Karen Patricia Rodríguez

Comunidad Hondureña de Madrid

Serlinda Vigara

Ecologistas en Acción

Juan Klett

Fundación Paz y Solidaridad

El 2 de marzo se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres, líder y activista feminista, en defensa de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades indígenas en Honduras. Transcurrido este año, las autoridades hondureñas pretenden justificar su ineficacia para atrapar a quienes ordenaron este vil asesinato. La captura y presentación ante tribunales de cuatro sicarios y tres intermediarios no es suficiente para hacer justicia: aún permanecen en libertad quienes instigaron el crimen y pagaron a sus ejecutores.

Lo ocurrido no constituye un hecho aislado. El asesinato de Berta pone de manifiesto la situación de riesgo grave en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza que luchan contra la explotación de sus territorios en Honduras. Entre 2012 y 2015 el COPINH, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, ha sufrido el asesinato de al menos diez de sus integrantes (Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodríguez, Irene Meza y la propia Berta Cáceres).

El Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusion existente entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos. En estas condiciones, no podemos permitir que nuestros gobiernos se laven las manos. Consideramos que España debe auditar y revisar los recursos de cooperación con Honduras y los apoyos a infraestructuras y megaproyectos en dicho país a través del Banco Centroamericano de Integración e infraestructura. Por su parte, la Unión Europea debería paralizar el desarrollo con Honduras del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica por violación de derechos humanos.

Sin embargo, estas agresiones no ocurren sólo en Honduras: en los últimos dos años más de 340 personas han sido asesinadas en todo el mundo por defender la tierra y las personas que viven en ella. De todos los asesinatos por estas causas en 2015, el 66 % fueron cometidos en Latinoamérica y el 40% de las víctimas fueron personas indígenas. En la mayoría de casos, los responsables siguen impunes.

Estos hechos forman parte de una estrategia extendida de grandes empresas, inversores y cuerpos represivos para perseguir y reprimir a quienes denuncian el acaparamiento y destrucción de recursos y el desplazamiento de comunidades enteras. No se trata de bandas incontroladas ni de hechos episódicos, sino de actuaciones sistemáticas de los grandes capitales para amenazar y cercar a los movimientos sociales y campesinos que desafían el paradigma económico capitalista, saqueador de pueblos y ecosistemas.

Detrás de estas muertes hay nombres conocidos. Laura Vásquez o Exaltación Marcos Ucelo se enfrentaron a la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources. Berta Cáceres luchaba contra la empresa hidroeléctrica Agua Zarca, con financiación holandesa (FMO) y finlandesa (FinnFund) entre otras; Macarena Valdés contra la empresa hidroeléctrica RP Golgal. Estos casos muestran los peligros añadidos que sufren las mujeres que se oponen a los proyectos extractivistas. Lesbia Yaneth Urquía, fue asesinada cuatro meses después del crimen de su compañera Berta. El suceso fue catalogado por el COPINH como un “feminicidio político” cuyo objetivo fue “callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”. Berta se ha convertido en un símbolo que representa la lucha indígena, ecologista y feminista.

Allí, en países “periféricos”, donde los recursos son más numerosos y valiosos y donde inversores y empresas extranjeras campan a sus anchas, sin control –o con el apoyo– gubernamental, el panorama para las y los activistas por el medio ambiente y los derechos humanos es terrorífico. Pero también en nuestro entorno cercano oponerse decididamente al fracking, al recrecimiento de un embalse o a la construcción de viviendas de lujo en un espacio protegido puede costar detenciones, multas, fianzas multimillonarias o directamente tener que abandonar tu pueblo ante las amenazas recibidas. Defender lo común: un río, un bosque, la atmósfera... es algo complicado en este mundo global en el que las prioridades vienen marcadas por intereses económicos de minorías poderosas.

No podemos asumir como una realidad inevitable que mueran asesinadas las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Hemos de desarrollar, en América Latina y en Europa, en todo el orbe, una batalla global en defensa del territorio y sus recursos; y de quienes luchan para que las generaciones futuras puedan vivir dignamente.

Para ello hay que seguir desenmascarando al poder corporativo, dando a conocer no solo los asesinatos de activistas, sino las condiciones de vida a las que condenan a millones de personas. Y, por supuesto, acabar con la impunidad de la que gozan quienes cometen estos crímenes. Los Estados e instituciones supraestatales deben establecer mecanismos que castiguen a las empresas que están detrás de proyectos que se cobran vidas para ser llevados a cabo. Justo lo contrario que pretenden los tratados comerciales que, como el TTIP y el CETA, blindan a estas grandes corporaciones frente a los derechos de la ciudadanía y el medio ambiente. Es imprescindible dar voz y protección a las comunidades que sufren violencia e intimidación como norma por defender la naturaleza.

Como decía Berta Cáceres: no nos queda otro camino más que luchar.

Este jueves 2 de marzo a las 12:00 tendrá lugar una concentración frente a la Embajada de Honduras en Madrid (Paseo de la Castellana, 164) para reclamar justicia para Berta Cáceres y el resto de defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza asesinados, y exigir al Gobierno español y a la Unión Europea la revisión de las relaciones comerciales y económicas con Honduras, en el contexto de violación sistemática de los derechos humanos en dicho país.