GONZALO BOYE TUSET

Criticar las actuaciones y resoluciones judiciales entra dentro del ámbito de la participación ciudadana y del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el límite a dicha crítica ha de situarse en el insulto y la descalificación personal que, cuando concurren, representan lo que bien se puede denominar como ataque a la función jurisdiccional y, sobre todo, a la independencia que ha de presidir el proceder de jueces y tribunales; todos tenemos el derecho de criticar la actuación de los distintos poderes del Estado, pero lo que resulta preocupante e intimidante es que sectores no deliberantes del propio andamiaje estatal se dediquen a atacar a aquellos jueces cuyas resoluciones no les gustan o son discrepantes de sus propios intereses o doctrinas.

Cuando Latinoamérica se veía azotada por el fenómeno dictatorial, se estableció como misión prioritaria que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los distintos Estados recuperasen su condición de “sectores no deliberantes”, es decir, que volviesen a ser parte fundamental del Estado pero sin capacidad de intervención ni opinión en cuanto a la actividad de los diversos poderes públicos. Si las democracias se han ido consolidando en esa tierra ha sido, sin duda, por el éxito conseguido en devolver el carácter de “no deliberantes” a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Preocupa que, después de 33 años de vigencia del actual texto constitucional, en España aún no se haya conseguido plenamente que todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad tengan ese carácter “no deliberante” y comprendan y asuman plenamente sus funciones de protección, en el respeto, del Estado de Derecho; sirva como ejemplo de lo expuesto el visceral ataque que ha sufrido en los últimos días el juez Santiago Pedraz, quien, si se caracteriza por algo, es por ser independiente. Sobran el resto de epítetos proferidos en su contra desde diversas organizaciones sindicales de la Policía y la Guardia Civil.

Los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como tales, no pueden ni deben entrar en el debate ni en la crítica de las resoluciones adoptadas ni por los jueces ni por los distintos poderes del Estado; cuando se aventuran a ello están trasgrediendo normas básicas que regulan el Estado democrático, y la permisividad institucional hacia tales comportamientos es algo que, más temprano que tarde, terminará por pasar factura.

Impedir la gestación y consolidación de movimientos “deliberadores” al interior de los cuerpos y fuerzas de seguridad fue una tarea prioritaria en los primeros años de la transición pero, a la vista de los recientes ataques llevados a cabo por representantes policiales –Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP) y Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)– es evidente que ese inicial esfuerzo ha sido abandonado tempranamente o ha concluido en un auténtico fracaso cuyas consecuencias no tardarán en percibirse; hoy atacan y pretenden amedrentar al juez Pedraz, quién sabe si mañana solicitarán su expulsión de la carrera judicial o, incluso, la destitución de un ministro o del propio presidente del Gobierno. Estas cosas se sabe dónde comienzan pero no dónde terminan.

Discrepar de una resolución judicial es algo que todos podemos hacer, y como abogado suelo hacerlo varias veces al día, pero afirmar de un juez que es un “típico pijo-rojo de los años ochenta que no acaba de entender lo que es el terrorismo” (SUP) o desear que para una mejor comprensión del fenómeno del terrorismo los jueces “... lo tendrían que sentir en sus propias carnes” (UOGC), es algo que excede de lo que es la crítica a una actuación determinada y se adentra en un proceso “deliberativo” que corresponde al Ejecutivo corregir y cercenar para impedir que ese comportamiento contrario a las funciones propias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se consolide como regla de conducta y consigan lo que en este caso pretenden, que no es otra cosa que el juez Pedraz “... se vaya a un tribunal ordinario donde no tema represalias” (UFP).

Creemos que lo sucedido en estos días –el ataque sin precedentes a un juez por parte de Policías y Guardias Civiles– no es un hecho aislado, sino un sentir compartido de algunos sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que pretenden ser reguladores no ya de las actuaciones policiales, sino, además, de las de otros poderes del Estado con una concepción de la configuración nacional que dista mucho de ser aquella establecida en el texto constitucional de 1978. Básicamente estamos ante un movimiento concertado de diversos estamentos policiales y de seguridad que están tratando de indicar no ya sus posturas, que pueden tenerlas, sino sus intenciones de hacerlas valer incluso a riesgo de resquebrajar las cadenas de mando, las estructuras constitucionales y la separación de poderes.

Que este tipo de comportamientos y ataques a la judicatura se consoliden depende, exclusivamente, de la capacidad que tenga el Ministerio del Interior y, en definitiva, el Gobierno, para comprender la gravedad del fenómeno y la necesidad de enfrentarlo de forma radical para evitar su consolidación; las funciones institucionales y los poderes del Estado están perfectamente delimitados en la carta constitucional, y el ataque personal y personalizado a un representante determinado de un poder constitucional es inadmisible y merece, incluso individualmente, su reprobación. Pero cuando estamos ante un comportamiento aparentemente coordinado desde diversos sectores, entonces es el momento de comenzar a preocuparse y, una vez comprendida la gravedad del problema, actuar.

En resumidas cuentas, la consolidación de una democracia pasa no sólo por la evolución de las fuerzas armadas y la asunción de su carácter no “deliberante”, sino que también tiene una elevada relevancia que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se empapen de los valores constitucionales y actúen dentro del más estricto respeto de la legalidad ordinaria y constitucional. Se trata de un problema cultural y, como todas las transformaciones en ese ámbito llevan años, lo mejor es iniciar la tarea cuanto antes.

Gonzalo Boye Tuset es abogado

Ilustración de Jaime Martínez