MIREN ETXEZARRETA

Los acontecimientos económicos de estas últimas semanas siguen ritmos tan trepidantes que es difícil mantener cierta perspectiva. Se suceden medidas que suponen nuevos golpes contra la situación de las clases populares de este país, obligados, nos dicen, por los mercados, que cada día ven peor nuestra situación y rebajan nuestras trabajosamente logradas calificaciones. Entre tanta vorágine y recomendaciones, quizá merezca la pena detenerse brevemente a considerar cómo se ha llegado a esta situación. Sobre todo para no incurrir de nuevo en los mismos errores y repetir actuaciones que pueden llevarnos a empeorar una muy difícil tesitura, ya que, aunque indudablemente la crisis es global, cada país presenta características peculiares que permiten un análisis diferenciado.

Es factible preguntarse si el poder omnímodo que parecen tener estos mercados sobre el país, o mejor, sobre sus gobernantes, no tiene sus raíces en una estrategia de política económica adoptada hace muchos años y cuyos errores ha resaltado esta crisis. En España hay que remontarse a los Pactos de la Moncloa (1977), y sobre todo a 1982, cuando se inició una política económica de carácter globalizador y neoliberal (perdonen el pleonasmo), uno de cuyos principales componentes lo constituía el rechazo a la participación del Estado en la economía. En particular, el repudio a toda política industrial (“la mejor política industrial es la que no existe”) y el entusiasmo liberalizador y privatizador de Solchaga y Boyer, que desde entonces mantienen que en los mercados reside la salvación de la economía. Añadámosle el Acta Única de 1986, que coincidió con nuestra integración en la UE y que se quiso interpretar como que la liberalización industrial y financiera (o, mejor dicho, que la libertad sin trabas a la restructuración de los grandes capitales europeos) sería favorable para nuestro país. La bienvenida sin condiciones a los capitales multinacionales que entraron al país para ocupar parcelas de actividad industrial ya existentes (no tanto para aumentar la capacidad productiva) supuso su subordinación a los planes de conjunto europeos o mundiales y el cierre de multitud de empresas en pocos años. Estas políticas han constituido la base permanente de las estrategias de los sucesivos gobiernos y han dado lugar a que en los años 2000 los sectores que sostenían la economía española fueran la construcción, el automóvil y un turismo decreciente. Sectores tradicionales, no sectores sólidos y de vanguardia, de alta productividad y competitividad, como lo atestigua el enorme desequilibrio de la balanza comercial, que durante los años del boom se situó entre los más altos del mundo. La reestructuración productiva necesaria no se ha saldado con una mayor competitividad, sino con una concentración acentuada en sectores problemáticos.

No nos engañemos: los problemas de fondo de España no consisten sólo en una alta deuda financiera, privada, que han conseguido convertir en pública para mayor escarnio y que está dando lugar a la dura actitud de los mercados financieros, sino también a la falta de confianza en las posibilidades de su economía real, en su competitividad, en sus posibilidades de crecimiento, de absorción de la población activa. En pocas palabras, en su capacidad de producir riqueza. ¿Qué sectores productivos tienen ahora la posibilidad de absorber tres millones de trabajadores (aceptando que dos millones de parados son permanentes)? Este es el problema esencial para lograr una economía saneada y unas formas dignas de vida para su población.

En este momento están obligando al Gobierno a concentrarse en el tema financiero. No hay duda de que es difícil y de que la estrategia de los entes financieros mundiales (sin ignorar que la mitad de la deuda pública española está en manos de entidades del país) y las instituciones internacionales están forzando no sólo una política económica a cortísimo plazo que hará la recuperación mucho más difícil para nosotros, sino reforzando y consolidando una durísima estructura dedicada a rebajar permanentemente las condiciones de vida de la población. Pero el tema subyacente es la debilidad del sistema productivo del país. Es curioso que Italia, con una deuda pública mucho mayor que la española, no esté todavía en la primera línea de ataque de los mercados internacionales. ¿No tendrá ello algo que ver con la mayor solidez del sistema productivo italiano?

Llama la atención el entusiasmo de los poderes económicos por las recientes medidas de ajuste. Parece que los beneficios empresariales de una rebaja salarial y una mayor flexibilización del mercado de trabajo son mayores que las pérdidas que infligirán unas nuevas medidas que implican, incluso reconocidas oficialmente, una menor tasa de crecimiento y un paro mayor. ¿Cómo se asegura el Gobierno que estas medidas contribuirán a paliar la deuda del país, aumentar la inversión, mejorar la competitividad y absorber el paro, en vez de dedicarse sólo a engrosar los beneficios empresariales?

España ha sido uno de los más fieles seguidores de las recomendaciones de instituciones como la OCDE y la Comisión Europea (como Argentina antes del corralito). Un país donde la liberalización, la desregulación y la privatización, además de la austeridad laboral, han avanzado sin pausa desde los primeros años ochenta. Y este es el resultado: casi cinco millones de parados y la casi quiebra del país. Es hora, en medio de este tráfago financiero que nos desborda, de que alguien se decida a seguir una estrategia autónoma de medio plazo, centrada en el país, en la que ocupe un lugar central lograr una potente estructura productiva tanto en la agricultura como en la industria y los servicios, que es donde se produce la riqueza real.

Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona

Ilustración de Jordi Duró