 2009 y en 2002.

¿Y si tras Ben Alí, Mubarak, y quizás Gadafi, fuese el turno de Obiang Nguema? El pequeño tamaño del país y los amplios recursos de los que dispone el régimen, incluido el férreo control sobre los medios de comunicación, hacen que sea difícil imaginar una insurrección popular. No obstante, gestos como la prohi-

bición de informar sobre las revoluciones del norte de África y Oriente Próximo y una falsa apertura a la oposición quizá señalen que Obiang pueda temer algún intento de protesta. Aunque perseguida, existe una activa oposición al régimen tanto dentro como fuera del país, ilustrada recientemente por la huelga de hambre del activista J. Tomás Ávila. Sin embargo, el exilio no garantiza la protección total frente a Obiang, como lo demuestra el secuestro y ejecución de cuatro opositores en Benín en agosto del año pasado.

Aun así, el activismo y el periodismo internacional han permitido frenar dos de las más bochornosas tentativas del régimen: la intención de Obiang de patrocinar el Premio Unesco-Obiang Ngema Mbasogo a las ciencias de la vida, y que su hijo Teodorín Obiang gastase 400 millones de dólares en un yate. Pequeñas victorias que demuestran la voluntad y poder de los medios libres y la sociedad civil, especialmente cuando sus movilizaciones traspasan fronteras. El contraste es grande con las instituciones internacionales y con los gobiernos occidentales, que siguen haciendo la vista gorda a los abusos del régimen.

Cristina Barrios y Manuel Manrique son investigadores de FRIDE

Ilustración de Mikel Casal