VICENÇ NAVARRO

En la mañana del 15 de junio, los miembros del Parlament de Catalunya habían sido convocados para aprobar los presupuestos propuestos por el nuevo Gobierno de Catalunya –que incluían los recortes de gasto público social más radicales que se hayan realizado en Catalunya durante el periodo democrático–. Tales recortes debilitarían todavía más el ya poco desarrollado Estado del bienestar de Catalunya, el cual, junto con el resto de España, tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 (el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al nuestro). El presidente del Gobierno, Artur Mas, había declarado que tales recortes “se debían a las exigencias de Bruselas”.

Sin embargo, no estaban en el programa electoral de este partido en las recientes elecciones al Parlament de Catalunya. Es más, durante la campaña electoral, Mas prometió en varias ocasiones que su Gobierno, en caso de ser elegido, no haría tales recortes, señalando sanidad y educación, en particular, como los servicios públicos del Estado del bienestar que estarían más protegidos de cualquier recorte. Tales promesas fueron claramente ignoradas, e inmediatamente después de constituirse el Gobierno, se comenzaron a hacer reducciones considerables del gasto público social y, muy en particular, en sanidad y en educación.

Los establishments económicos y financieros (próximos a CiU y el PP) aprobaban tales recortes, presentados en los medios de mayor difusión de Catalunya, incluido en medios públicos de la Generalitat, como TV3 y Catalunya Ràdio, como inevitables y necesarios para “recobrar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada para justificar la extraordinaria reducción del ya en sí poco financiado Estado del bienestar en Catalunya.

El silencio ensordecedor del establishment catalán frente a estos recortes contrasta con la revuelta por hechos casi idénticos ocurrida en Reino Unido, donde el Gobierno liderado por David Cameron estaba realizando recortes sustanciales del gasto público social, a pesar de que no estaban incluidos en su programa electoral. Cameron, como Mas, también había prometido, durante la campaña electoral, no hacer ningún recorte. Pues bien, en Reino Unido, nada menos que el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, la máxima autoridad de la Iglesia anglicana, denunció tal comportamiento con contundencia y acusó al Gobierno de Cameron de inmoral y carente de legitimidad democrática cuando realizaba tales medidas, aclarando que legitimidad y legalidad eran dos conceptos con distintas implicaciones éticas y políticas. Acentuó que los recortes, aunque legales, entraban en conflicto con el orden democrático, pues tales políticas públicas no tenían un mandato popular para hacerlas. Mostrando la escasa cultura democrática del establishment catalán, no apareció ninguna voz que señalara y –todavía menos– denunciara tal comportamiento antidemocrático de Mas y de su Gobierno.

Ni que decir tiene que mientras los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos mantenían silencio, sólo roto para apoyar los recortes, grandes sectores de la población, comenzando por los sindicatos, se movilizaron en contra. Como consecuencia de ello, Catalunya está viviendo hoy una gran agitación laboral y social. La última adición a estas protestas son las del Movimiento 15-M, uno de los desarrollos más positivos que han ocurrido en la vida política de Catalunya (y de España) que, consecuente con su radicalidad, va a la raíz de las causas de los recortes, es decir, la existencia de una democracia muy incompleta, responsable de un bienestar insuficiente. La fuerza de este Movimiento 15-M se basa en que las causas de su indignación son compartidas por la gran mayoría de la población que, además, encuentra gran parte de sus propuestas específicas de cambio razonables y necesarias. Sus críticas a las enormes insuficiencias democráticas existentes en Catalunya (y en España) son ampliamente compartidas por la sociedad catalana.

Artur Mas intentó desmerecer estas movilizaciones contrastándolas con el apoyo que su partido, CiU, había obtenido de lo que él definió como “la mayoría silenciosa” en las últimas elecciones municipales realizadas sólo unas semanas antes. En esta declaración se ignoraban varios hechos. Uno es que CiU obtuvo el apoyo de sólo el 14,9% del electorado (es decir, de los que votaban y pudiendo votar no lo hicieron). Su gran victoria estaba basada en una ley electoral escasamente democrática, que traduce un porcentaje tan pequeño de votos sobre el electorado en un cambio de las instituciones representativas tan grande. Es más, entre los votantes, los votos a los partidos de izquierda (1.220.926, tripartito) fueron mayores que los de derecha (1.141.597, CiU y PP). E incluso una minoría (pero sustancial) de los votantes de derecha está en desacuerdo con los recortes que el Gobierno de Mas está realizando. Fuera como fuera, el Ejecutivo de Mas no tenía un mandato para realizar estas políticas.

Es, pues, un elemento sano que el Movimiento 15-M quisiera denunciar estos recortes que se iban a celebrar intentando, simbólicamente, rodear el Parlament para denunciar aquellas medidas. Las consignas eran de no ser violentos. Pero se descontroló, lo cual está siendo aprovechado para desacreditarlos (y ello a pesar de que el Movimiento 15-M condenó la violencia y denunció el comportamiento incívico de una pequeñísima minoría). A partir de entonces, Mas intentó, incluso, asociar el Movimiento 15-M con el terrorismo. Estos intentos burdos de criminalizarlo fracasaron, y el pasado domingo, Barcelona vio una de las mayores manifestaciones que hayan ocurrido en su historia.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso