SORAYA RODRÍGUEZ

El pasado 12 de mayo, el presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas de ajuste para la contención del déficit público que incluye un recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de 800 millones de euros en los años 2010 y 2011. Una decisión de este calado merece una explicación amplia y transparente. Desde el año 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un esfuerzo sin precedentes en la comunidad internacional de donantes por incrementar esta ayuda, con resultados muy claros. En el año 2003 se destinaba a esta partida un total de 1.735 millones de euros, equivalente entonces al 0,23% de nuestra Renta Nacional Bruta (RNB). En 2009, pasamos al 0,47% de la RNB, con un total de 4.820 millones de euros.

Conviene tener en cuenta que el incremento de la AOD responde no solamente a un compromiso ético, sino a un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en el que se reconoce que la pobreza no sólo afecta a los que la padecen, sino a todos. Este enfoque deja atrás las políticas internacionales defensivas, centradas en la protección beligerante de los intereses nacionales a corto plazo, para buscar objetivos comunes de mejora a largo plazo, donde la cooperación se convierte en una pieza clave de la acción exterior del Estado. Año tras año, se han realizado importantes esfuerzos presupuestarios para acompañar esta convicción y este nuevo enfoque. Palabras acompañadas por hechos.

En los días siguientes al recorte, algunas crónicas periodísticas aseguraban que para el presidente del Gobierno el ajuste en AOD fue como cortarse el brazo. Podría ser una buena imagen para reflejar su compromiso personal y político con la cooperación, incluso en el año 2009 –ya en una situación de austeridad presupuestaria–, cuando se optó por mantener la ayuda. Sin esa convicción decidida, esto no hubiera sido posible. Sólo ahora, cuando los gobiernos europeos se han visto obligados a adoptar un conjunto de medidas de reducción de déficits nacionales que garanticen la estabilidad de la zona euro y sienten las bases de un crecimiento sostenible, se ha optado por frenar el crecimiento de la ayuda.

Este recorte equivale al 7,5% de la AOD española en los próximos dos años y nos permite, por tanto, mantener nuestras principales apuestas. La ayuda humanitaria, en primer lugar, incluyendo el compromiso con la reconstrucción de Haití, donde España era el tercer donante mundial ya antes del terremoto, no se verá afectada. Asimismo se mantienen los programas bilaterales de ayuda, que gestiona la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como los convenios plurianuales firmados con las ONG especializadas en desarrollo. El recorte afectará, fundamentalmente, a las contribuciones voluntarias de España a organismos internacionales, que reciben aportaciones de otros donantes y, que por tanto, cuentan con margen para acusar una reducción gradual. Se trata de una de las partidas que más han crecido en los últimos años. Cabe recordar que España es actualmente el octavo donante de Naciones Unidas por lo que, a pesar del recorte, mantendremos un papel activo e influyente en el seno de sus organismos.

Sin embargo, una reducción de 800 millones implica necesariamente aplazar el compromiso de alcanzar el 0,7% de la RNB en 2012. En el año 2007, cuando el Gobierno, junto con las ONG y los grupos parlamentarios, apostó por alcanzar el 0,7 en 2012, España crecía al doble de la media europea y creaba más empleo que ningún otro país de nuestro entorno. En el actual contexto, se impone fijar una nueva meta para llegar al 0,7%, al igual que el resto de nuestros socios europeos: en 2015.

Por otra parte, estoy de acuerdo con los que afirman que un periodo de crisis puede convertirse en una oportunidad. Es el momento, pues, de volver a afirmar nuestra apuesta por la calidad de la ayuda, en línea con el trabajo que venimos realizando desde hace años. La reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo, actualmente en el Congreso y reclamada durante años por la sociedad civil; así como los esfuerzos de la AECID por rentabilizar al máximo nuestra cooperación, representan algunos ejemplos en este sentido de mejora en la calidad de la ayuda. Resulta también de enorme importancia coordinar las actuaciones en el seno de la Unión Europea para evitar duplicidades, ya que algunos estudios señalan que estas medidas nos podrían permitir ahorrar entre 3.000 y 6.000 millones de euros al año. Ha llegado el momento también de dar impulso a la coherencia de todas las políticas públicas con el desarrollo internacional. En esta línea, durante la Presidencia de la Unión Europea, España ha puesto encima de la mesa el debate sobre la evasión fiscal –por cada dólar dedicado a la AOD, entre ocho y diez dólares salen ilícitamente de los países receptores a paraísos fiscales– y la necesidad de movilizar recursos internos en los países más pobres con la creación de sistemas fiscales más eficientes. Conviene subrayar que la lucha contra la pobreza no es sólo una cuestión de falta de recursos, sino de carencia de derechos.

A cinco años de la meta fijada por Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la mejora en la calidad y la coherencia en las políticas de desarrollo significan factores clave y un objetivo al que España no renuncia en modo alguno. Por ello, adquieren mayor relevancia los esfuerzos de la cooperación española por plantear proyectos que puedan cambiar las estructuras sobre las que se sustenta la pobreza y que fomenten la participación democrática, el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la creación de un tejido empresarial y productivo. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno con un mundo más equitativo y más solidario no se recorta.

Soraya Rodríguez es secretaria de Estado de Cooperación Internacional

Ilustración de Javier Olivares