El riesgo de caer en situación de dependencia afecta a todas las personas, pero sólo una ínfima minoría tiene los medios económicos necesarios para cubrirlo de forma individual. ¿Quién puede permitirse una residencia privada? Su coste mensual medio ronda los 2.000 euros (sin contar extras), y la pensión contributiva media de las personas mayores de 85 años es de 786,67 euros. El máximo de la prestación económica vinculada al servicio (PEVS) para el grado máximo de dependencia es de 715,07. Echemos las cuentas.

El resultado es que solo el 13% de las personas dependientes se benefician de la PEVS. Otra minoría (el 18%) accede a una residencia pagada directamente por el sistema (muchísimas de ellas "concertadas", o sea privadas). Pero la mayoría de los casos se "resuelven" mediante la concurrencia necesaria de una cuidadora familiar 24 horas: el 36% mediante una prestación por cuidados en el entorno familiar (PCEF), el 23% por la ayuda a domicilio pagada por el sistema (y generalmente prestada por empresas privadas), y en muchos otros casos sin prestación.

Contratar a una o a varias empleadas de hogar también está fuera del alcance de la inmensa mayoría. Solamente un 6% de las familias con personas dependientes recibe ayuda remunerada por más de 20 horas semanales, y aún serían muchas menos si este empleo gozara de los derechos básicos que concede el Estatuto de los Trabajadores y la Seguridad Social al resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena.

¿Qué decir de las cuidadoras familiares? Ahora que el salario mínimo es objeto de atención, afortunadamente, conviene recordar que la PCEF está sujeta a un tope de 387,64 euros/mes. Esas mujeres cuidan 24 horas al día durante los 365 días del año, sin ni siquiera el respiro de un par de horas diarias que les proporcionaría la atención a domicilio (ambas prestaciones son incompatibles). Aparte de no tener derechos como jornada máxima, descanso diario y semanal o vacaciones pagadas, ¿a cuánto le sale la hora a la cuidadora familiar? Es fácil calcular y comparar.

La situación de las cuidadoras familiares 24 horas está por debajo de todos los derechos humanos y laborales. Quitarles encima el reconocimiento de estos periodos como cotizados fue de una insensibilidad incalificable. Pero darlas de alta en la seguridad social para la pensión (no para el desempleo) no las libera de su situación de trabajadoras sin derechos, a la cual acuden presionadas por la necesidad y empujadas por el sector público que las contrata, aunque no las llame trabajadoras.

En conclusión, el sistema actual es tremendamente injusto, tanto con las mujeres que se ven obligadas a cuidar en condiciones infrahumanas como con las personas dependientes que no son atendidas suficientemente.

Este sistema no es gratis ni mucho menos. Además del gasto en prestaciones, hay que contar el creciente gasto en desgravaciones relacionadas con la dependencia (ya 1.711 millones para dependientes mayores de 65 años en 2016), solamente al alcance de quienes tienen de dónde deducirse, que no son quienes más lo necesitan. Otro elemento clasista del sistema.

La buena noticia es que hay solución. El Instituto de Estudios Fiscales ha realizado un estudio (por las investigadoras Rosa Martínez, Mercedes Sastre y Susana Roldán) en el que se estiman las necesidades reales no cubiertas de atención a mayores de 65 años, utilizando datos de encuestas y tomando como referencia la atención proporcionada por el sistema sueco. En base a todo ello, se calcula el coste que supondría cambiar del sistema actual a un sistema basado en el derecho universal a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos (financiación y provisión pública).

Los resultados de este estudio son espectaculares: el incremento presupuestario neto total sería de 5.700 millones de euros. Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se reconvertirían los actuales empleos precarios en empleos públicos.

El estudio también estima que el erario público recuperaría casi 4.500 millones de euros solamente por el aumento de cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados directamente por el sistema; sin contar la contribución de otros nuevos empleos indirectamente relacionados ni la de aquellos a los que podrían acceder las mujeres que hoy no tienen empleo a tiempo completo por razones de cuidado. Hay que subrayar que estos nuevos empleos serían dignos y no contaminantes, lo que es crucial si queremos evitar, o mitigar, el colapso al que nos dirigimos por el cambio climático.

Las conclusiones de este estudio, publicado en la web del IEF (Papel de Trabajo 5/2018), no han sido rebatidas, pero tampoco han sido muy celebradas ni utilizadas, salvo por algunas asociaciones feministas y de trabajadoras del sector. Por tanto, es obligado preguntarse: ¿cuál es el problema? ¿Cómo es posible este silencio ante la noticia de que es posible construir un sistema que atienda las necesidades, que asegure los derechos y que contribuya a la transición ecológica?

La respuesta es simple. En primer lugar, aunque el incremento presupuestario es perfectamente abordable, exige mantener el sistema de impuestos y aumentar su progresividad. Pero los partidos de derechas no hacen más que prometer bajadas generalizadas de impuestos, que sistemáticamente resultan mayores para las rentas altas y reducen la recaudación. Nos prometen que se ocuparán de la atención a la dependencia, ¿pero cómo? Sobre todo aumentando las desgravaciones por seguros privados y por cuidar a dependientes en el hogar, así como las prestaciones por utilización de servicios. Instrumentos que, como hemos visto, benefician sobre todo a la misma minoría de rentas altas. Así, esta minoría paga cada vez menos y se beneficia cada vez más.

La patronal de la dependencia va en la misma línea, a juzgar por sus propuestas: priorizar la prestación económica vinculada al servicio, aumentar la colaboración público-privada, más incentivos fiscales para la contratación de servicios residenciales y de seguros privados... Ni que decir tiene que la mayor amenaza para estos empresarios/inversores sería la apuesta por un sistema completamente público, con provisión pública, con empleo totalmente público; igual que la educación y la sanidad públicas.

En resumen, las rentas altas y la patronal de la dependencia, no son ajenas entre sí, y desde luego sus intereses coinciden. Ese es el problema, el gran problema. La disyuntiva fundamental no es la de si se dedica más o menos dinero a la atención a la dependencia porque, como hemos visto, el dinero se puede dedicar muy mal. La disyuntiva es si se cambia el sistema.

¿Quién apostará por una atención a la dependencia justa? Dos condiciones son necesarias. La primera es la independencia respecto a estas fuerzas que se oponen al cambio; no pertenecer a esas rentas altas (o poner los derechos de la mayoría por encima del propio beneficio); no tener intereses en el negocio; y no deberle nada a quienes indudablemente tratarán por todos los medios de impedir el cambio.

La segunda condición es tener sensibilidad social, lucidez y valentía para distanciarse de los eslóganes neoliberales y patriarcales con los que se pretende justificar el sistema actual: el eslogan de la libertad de elegir para justificar los servicios privados; el eslogan del deseo de las personas dependientes y de las cuidadoras para justificar la falta de alternativas al cuidado en el hogar.

Repitamos: la inmensa mayoría de la población no puede elegir una residencia, y menos de calidad, porque no podrá pagarla. Las cuidadoras familiares no pueden elegir mantener su empleo porque no hay servicios públicos suficientes y de calidad. Muchas personas dependientes están desatendidas. Basta con mirar profundamente para ver la urgencia del cambio. Sin duda, el partido que lo impulse tendrá el apoyo de la mayoría de la ciudadanía.