RAMÓN J. MOLES

Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB)

Los suburbios de París huelen otra vez a estallido social. Si en 2005 una actuación policial precedió al incendio de centenares de vehículos, en 2010 parece que sólo queda esperar la chispa del desorden.

Las bandas de jóvenes se dedican a atacar autobuses en la periferia de París, la violencia en las escuelas se ha incrementado de forma alarmante, los funcionarios son agredidos con frecuencia y los establecimientos públicos saqueados de modo reiterado. ¿Qué está sucediendo en la Francia de los valores republicanos para que ciudadanos nacidos en su seno, educados en el laicismo racionalista, subsidiados por papá-Estado para evitar su marginación, estallen de ira y ataquen el espacio público noche sí, noche también? Recordemos que ante este fenómeno un entonces muy ambicioso Sarkozy apostó por la represión policial argumentando que había que eliminar la “chusma”. ¿Por qué no ha funcionado esta fórmula? ¿Por qué arde de nuevo París?

La respuesta merece al menos tres consideraciones: quién, dónde y cómo. En primer lugar, sobre el quién. Se trata mayoritariamente de jóvenes nacidos en Francia, nietos de la inmigración. No son inmigrantes, son ciudadanos con coberturas sociales desconocidas por sus abuelos. ¿De qué se quejan estos jóvenes que han pasado por un modelo escolar con una visión del mundo hija de la revolución? Simplemente: de su falta de expectativas, de su condena de por vida a vivir y morir de manera subsidiada, de su limitadísimo horizonte vital. Se quejan de que en la República de

Rousseau ha fallado el ascensor social, no ya para los inmigrantes, también para los franceses que no tienen esperanza ni de encontrar trabajo ni de mejorar su situación personal, deviniendo así carne de cañón para el narcotráfico y la delincuencia, donde el Estado que los subsidia es, además, un claro enemigo a batir.

Segunda consideración: sobre el dónde. Si pueden, visiten los suburbios de París y podrán constatar que eso no es vida: es una condena de por vida en una aglomeración de viviendas sin equipamientos ni comercios, aislada del tejido urbano, donde la única presencia del Estado son, por este orden, los autobuses, la escuela y la policía. De ahí que los autobuses sean incendiados, las escuelas atacadas y la policía sometida a permanente acoso. A pesar de los esfuerzos de Fadela Amara (secretaria de Estado para la ciudad, nacida ella misma en una cité y defensora de la integración de las mujeres inmigrantes), los planes de rehabilitación anunciados en 2005 tras la ola de incendios de coches ni siquiera se han materializado.

Frente a esto –aun siendo importante el dinero– no habría que olvidar que la gestión de la diversidad y el pluralismo no se arregla sólo con ladrillos: son precisas políticas sectoriales que, además de creíbles, sean eficaces. La población en situación de riesgo de exclusión social –cuando no ya claramente excluida– desconfía con razón de los incumplimientos de los políticos: al final la crisis siempre la pagan los mismos. Se precisa no sólo inversión, sino, sobre todo, voluntad política para aplicar algunas medidas que tienen costes soportables y que podrían contribuir a reparar el tan estropeado ascensor social que perjudica claramente a estos jóvenes: un mercado de trabajo que no les discrimine en razón del origen de sus abuelos, de su raza o de su religión, donde se luche contra el fracaso escolar y se potencie la formación profesional y la autoocupación para luchar contra el 50% de paro juvenil existente y donde el subsidio sirva para ayudar a salir del hoyo, no para vivir en él.

Finalmente, una consideración sobre el cómo. La gestión de estos conflictos suele enmarcarse –no sólo en Francia, también en España (recuerden los violentos episodios de hace unos años en El Ejido o en Elche)– en el ámbito de la seguridad ciudadana, de lo que se deriva que la solución debe ser principalmente policial. Pues bien, esta perspectiva se ha demostrado ineficaz, y a los hechos como los de París podemos remitirnos. La gestión del riesgo de exclusión social debe ser ante todo una síntesis de medidas coherentes diseñadas desde la inteligencia, no desde la víscera. Así, es preciso gestionar la diversidad, también desde el mundo local, de modo que, si es preciso, superemos las incoherencias de un marco legal que fue diseñado en otros tiempos y otro contexto. Frente a ello, aparecen posiciones incoherentes como la de reclamar “papeles para todos” o “empadronamiento para todos” mientras se recluye a inmigrantes en centros de internamiento carcelarios o directamente se les deporta cual si fueran delincuentes terroristas.

La incoherencia llega a extremos inverosímiles como el de convertir en tema de seguridad nacional una cuestión de indumentaria: el Gobierno francés ha remitido a la Asamblea Nacional el texto del proyecto de ley que prohibirá el uso del burka y el niqab. La ley se titula proyecto de ley que prohíbe la ocultación del rostro en el espacio público y contradice las recomendaciones del Consejo de Estado, que duda de su constitucionalidad. Frente a esto, deberíamos preguntarnos si no sería más conveniente intentar superar en esta cuestión los argumentos legales, religiosos, de seguridad o de igualdad para recalar en la gestión del espacio público y del riesgo de exclusión social en el ámbito local. De otro modo, estaremos pasando de la supuesta gestión del riesgo a la indigestión del peligro. Y mientras, arde París.