FERNANDO SCORNIK GERSTEIN

Para tratar de entender lo que está pasando en Argentina y las dificultades que enfrenta la señora Kirchner, debemos penetrar, aunque sea superficialmente, en algunos aspectos del peculiar –e injusto– sistema tributario argentino.

El 11 de Marzo de 2008 mediante una simple resolución (la Nº 125) del Ministerio de Economía se incrementaron las retenciones a las exportaciones estableciendo un sistema de “retenciones móviles” según los distintos precios que se fueran obteniendo para las exportaciones de productos agropecuarios. ¿Qué son las retenciones? Pues un arancel al revés: en vez de gravar los productos que se importan (arancel que por supuesto también existe en Argentina) este arancel –la “retención”– grava a los productos que se exportan.

El mecanismo es sencillo; por cada dólar que percibe –o mejor dicho, debiera percibir– el exportador, el Estado Argentino se queda con una parte al ser convertido en pesos. Estas retenciones eran ya muy importantes antes del 11 de Marzo: 35% para la soja, 32% para el girasol, 28% para el trigo, 24% para el maíz. También había retenciones, aunque menores para las exportaciones de carnes y productos lácteos.

El exportador, a su vez, para cubrirse paga precios más bajos a los productores en el mercado interno cuando adquiere los productos. En definitiva, la retención recae sobre productores, que reciben menos dinero. En realidad se trata pura y simplemente de un impuesto.

El Gobierno argentino, sin consultar al Parlamento, sin siquiera una discusión a nivel político, eleva en el mes de Marzo las retenciones a promedios (ya que son móviles) de 44,1% (que pueden llegar hasta el 49%) para la soja, 39,1% para el girasol, 27,1% para el trigo y 24,2% para el maíz. También se incrementaron las “retenciones” a la exportación de carne vacuna (del 5% al 15%) y se rebaja la que afectaba a los productos lácteos (del 15% al 10%).

La piedra del escándalo fue la soja, en efecto los altísimos precios que se pagan en el mercado internacional han convertido a la soja en el producto estrella del campo argentino y muchísimas explotaciones agrarias se han volcado al cultivo de esta leguminosa. Este cultivo –que además crea una cadena de actividades conexas– ha traído al campo argentino y a los alicaídos pueblos del interior un bienestar y un progreso como no se conocían desde hacía décadas... y mucho dinero para los grandes productores, muy especialmente para los terratenientes y para el Estado, a través de las retenciones.

En efecto se comenzaron a cobrar precios extraordinarios por los arrendamientos de campos y los terratenientes argentinos comenzaron a soñar quizás con volver a las épocas en que las banderas argentinas ondeaban en los Campos Elíseos –en París– para las fiestas patrias.

Pero estaba el Estado y las retenciones, que eran –para la soja– de un 25% en 2002 comenzaron a aumentarse, hasta llegar al nivel explosivo del 44,1% (promedio) con la resolución del 11 de Marzo de 2008.

Es decir que por cada 1.000 pesos que debía percibir el productor, el Estado se queda con 440 y con el saldo el productor debe pagar todos sus insumos (fletes, labores, semillas, fertilizantes, etc...) en medio de una significativa inflación de costos. Además, por supuesto debe pagar el Impuesto a las ganancias y a los demás gravámenes nacionales, provinciales y municipales. Si el productor es propietario de la tierra, todavía genera un margen de beneficio respetable, pero si es arrendatario y debe pagar la renta del suelo al terrateniente, su margen se ve drásticamente reducido, se ve proletarizado, para decirlo de alguna manera. Cuando se incrementan las retenciones, el estallido era previsible. Los terratenientes también se oponen a las retenciones –quieren ganar más– pero para los arrendatarios –sobre todo para los pequeños– es casi una cuestión de supervivencia y a su protesta se unen miles de argentinos en el interior del país, que ven como el Estado confisca su fuente de bienestar, además, sin consultar a nadie y sin coparticipar a las provincias, pues a diferencia del impuesto a las ganancias, las retenciones se las queda íntegramente el Gobierno nacional.

La filosofía de las retenciones se basa en algunas semi verdades y en unas cuantas falacias. La primera semi verdad es que los costos internos son menores que los internacionales. Esto fue así cuando la gran crisis del año 2001, pero las cosas han cambiado y la inflación de costos desde entonces hasta ahora es notable. No existe justificación para que el Estado retenga el 44,1% de cada dólar, con el argumento de que los costos del productor “son bajos”. Eran bajos, que es muy distinto.

Hay también varias falacias: una, que con esto se combate a la oligarquía terrateniente. Por supuesto, las retenciones afectan a la renta fundiaria. Ello es evidente, aunque en realidad los terratenientes se limitan a ganar menos, que nunca es agradable, pero las verdaderas víctimas de las retenciones son los arrendatarios, que no perciben renta fundiaria, sino que la pagan.

Otra falacia es que hay que “deprimir el cultivo de soja” porque si no Argentina se dirigirá hacía el monocultivo. Primero que hay muchos campos en los que no se puede cultivar soja, segundo que la diversidad en la producción agraria ha sido una constante en la historia argentina: el lino, por ejemplo, que era un cultivo esencial, ha desaparecido. En tercer lugar –last but not least– que si exportar soja es el gran negocio, lo que hay que hacer es –con su producido– comprar otros productos que falten y no atacar el cultivo de la misma.

¿Qué es lo que hará el Gobierno argentino? Es difícil decirlo. Nosotros podemos decir lo que debería hacer: en primer lugar, suprimir las retenciones. Pero si se limitara a hacer esto, el espacio económico que dejaría libre el Estado, sería inmediatamente ocupado por los terratenientes: se incrementaría aún más el precio de los arrendamientos. Por ello, paralelamente a la supresión de las retenciones, debe gestionar el incremento de los impuestos a la tierra a nivel comunal e implementar un gravamen federal a la renta del suelo libre de mejoras, en régimen de coparticipación con las provincias. Un impuesto cuyo sujeto imponible debería ser el propietario de tierras.

Ello produciría una caída en los valores del suelo y facilitaría el acceso de los productores a la tierra. Este y no otro es el cambio que Argentina necesita y que podría volver a convertirla en el granero del mundo, como lo fue en los años veinte del siglo pasado, cuando todavía había tierra barata y tierra libre y cuando su Producto Interior Bruto (promedio) era casi igual al del Reino Unido. Lo indudable es que la soja ha sido un puntal del resurgimiento argentino: si se exportan los 50 millones de toneladas que se esperan de la actual cosecha ingresarían al país 21.400 millones de dólares. Hay muchas cosas – no solo dinero– en juego y hay que proceder con tacto y prudencia.

Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade.

Ilustración de Patrick Thomas