Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

Parece, a primera vista, una paradoja que uno de los grupos de la población que votó más a favor del Partido Popular ha sido el de los pensionistas, precisamente uno de los grupos poblacionales más perjudicados por las reformas que se han realizado durante estos años en los que tal partido gobernó España. Tales reformas continúan teniendo un impacto devastador en los beneficios que reciben estas personas a través de la Seguridad Social. Una de las causas de tal paradoja es la baja calidad de los medios a través de los cuales la población, incluyendo los ancianos, recibe información. Estos medios se caracterizan por su escasísima diversidad, dominados en su gran mayoría (en el caso de los medios públicos) por partidos políticos de persuasión neoliberal o socioliberal, o por intereses financieros, es decir, los bancos, a los cuales deben gran cantidad de dinero y a los que no quieren antagonizar (en el caso de los medios privados). Estos intereses financieros no desean que se conozca lo que está pasando con las pensiones públicas en este país, pues son ellos (y a través de su claramente excesiva influencia sobre el Estado y sobre los partidos neoliberales y conservadores, como el Partido Popular) los que han liderado el mayor ataque frontal a las pensiones públicas que se conoce en la Unión Europea de los Quinze (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Y aquellos que crean que esta frase es una exageración, les aconsejo que vean los datos.

España es el país de esta comunidad europea que tiene unas pensiones más bajas y que las verá reducirse más marcadamente en los próximos años, de manera que si la pensión cubría en el año 2011 (cuando el gobierno Rajoy inició su mandato) como promedio el 72,4% del salario que el pensionista recibía cuando trabajaba, será el 56% en el 2060 (según la Organización Internacional del Trabajo), una de las bajadas más intensas en la UE-27. El impacto de las reformas iniciadas por el PSOE y desarrolladas al máximo por el PP, es devastador, pues, a partir de ellas, las pensiones no se actualizan para mantener la capacidad adquisitiva de los pensionistas, ya que no se corrige la pensión según la inflación. En su lugar, el gobierno Rajoy diseñó una fórmula que discrimina a los pensionistas de mayor edad, de manera que, a mayor edad, mayor reducción de las pensiones. Es importante señalar que esto ya se está aplicando. Lo que ocurre es que los pensionistas no lo han notado todavía porque estamos en un periodo de deflación, una situación atípica, pues la inflación en la mayoría del periodo anterior a la deflación ha sido siempre mayor en España que el promedio de la UE.

El silencio, cuando no ocultación, de los medios

Estas reformas y sus consecuencias apenas han salido en los mayores medios de información y persuasión del país. En su lugar, tales medios presentan una visión idealizada de las pensiones públicas, presentándolas como exuberantes, pagadas, además, por los jóvenes, a los cuales se les informa que, debido a tales exuberancias, las pensiones públicas no sobrevivirán y colapsarán, dejándoles a ellos sin ninguna pensión. Se estimula así un conflicto etario, presentando a los ancianos como explotadores de los jóvenes. Un ejemplo de ello es un programa reciente de la televisión pública catalana, TV3, controlada por el partido de sensibilidad liberal, Convergència Democràtica de Catalunya (ahora Partido Demócrata Catalán), que ha gobernado casi siempre en Catalunya (excepto en los años del tripartito). En tal programa sobre las pensiones (“30 minuts”, 03.07.16), uno de los entrevistados (la mayoría de los cuales eran próximos, cuando no representantes, a la banca y a las Fundaciones establecidas y financiadas por la misma, como FEDEA) añadió que las pensiones públicas son las más generosas, no solo de la UE, sino nada menos que del mundo (sí, lee bien, del mundo), lo cual no es cierto y se puede mostrar fácilmente.

Pero esta situación es aún peor, pues los porcentajes de sustitución de las pensiones se calculan sobre el nivel salarial promedio que en España es, por cierto, de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15). Los indicadores adecuados para tales comparaciones son los que comparan la capacidad adquisitiva de los ancianos pensionistas, viendo qué es lo que una persona anciana, tras 35 años de trabajo, recibe del Estado, en España, y en los otros países de la UE-15. Verán, si lo hacen así, que esta cifra (consecuencia del escaso nivel de su salario) es de las más bajas de la UE-15. En realidad, España se gasta en pensiones mucho menos de lo que debería gastarse por su estructura demográfica (que es muy semejante al promedio de la UE-15) y por su nivel de riqueza. El gasto actual en pensiones de jubilación es un 7,8% del PIB según EUROSTAT, uno de los más bajos en la UE-15. De todo esto, el programa de TV3 no dijo nada, tal como era predecible. En realidad, la mayoría de argumentos que se utilizan para defender la postura neoliberal de que hay que reducir las pensiones son argumentos que no se sustentan en base a la evidencia científica existente.

La falsedad del determinismo demográfico

Es casi imposible leer un artículo sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones de jubilación sin que aparezca el argumento de que la transición demográfica que estamos viendo en nuestros países, con un número cada vez mayor de ancianos y un número menor de jóvenes (que supuestamente deberían pagar las pensiones públicas de los primeros), está creando un problema gravísimo que hará imposible mantener tales pensiones. Este argumento se repite constantemente. No deja de ser paradójico que este argumento se esté utilizando ahora también, cuando España está exportando más y más jóvenes, resultado de la enorme crisis que está viviendo, situación que es más que probable que continúe. España no tiene un problema de falta de jóvenes. El problema es la falta de trabajo para los jóvenes.

Ahora bien, supongamos que todos los jóvenes estén trabajando y ninguno tenga que irse de España para conseguir trabajo. ¿Sería entonces cierto y válido el argumento de que a menos trabajadores, menos aportaciones a la caja de la Seguridad Social para los jubilados? La respuesta también sería que no. En realidad, existe hoy una percepción bastante generalizada de que tenemos un problema grave con la introducción de robots, que están sustituyendo a los trabajadores. Según esta tesis, habrá en el futuro un superávit de trabajadores y, en parte, el aumento del desempleo será resultado de las nuevas tecnologías, sustitutas de los trabajadores. Tales nuevas tecnologías están, supuestamente, incrementando la productividad, de tal manera que lo que hacían antes veinte trabajadores, ahora lo hace uno. Siguiendo el mismo argumento, se puede y debe argumentar que, si antes se necesitaban tres trabajadores para pagar la pensión de un jubilado, dentro de cincuenta años se necesitará sólo el cuarto de un trabajador para sostener a un jubilado.

No se puede argumentar, por un lado, que nos faltarán trabajadores y, por el otro, indicar que va a haber un exceso de trabajadores debido a los robots y otras tecnologías. Es más, la robótica no necesariamente destruye puestos de trabajo pues, que lo haga o no, depende de varios factores, siendo uno de ellos la demanda de productos producidos por la robótica, la cual puede depender, no sólo de los salarios de los trabajadores, sino también del nivel y del número de pensiones. A mayor nivel de pensiones y mayor número de pensionistas, mayor es la demanda de productos y servicios, y, con ello, mayor estímulo económico y mayor creación de riqueza. El mayor crecimiento de la productividad en EEUU fue durante el periodo post II Guerra Mundial, 1947-1975, cuando el crecimiento de la demanda fue mayor (debido a la expansión salarial y del Estado del Bienestar), mostrando que no es la tecnología en sí, sino el contexto en el que opera, lo que explica que la tecnología puede o no incrementar la productividad (para una crítica de la revolución digital y su supuesto impacto, ver mi artículo “La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado”, Público, 12.07.16).

¿Qué debería hacerse?

El mayor peligro para las pensiones públicas han sido las políticas neoliberales (y, muy en especial, las reformas laborales) que, además de destruir empleo, han causado un enorme deterioro del mercado de trabajo, con un gran bajón de los salarios y un gran aumento de la precariedad, cambios que falsamente se presentan como consecuencia de la revolución digital, cuando, en realidad, son resultado de la contrarrevolución neoliberal y socioliberal. Las reformas liberales iniciadas por el PSOE y expandidas por el PP, con la aprobación de Convergència Democràtica de Catalunya y Ciudadanos, significaron un ataque frontal a las pensiones. De nuevo, el programa de TV3 no dijo ni pío de ello. La necesidad más importante para garantizar las pensiones en España es alcanzar el pleno empleo con salarios altos, lo cual es posible si hay voluntad política. Si hubiera en España el mismo porcentaje de población (hombres y mujeres) que trabaja que en Suecia, y tuvieran los mismos salarios y la misma carga fiscal, no tendríamos ningún problema para sostener las pensiones. La reducción de los salarios y la precarización de la población trabajadora (que han estado ocurriendo durante los años del gobierno Rajoy, consecuencia de sus políticas) han significado una enorme amenaza a la viabilidad del sistema de pensiones públicas.

La necesidad de redistribuir las rentas como medida de apoyo a las pensiones

Debería ser obligatorio que las cotizaciones sociales para las pensiones fueran progresivas, de manera que los dirigentes del IBEX-35 cotizaran a la Seguridad Social un porcentaje de sus salarios, si no superior, al menos igual al que cotizan sus empleados. Ello es necesario, no solo por razones de equidad financiera (corrigiendo la falta de progresividad en las cotizaciones sociales), sino por consideraciones de justicia social. La explotación que existe en el actual sistema de pensiones no es el tan manoseado conflicto etario, sino el conflicto social. Es injusto que, en términos proporcionales, la persona de limpieza de los edificios dirigidos por los directivos y gestores del IBEX-35 pague más a la Seguridad Social que los dirigentes que pertenecen a una clase social que vive, como promedio, ocho años más que la persona de limpieza. Así, el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aprobado por el PP y por el PSOE, significa que la persona de limpieza tiene que trabajar dos años más para pagarles sus pensiones a los dirigentes del IBEX-35, que vivirán ocho años más. Ello significa una injusticia enorme, de la cual los medios mantienen un silencio ensordecedor.

Las cantidades que se podrían obtener para las pensiones si el pago por cotizaciones sociales se corrigiera para ser más progresivo podría alcanzar la cifra de más de 7.500 millones de euros al año. ¿Por qué no se hace? La respuesta es fácil de entender: los ricos tienen mucho más poder político y mediático que los demás, y mucho más que los pobres.

Lo que la banca prefiere es indicar que las pensiones públicas son insostenibles, y de ahí que promueva que la gente joven se vaya rápidamente a la banca y a las compañías de seguros para hacerse un plan de pensiones privado. Y, por si fuera poco, piden al Estado que les paguen un subsidio de más de 2.000 millones de euros al año para sostener tales pensiones. Este subsidio público –que podría ir a enriquecer las pensiones públicas- es la exención fiscal que no se paga al Estado para estimular la privatización de las pensiones. Hay que tener en cuenta que las pensiones privadas son mucho más vulnerables que las públicas, como se ha visto en la crisis financiera actual, que tuvo un efecto devastador en tales pensiones, quedando los beneficios prácticamente anulados para millones y millones de personas.

El silencio mediático se ha roto hace unos días. El saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Este silencio sobre el ataque a las pensiones se rompe de vez en cuando, y las últimas noticias muestran que el gobierno Rajoy ha estado sacando dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 8.700 millones, para poder pagar la paga extra de julio a los pensionistas, hecho que se conoció en los días siguientes al día de las elecciones del 26 de junio, pues el gobierno Rajoy quiso ocultarlo hasta el último momento. Este gobierno ha reducido este Fondo durante su mandato, creando un agujero de nada menos que 41.600 millones, alrededor del 4% del PIB, según el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y la pregunta que debe hacerse es: ¿hubieran los pensionistas votado al gobierno Rajoy si hubieran conocido todos estos datos presentados en este artículo?

Unidos Podemos y PSOE introdujeron reformas que iban en la buena dirección, en el intento de resolver el gran problema de las pensiones (aunque las de Unidos Podemos eran más realistas y ambiciosas que las del PSOE). Entre ellas, ha tenido más visibilidad la propuesta de financiar las pensiones, sobre todo las no contributivas, con fondos generales del Estado, siguiendo las huellas de varios países (como Dinamarca) que financian las pensiones públicas a través de las contribuciones del Estado.

Es necesario, sin embargo, que exista un cambio sustancial en el origen de los ingresos al Estado (sea este central, autonómico o municipal) antes de realizar tal medida, pues hoy la gran mayoría de los ingresos deriva de las rentas del trabajo, rentas que, por cierto, han disminuido como porcentaje de las rentas totales, a costa de un crecimiento de las rentas del capital, que ha alcanzado unos niveles sin precedentes. Hoy, en España, las rentas del capital han alcanzado casi la mitad de las rentas totales del país, un hecho no conocido hasta ahora. La pobreza del Estado del Bienestar en España se basa, precisamente, en este hecho, en la excesiva dependencia que los ingresos al Estado tienen de las rentas del trabajo, que han ido disminuyendo y disminuyendo (mientras que las rentas del capital –que pagan muchos menos impuestos- han ido aumentando). De ahí que sea imperativo que las rentas del capital sean gravadas, al menos, al mismo nivel que las rentas del trabajo, aunque sería preferible que, para reducir las enormes desigualdades existentes en España, se gravasen incluso más que las derivadas del mundo del trabajo. Esto corregiría el enorme déficit de ingresos al Estado y de las transferencias (como las pensiones), así como de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre otros), todos ellos muy poco financiados en España.