Manuel Garí

Economista. Miembro de Podemos y militante de Anticapitalistas

El día de hoy, 24 de enero, nos exige más que cualquiera otro del año realizar tres acciones: recordar a las víctimas de Atocha 55 y reivindicar su lucha, exigir toda la verdad sobre los asesinos y sus mandantes, y reflexionar sobre las consecuencias políticas que conllevó la respuesta al atentado.

Cuarenta años después de la matanza fascista, la generación de militantes antifranquistas tenemos vivo el recuerdo de nuestros compañeros (conocidos o no) tiroteados. Eran los nuestros. Compartíamos mucho, empezando por un sentido del compromiso militante entendido como, en expresión de Daniel Bensaïd, “lealtad y responsabilidad hacia los desconocidos”. Eran gente que nos defendía desde el despacho laboralista, gente que codo con codo con nosotros estaba construyendo una organización sindical singular entonces por su combatividad y configuración, Comisiones Obreras (CC.OO). Gente que soñaba con el socialismo aunque tuviéramos estrategias distintas y estuviéramos en partidos diferentes. Nos unía la lucha y la desgracia. También la esperanza.

Eran nuestra gente

Para nosotros eran Enrique, Luis, Javier, Serafín y Ángel a los que ya no veríamos más. Y también eran Miguel, Alejandro, Luis y Lola. Tiene razón Rosa Montero cuando afirma en primera persona que aquella generación que vivió con ilusión y miedo el tardo franquismo y el post franquismo quedó “marcada” por el brutal ataque a tiros de las browning y las star.

Sin edulcorar el pasado, ni esconder que también hubo personajes y grupos con trazas sectarias, cabe afirmar que la mayor parte de esa generación política tenía un sentido de pertenencia común y solidaridad. Cuestión esta que podría ser útil para la reflexión actual en el asfixiante marco cultural neoliberal que entroniza el individualismo y la competencia entre quienes solo son fuertes si actúan en grupo y cooperan.

Para esa generación no es retórico ni ritual el repetido lema “Atocha, hermanos, no os olvidamos”. Nosotros no olvidamos. ¿Rencor? ¡No!: Memoria y precaución. Máxime cuando, de nuevo, suenan en Europa y en Estados Unidos discursos autoritarios, patrióticos, xenófobos, excluyentes, oligárquicos, austeritarios y profundamente contrarios a los intereses de las clases subalternas.

Atocha 55, caso no cerrado

Tuve la suerte y la honra de compartir militancia con Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco y con Dolores González Ruiz en nuestra etapa universitaria, ellos en Derecho y yo en Económicas, ambos en el Frente de Liberación Popular (FLP), los tres nos unimos aún más tras el asesinato a manos de la policía de Enrique Ruano y luego tomamos opciones diferentes. Ellos el Partido Comunista (PCE), yo la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), pero la amistad y el afecto perduró. Años después, concretamente en junio de 2014 en un largo viaje por Noruega Lola y yo tuvimos ocasión de hablar sobre el pasado (auge y decadencia de los partidos clásicos del movimiento obrero), el presente (irrupción del 15 M y el ascenso imparable de Podemos en el seno de la izquierda) y el futuro (volvía la esperanza, poco más se podía decir).

Ella no quería rememorar la tragedia (“me desbarataron mis sueños por segunda vez”) pero sí hablar del contexto. Ambos compartíamos dos conclusiones. En primer lugar que jamás se aclaró toda la verdad de lo sucedido ese 24 de enero. Y queda pendiente hacerlo. Pese a las dificultades en la investigación pudo sentarse en el banquillo de los acusados por primera vez a matones fascistas. Pero como declaró el abogado de la acusación Jaime Sartorius, no se pudo llegar a las cabezas pensantes. El juez de la Audiencia Nacional Rafael Gómez Chaparro obstaculizó que se pudiera establecer la relación entre los asesinos materiales y el aparato de estado, los servicios de inteligencia y la policía en los tiempos que ya era Presidente del gobierno Adolfo Suárez y era Ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa. Relación que sirvió a algunos de los fascistas para fugarse de la cárcel años después. El mismo aparato que gracias al “amnistía a cambio de amnesia” de Santiago Carrillo, pasó a formar parte básica del nuevo estado, esta vez, democrático. Atocha 55, caso no cerrado.

La segunda conclusión común no podía ser otra que calificar como mistificador y mentiroso el discurso oficial sobre la transición española, calificada por las élites políticas y económicas que sostienen el régimen de la reforma como de “incruenta” y “modélica”. El atentado del despacho laboralista, así como los asesinatos ocurridos los días anteriores de Arturo Ruíz García a manos de los Guerrilleros de Cristo Rey y María Luz Nájera Julián por disparos de la policía son muestras, junto a tantas otras tropelías anteriores y posteriores, que la oligarquía no estaba dispuesta a ceder el poder ni a ser juzgada por sus desmanes. No existía una hoja de ruta para la transición en la izquierda pero sí en el lado franquista: si el cambio era imparable, al menos que lo gobiernen los de arriba.

De la ruptura democrática a la reforma pactada

La reacción popular ante el asesinato fue muy importante en las empresas de todos los sectores en los principales núcleos fabriles dónde se realizaron numerosos paros, pero la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) avalada por el prestigio y la fuerza de uno de sus componentes, CC.OO. puso todo su empeño en que no adquiriera la dinámica de huelga general ni saliera del recinto de trabajo: nada de convocatorias en la calle. El día del sepelio, 26 de enero, tras el homenaje multitudinario en el que el PCE demostró tanto su fuerza como su voluntad de que la protesta estuviera perfectamente acotada, las fuerzas procedentes del régimen franquista aceleraron sus planes y dos meses después legalizaron al partido de Carrillo. Así y todo hubo importantes movilizaciones en Madrid y en otras ciudades que hicieron caso omiso a esas directrices, pero también se puso en evidencia la ausencia de fuerza suficiente a la izquierda del PCE y en el seno de CC.OO. para poder orientar en otro sentido el movimiento popular.

Paradójicamente el PCE comenzó a deslizarse por la rampa del declive el día que mayor capacidad de movilización y organización había demostrado. Su orientación “congeló” la correlación de fuerzas existente, lo que para las fuerzas populares significó un retroceso. Carrillo mencionó el riesgo de involución y de intervención de los militares de haber lanzado una ofensiva política movilizadora por la ruptura democrática.

No sabemos qué habría ocurrido porque no ocurrió, pero no parece probable que tras el 25 de abril portugués, la caída de los coroneles griegos, la creciente movilización obrera, estudiantil en todo el Estado y el resurgimiento de la cuestión nacional en Cataluña y Euskadi acompañada de la creciente pérdida de legitimidad del régimen posfranquista, y teniendo en cuenta la situación crítica de la economía española desde 1973, la solución de los poderes económicos hubiera sido auspiciar un auto golpe militar. Lo que es seguro es que se podían haber adoptado otras decisiones y orientaciones por parte del movimiento popular. Ni este caso ni en ninguno es verdad el mantra de que “lo que se hizo es lo único que se podía hacer”. Esta es una visión determinista de la historia que sólo sirve para justificar lo ya hecho.

La Ley 1/1977 de 4 de enero, para la Reforma Política fue la gran ganadora desde el punto de vista político, por eso la interpretación que hizo Jaime Sartorius de que la reacción al atentado cambió la hoja de ruta de la transición porque supuso la legalización del PCE y el avance del proceso democrático, cuanto menos es incompleta. Habría que añadir: el PCE abandonó el proyecto de ruptura democrática y aceptó, no una ruptura pactada como a veces se ha formulado, sino una reforma pactada.

El régimen salió limpio de polvo y paja. Sus élites políticas y económicas configuraron las élites de la democracia. La secuencia posterior es conocida: Ley de Amnistía, elecciones generales de junio de 1977, Pactos de la Moncloa, Constitución de 1978… que si con una mano dieron derechos y libertades (individuales, sociales, sindicales, políticos), con la otra limitaron su extensión y cercenaron el desarrollo posterior de los mismos tanto en las entonces llamadas nacionalidades como en la dimensión socio-económica de los derechos. En lo que sí tiene razón Sartorius es que el 24 y el 26 de enero de 1977 marcan un punto de inflexión, un antes y un después en la lucha por las libertades.

El cierre de la crisis del tardo franquismo fue satisfactorio para sus mentores, se desarrolló una suerte de gran consenso “constitucionalista” que tiene como primera seña de identidad el respeto por el régimen económico capitalista, que acepta la jefatura monárquica y que ha subordinado sus políticas a las provenientes de Bruselas. Pero algún hilo se dejó suelto y años después desde el 15 M y desde los procesos vasco y catalán y particularmente, entre las nuevas generaciones políticas, ha vuelto a plantearse la necesidad de otra Constitución. Así se las gasta el viejo topo de la historia.