Estamos ante una nueva investidura de la que esperemos que salga un gobierno diferente a lo conocido hasta ahora, un gobierno mejor para la mayoría social. La reacción de una derecha tirada al monte, dispuesta a cuestionar incluso su propia institucionalidad, es llamativa. Algún portavoz andaluz de Cs, convencido liberal empeñado en disputar espacio a Vox, lleva unas navidades en Twitter que, o bien se alza en armas, o bien le da una úlcera al pobre hombre.

Estoy convencido de que cualquier proyecto que quiera garantizar un horizonte de derechos sociales y bienestar para la mayoría tiene que cuestionar el marco de la austeridad y la actual UE. Sin eso corremos el riesgo de frustrar las esperanzas de millones de personas y abonar el campo del neofascismo. No creo, por tanto, que este gobierno nos acerque una sociedad diferente, que nos acerque a superar este sistema injusto, insostenible y machista. Pero sí han declarado una obvia intención de hacer reformas que son imprescindibles socialmente. Y es un imperativo ético y político apoyarlas. Apoyarlas en el discurso y en la práctica, empujar para que se estiren lo posible y lo imposible, criticar las cesiones que se hagan a la oligarquía y no dejar que las derechas avancen ni un metro. Poner el cuerpo si hace falta ante unas derechas dispuestas a lo que sea para mantener su cortijo, a la vez que ser profundamente críticos ante cualquier titubeo o renuncia.

Pero en este país de países llamado España no solo existe una tensión del régimen por lo social, por las condiciones materiales de vida y esperanzas de millones de personas. Existe también una tensión territorial. Y en esta piel de toro, lo social y lo territorial son inseparables digan lo que digan.

Y en un Congreso con 17 grupos territoriales (algunos nacionales, otros no se consideran como tal), con un gobierno que saldrá con los apoyos de grupos catalanes, gallegos, vascos, turolenses, canarios y valencianos...la pregunta es evidente: ¿Y Andalucía qué?

El acuerdo del PSOE con el BNG dice lo siguiente: “Teniendo en cuenta el actual estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña como nacionalidades históricas, comprometerse a que cualquier modificación estructural del Estado, asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos”.

Más allá de que se les ha “olvidado” que Andalucía es una autonomía del mismo estatus que las otras tres, el del artículo 151 de la Constitución que tanto costó a nuestros padres y madres conseguir, hay un problema de fondo. Y no es un problema del BNG, es un problema de las y los andaluces: estamos ante una futura reordenación del Estado y Andalucía ni está ni se le espera. Estos días asistimos a un debate de investidura y como pasó en otros, nadie hablará de Andalucía. Nadie hablará de nuestro paro, precariedad, emigración, falta de infraestructuras o papel periférico.

La nacionalidad histórica (véase el artículo 1 del Estatuto) y la tierra con mayor población de España estarán fuera del debate. Andalucía tiene los peores datos de paro, precariedad y emigración del Estado. Un modelo de desarrollo basado, prácticamente, en el monocultivo del turismo, con una fuerte estacionalidad en el empleo y un bajísimo valor añadido, además de insostenible medioambientalmente. Nuestro papel en la economía es de periferia, y cada día somos más el patio trasero del desarrollo. ¿Industria aquí? Solo la contaminante, la que no quieren los ricos. Y por si faltara algo, sufrimos un sistema de financiación autonómico que, complementado con un marco fiscal injusto, nos debe miles de millones cada año.

Necesitamos poner pie en pared y exigir ser como la que más. Andalucía debe estar, como estuvo en los 70, al mismo nivel de soberanía, competencias e influencia política que la nacionalidad que más tenga en España. Así de simple.

No lo pedimos por una cuestión esencialista, histórica o nacionalista. De las banderas no se come, tenga el color que tenga. Sino porque en este contexto socioeconómico y político, defender el papel de Andalucía como la que más es también defender los intereses económicos y sociales de la mayoría social. Y no solo de la mayoría social de aquí, sino de cualquier lugar del España. Defender, por ejemplo, que no se cierren estaciones de tren en Andalucía es impedir que se pervierta el uso social del ferrocarril en toda España. Teruel Existe lo ha conseguido para su provincia. Defender el tren para el puerto de Algeciras es beneficioso para el resto del país. Defender derogar las dos reformas laborales (del PP y PSOE) al completo es imprescindible para la tierra con más precariedad y temporalidad en el empleo, pero sin duda también lo es para el resto de España. Defender un sistema de financiación que garantice los recursos necesarios para los Servicios públicos fundamentales, entre los que tienen que estar aspectos como la emergencia climática, es imprescindible para Andalucía que será posiblemente la primera en sufrirla, pero es positivo también para el resto de España.

Se negociarán presupuestos, sistema de financiación autonómico, ojalá una reforma fiscal justa, leyes orgánicas claves para los servicios públicos… y Andalucía no puede estar ausente. Porque Andalucía lo necesita más que nadie, porque estamos peor que el resto. No se trata de entrar en una especie de subasta por infraestructuras, no. Sino de ser conscientes de que como Pueblo tenemos que pelear por un desarrollo diferente al actual, social y ambientalmente justo, con perspectiva feminista, y que absolutamente nadie lo va a exigir por nosotros y nosotras. Esto solo se consigue siendo conscientes de nuestro papel como Pueblo, y con autonomía y determinación. No queremos más ni menos que cualquier otro pueblo de España. A eso yo le llamo soberanía.

Y esto, o lo hacemos desde el campo popular y transformador o… ¿Sabéis quién lo hará? El gobierno de la Junta. Y con una “pequeña” diferencia: ellos enarbolarán la bandera andaluza para hacer oposición al gobierno central pero no para defender más derechos, más servicios públicos, más feminismo, o un desarrollo justo. Sino para bloquear cualquier avance social, para vender nuestra tierra a sus amigotes.

Corremos el riesgo de que la verdiblanca, que hasta ahora siempre significó tierra, libertad y derechos, la resignifiquen como la bandera de la política rancia y en blanco y negro. Para eso ya está la rojigualda. Ya hemos visto al PP y Cs con la bandera andaluza en la solapa en el Parlamento. ¿Vamos a dejar que hagan eso con Andalucía?

Si seguimos así, no solo estaremos ausentes del debate de investidura. También estaremos ausentes del futuro. Los que mandan en este país nos quieren solo para reírse de nuestra forma de hablar. No dejemos que pase.