JOSEP FONTANA

En el actual desguace del Estado del bienestar le ha tocado el turno a la educación pública, y en primer lugar a la superior. En Italia la reforma Gelmini se propone eliminar un gran número de profesores y reducir considerablemente los fondos destinados a la universidad y a la investigación. Ante las protestas de estudiantes y profesores, Berlusconi ha manifestado: “Los verdaderos estudiantes se sientan en su casa y estudian, los que salen a las calles son alborotadores”. El otro foco de protestas ha sido Gran Bretaña, donde una propuesta semejante va acompañada del anuncio de una subida brutal de las tasas universitarias, que dejaría la educación superior reducida a un privilegio para los hijos de las clases elevadas.

El asalto no se refiere solamente a las universidades. En Estados Unidos –y es bueno fijarse en lo que ocurre allí, porque es el anuncio de lo que nos puede llegar pronto– la escuela publica está siendo atacada por dos caminos distintos. En primer lugar, por la necesidad de reducir el gasto. Michael Bloomberg, el multimillonario alcalde de Nueva York, ha puesto al frente de sus escuelas a Cathleen Black, presidenta del grupo Hearst (que edita publicaciones como Cosmopolitan o Marie Claire), una ejecutiva sin ninguna preparación en el terreno de la educación, que ya ha anunciado que su tarea se va a centrar en reducir el gasto del sistema escolar público, que es el que usan los pobres. Bob Herbert, que sitúa estos hechos en el contexto de una Norteamérica en que coinciden el mayor paro y los mayores beneficios de las empresas financieras, advierte: “La guerra de clases de la que nadie quiere hablar sigue sin pausa”.

Hay una segunda línea de ataque, en que participa activamente la Bill and Melinda Gates Foundation, que combate la escuela pública como ineficaz, sin tomar en cuenta la pobreza de recursos con que funciona, y acusa de ello a los sindicatos del profesorado, que se niegan a aceptar el despido de los maestros menos capacitados. Su alternativa son las charter schools, que están “exentas de reglas locales o estatales que inhiben una administración y gestión flexibles”.

Lo que estos planteamientos suelen ocultar es que, detrás de los argumentos de coste y eficacia, hay el propósito de combatir una enseñanza independiente y crítica, que se pretende reemplazar por otra que inculque valores patrióticos y conformismo social. James Loewen explica, en su libro Lies My Teacher Told Me, que los profesores norteamericanos tienen que ir con cuidado cuando hablan en clase de temas como, por poner un ejemplo, la guerra de Vietnam. “He entrevistado a profesores de Enseñanza Secundaria que han sido despedidos, o han recibido amenazas de despido, por actos menores de independencia como los de proporcionar a los alumnos materiales que algunos padres consideran discutibles”. Lo cual, sabiendo que nadie va a acudir a defenderles, les empuja a “la seguridad de la autocensura”.

Las bibliotecas son otro escenario de esta lucha. No sólo las de las escuelas –donde la Asociación de bibliotecarios de Estados Unidos ha denunciado que basta con la queja de un solo padre para eliminar un libro–, sino las públicas en general. Kurt Vonnegut ha elogiado a aquellos bibliotecarios que “han sabido resistir enérgicamente a los energúmenos que han tratado de eliminar ciertos libros de sus estantes y que han destruido los registros de los lectores antes que revelar a la policía del pensamiento los nombres de las personas que los han consultado”.

En un sentido semejante va la decisión del actual Gobierno pospinochetista chileno de disminuir las horas de Geografía, Historia y Ciencias Sociales en las enseñanzas Primaria y Secundaria, que ha provocado manifestaciones de protesta de profesores y estudiantes. O el menosprecio por la presencia de las Humanidades en la universidad, que ha llevado a un crítico de Not for profit –el libro en que Martha C. Nussbaum sostiene que la enseñanza que desarrolla un pensamiento crítico es necesaria para la supervivencia de la democracia– a realizar afirmaciones como la de que “los académicos emplean su tiempo y energía escribiendo monografías ilegibles sobre temas sin interés alguno”.

La tendencia, tanto en la escuela como en la universidad, apunta en la dirección de limitarse a ofrecer una formación que se dedique a preparar para el ingreso inmediato en la empresa. Se trata de consolidar el tipo de “currículum oculto” de que habla Henry A. Giroux por el que “la clase dominante se asegura la hegemonía”, transmitiendo “formas de conocimiento, cultura, valores y aspiraciones que son enseñadas, sin que nunca se hable de ellas o se expliciten públicamente”.

Todo lo cual debería llevarnos a reflexionar sobre las motivaciones que hay detrás de estas políticas. La idea de que sólo se puede combatir el déficit por el procedimiento del recorte del gasto social, ha escrito hace pocos días el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “es un intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad del sistema de impuestos y disminuir el papel y el tamaño del Gobierno mientras se dejan determinados intereses establecidos, como los del complejo militar-industrial, tan poco afectados como sea posible”.

La educación pública es una parte esencial de nuestros derechos sociales y una garantía del futuro de nuestras libertades.

Josep Fontana es historiador

Ilustración de Jordi Duró