Ante la grave crisis argentina, la gobernadora bonaerense, María Vidal, probable recambio del amortizado presidente Mauricio Macri, dijo que en realidad se trata de “dolores de parto” para conseguir objetivos. Dado que las medidas oficiales son radicalmente contrarias a lo prometido en campaña electoral, cabe preguntarse si el objetivo era el que Macri planteaba públicamente años antes: elevar los beneficios de las grandes empresas rebajándoles impuestos, cotizaciones y salarios, y reduciendo pensiones/jubilaciones y gasto público social. El beneficio a transnacionales locales y extranjeras, el poder económico del que Macri es parte y que controla la producción y exportación y que históricamente desestabilizó el país, económica, financiera y políticamente, tiene un efecto devastador para ciudadanos y pequeñas y medianas empresas que viven del mercado interior.

Los beneficiados

Las primeras medidas del gobierno, devaluar el peso 30% y eliminar impuestos a la exportación, benefició a latifundistas y grandes corporaciones transnacionales de exportación agrícola y minera (que ya supera las de carne o trigo). La tercera medida fue reducir impuestos al capital, al patrimonio y a los beneficios, además de cotizaciones empresariales a la seguridad social. La eliminación de negociaciones paritarias y la imposición de bajos topes salariales redujeron el salario real pues impidieron que los trabajadores recuperasen el poder adquisitivo perdido en las sucesivas devaluaciones. El salario mínimo bajó a la mitad (de 601 dólares en 2015 a 270 hoy), con lo que pasó de ser el más alto de Latinoamérica a undécimo y las pensiones mínimas también fueron reducidas a la mitad (de 460 a 230 dólares). Es decir se quitó a trabajadores y pensionistas lo que se regaló en impuestos y cotizaciones a las empresas. Además el gobierno recortó subsidios directos que completaban los ingresos familiares y eran claves para sostener la demanda interna con contención de salarios industriales.

La liberalización de importaciones de productos fabricados con mano de obra asiática cuasi esclava con la que es imposible competir con salarios dignos fue determinante para restaurar el modelo agro-minero exportador del siglo XIX y provocó déficit comercial, quiebra de empresas y recesión (el producto interior bruto –PIB o PBI-, cayó 2,3% en 2016 y 6,7% interanual en junio último, situándose por debajo de 2015).

La recesión y la rebaja de impuestos al capital, hundieron la recaudación tributaria un 2,5% del PIB generando déficit presupuestario, que el gobierno financió con deuda, cuyos intereses añadieron 1,5% del PIB más de déficit fiscal, que alcanzó 6,5% en 2017, a pesar de recortar 3% del PIB el gasto público. El déficit pudo evitarse manteniendo impuestos o financiarse combatiendo el fraude, pero Macri aprobó una amnistía fiscal a los evasores, que equivale a condonarles 40.000 millones de dólares (8% del PIB). El gobierno modificó la ley para beneficiar con la amnistía a sus propias familias, e intentó condonar una deuda de la familia Macri con el Estado, por valor de 4 mil millones de dólares a valor actual, que debió congelar por el rechazo social, pero que ahora intenta resucitar. El enriquecimiento a costa del Estado tiene antecedentes en la familia Macri, pues durante la última dictadura se enriqueció como contratista privilegiado de los dictadores, que además le beneficiaron traspasando al Estado deuda de sus empresas por valor actual de 500 millones de dólares. Empresas que eran del presidente, hoy están en manos de amigos suyos, y controlan la energía, la obra pública y negocios diversos con el Estado.

Los que pagan

El descomunal regalo del Estado a las grandes corporaciones y a los más ricos lo pagan los trabajadores, pues es lo que genera el déficit fiscal, pero el gobierno y FMI, engañan diciendo que el déficit es causado por el gasto excesivo y debe ser reducido, justificando el ajuste: despidos, reducción salarial, reforma previsional, laboral y fiscal regresiva, recorte educativo y sanitario con cierre de centros y hasta eliminación de vacunaciones. Además, a la vez que reduce impuestos a los ricos y amnistía evasores el gobierno quita subsidios directos e indirectos a los más pobres con un impacto social muy fuerte: las tarifas de servicios públicos aumentaron hasta 1.700%, por lo que en el gasto familiar pasaron de representar 6% a 30% del salario mínimo. Los recortes de 5% del PIB del segundo acuerdo con el FMI, hundirán más la economía, con sucesivos ajustes “a la griega”, sin descartar privatización anticonstitucional de recursos naturales, incluido el mega yacimiento de gas y petróleo de Vaca Muerta.

El ajuste permanente empobrece a las familias, hunde las ventas, profundiza la caída del PIB en un círculo vicioso de destrucción económica y social, lo que ha elevado la pobreza al 40%, que llega al 60% en menores de edad. En el granero del mundo que produce alimentos para 450 millones de habitantes, uno de cada diez menores pasa hambre, uno de cada cuatro se subalimenta, uno de cada tres se alimenta gracias a comedores sociales solidarios y vive en infraviviendas, y uno de cada cuatro no tiene acceso a red de agua ni saneamientos. El ajuste lo pagan también los pequeños empresarios, pues la recesión hunde las ventas y el valor de las empresas, empujando a muchas a la ruina.

La destrucción del mercado interior y la especulación de empresarios que buscan refugio seguro para su dinero explican la “fuga de capitales” de 30.000 millones anuales promedio (6% anual del PIB), que suma 80.000 millones de dólares desde que gobierna Macri y que totaliza una acumulación en el exterior de 500 mil millones de dólares, el valor del PIB anual. Esto hace cierta la expresión “se robaron un PIB”, pero fueron los amigos de Macri. Los miembros del gobierno, incluido el presidente, tienen más de la mitad de su patrimonio en el exterior, incluyendo cuentas offshore en paraísos fiscales, demostrando que saben que sus políticas destruyen, como le dije al ministro Dujovne en Madrid.

Las sucesivas devaluaciones se trasladan a precios y disparan la inflación, que superará el 42% en 2018. Para contenerla, el Banco Central aumentó a 60% el tipo de interés de referencia, que implica tasas de mercado superiores al 100%. Dado que la “macrieconomics” eliminó los plazos para liquidar divisas por exportaciones y permite comprar dólares sin límites, favorece la “bicicleta financiera” permitiendo obtener altos beneficios especulando con el diferencial entre tasas de interés y devaluación del dólar.

Déficit comercial por “promoción de importaciones”, fuga de capitales, “bicicleta financiera” y turismo exterior de la élite argentina, generan el déficit exterior de cuenta corriente (5% del PIB en 2017 y 8% estimado en 2018), que explica la devaluación continua y la deuda externa que se contrae para financiarlo.

El papel del gobierno Macri se reduce a contraer deuda para conseguir dólares para la fuga de capitales de la élite parasitaria que los acumula en el exterior (en gran parte en cuentas offshore). La deuda pública, que roza el 90% del PIB aumentando el riesgo de default, también sirve para pagar intereses…de la deuda contraída para financiar los déficits y… proveer dólares para “fugarlos”. Es decir, lo que se recorta en pensiones, educación y sanidad, y permite reducir déficit primario, pasa a manos de la élite empresarial como beneficios y de los acreedores de la deuda en forma de intereses, manteniendo el déficit total. La presión de EEUU para dolarizar la economía argentina, pretende asegurarle a corporaciones y especuladores que siempre tendrán su capital en dólares y que dominarán la economía.

El problema de fondo

El problema real de Argentina es, por una parte, el modelo productivo centrado en exportar bienes primarios, que impuso la oligarquía argentina en el Siglo XIX y restauraron las sucesivas dictaduras cívico-militares y el actual gobierno. Argentina, como señaló Kuznets, es el caso paradójico inverso al de Japón, pues teniendo recursos naturales y otros atributos, no logró industrializarse, mientras Japón, carente de recursos se convirtió en una de las mayores potencias mundiales. Entre 1870 y 1955, la renta per capita (Rpc) de Argentina más que duplicó a la japonesa. En 1955 era 2,2 veces mayor, pero en solo 11 años, en 1966, Japón igualó la Rpc argentina y en 1982 la duplicó. La explicación está en la política. Entre 1955 y 1982 Japón consolidó una gran reforma agraria, desarrolló un ambicioso proyecto industrial, con baja desigualdad de ingresos y vivió con estabilidad parlamentaria y sin ejército. Al contrario de lo ocurrido en Japón, en Argentina desde 1955 a 1982 las FFAA mantuvieron el poder directamente, (cuatro golpes) o con gobiernos tutelados y proscripciones, para imponer un proyecto oligárquico agro-minero exportador anti industrial.

Este modelo productivo está asociado a un modelo distributivo que traslada riqueza desde los ciudadanos a la élite rentista: los dos golpes más cruentos, en 1955 y 1976, se dieron después que los trabajadores alcanzaron la mayor participación en la renta nacional. El golpe de 1955 instauró una dictadura oligárquica que amplió el latifundio y el poder de los monopolios agroexportadores, realizando un brutal ajuste acordado con el FMI, lo que redujo de 49% a 37% en 5 años el peso de los salarios en el PIB. A Videla, gracias al terrorismo de Estado y 30.000 detenidos-desaparecidos, le bastaron dos años para reducir de 50% a 30% la participación de los salarios en el PIB y cuatro para bajar de 33 a 20% el peso de la industria, imponiendo el mismo modelo neoliberal que ahora resucita Macri. Como resultado la dictadura multiplicó por siete la deuda externa, por lo que en los ochenta –la década robada, no “perdida”- el país cayó en default lo que fue utilizado por los neoliberales y el FMI para forzar masivas privatizaciones de activos públicos. Esta política derivó en hiperinflación, una cuasi-dolarización (“convertibilidad”) y la gran crisis del “corralito” en 2001, elevando la pobreza al 54% y provocando decenas de muertos por la represión a los reclamos populares.

En este periodo 1955-2001 en que Argentina pasó de tener una Rpc de más del doble que la japonesa (y 70% más que la española), a otra de solo un 33% la de Japón (y un 50% de la de España), firmó con el FMI 20 programas de “ajuste estructural y macroeconómico” similares a los que ahora firma Macri. Entre 2003 y 2015, con los gobiernos Kirchner, el producto industrial por habitante recuperó por primera vez el nivel de 1974, el número de empresas industriales creció 33%, el empleo industrial creció 60% y el PIB aumentó a tasas superiores del 7% anual, elevando la Rpc argentina mucho más que la de Japón y España, por lo que desde el 33% subió al 50% respecto de la japonesa y del 50 al 60% respecto de la española. Macri, volvió a agrandar la brecha en el ingreso por habitante con Japón y España a nivel similar al que la dejó la dictadura: 36% de la japonesa y 42% de la española, con una fuerte destrucción de industrias.

En síntesis estos modelos productivo y distributivo trasladan riqueza desde los ciudadanos a la clase rentista “offshore” y generan los desequilibrios exterior y fiscal, carencia de dólares, creciente deuda pública e intereses y déficit público, lo que requiere más y más deuda, justificando ajustes fiscales y devaluaciones recurrentes.

Este círculo vicioso de capitalismo depredador recuerda el mito de Sísifo condenado a empujar una inmensa roca hasta la cima de una montaña, de donde caía por su propio peso, obligándole a empezar una y otra vez, haciendo su esfuerzo inútil y sin esperanza.

La desposesión económica y social, se completa con la desposesión de democracia y soberanía: manipulación de la justicia para perseguir opositores políticos y luchadores sociales a la vez que consigue impunidad para su corrupción y la financiación ilegal de sus campañas electorales, virtual cesión de Islas Malvinas a Reino Unido, control de recursos (hidrocarburos, acuíferos y territorio) por bases militares de EEUU, que con el pretexto del terrorismo internacional podrían intervenir internamente junto con las FFAA argentinas, etc. La creciente represión de activistas, con casos de parapoliciales que secuestraron y torturaron impunemente a maestras, reflejan el autoritarismo y nepotismo de un régimen que controla los tres poderes del Estado, y dibujan una “república minero-sojera” más indigna que las “repúblicas bananeras”. Las movilizaciones sociales incluyendo la huelga general del 24-25 de septiembre indican que las/los argentinos siguen haciendo honor a su tradición sanmartiniana de luchar por un país libre en el que merezca la pena vivir. Es la dignidad contra la avaricia de los expoliadores.