¿Cuándo y dónde ha oído usted hablar últimamente sobre la situación de la atención primaria en España? ¿Cuándo supo de un debate parlamentario sobre ese servicio donde se tratan el 70% de las enfermedades? Quizá ha escuchado quejarse a algunas personas por tener que ir vacunarse a un hospital a decenas de kilómetros de sus domicilio y esperar tres o cuatro horas de pie en una cola infinita. Tal vez le ocurrió, como a mí, y llamó a un teléfono durante horas para pedir cita para un familiar cercano que padecía de un problema de salud mental sin lograr respuesta Quizá como yo, desesperado, se presentó en el centro y no logró pasar de la puerta de entrada y le ofrecieron, para dentro de un mes, una cita virtual con un psiquiatra.

Las barreras de accesibilidad a los centros y la ruptura del vínculo médico/a-paciente han puesto en riesgo el derecho a una atención sanitaria adecuada, más preocupante para quienes precisan necesidades de salud particulares y con más tiempo de dedicación, como es el caso de quienes padecen trastornos de salud mental. Las mujeres podrían estar viéndose más afectadas por este incremento de los problemas de salud mental y las barreras en el acceso al sistema sanitario. La última Encuesta Nacional de Salud, publicada en 2018, ponía de relieve que las tasas de ansiedad y depresión entre las mujeres son el doble que en los hombres. Así, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña las mujeres representan un 70% de la población mayor de 15 años con ansiedad crónica, y un 73,6% en Castilla-La Mancha. Mi familiar es mujer.

Un año después del inicio de la pandemia, la atención primaria, puerta de entrada al sistema sanitario para la mayoría de las personas, sigue sin ser el centro de la respuesta a la Covid-19. A pesar de las promesas y declaraciones políticas que aseguran su importancia, ésta sigue marginada del debate político y escorada de la agenda mediática, que se centra en hospitales y vacunación (como si ésta no tuviera que ver con la Atención Primaria), mientras que el impacto de la falta de recursos lo seguimos sufriendo las personas. ¡Quién no ha tenido que esperar horas al teléfono del centro de salud para recibir finalmente una cita para, en el mejor de los casos, la semana siguiente!

La lamentable situación de estos centros, cercana al abandono y al colapso, no viene de ahora. En Madrid, localidad donde yo vivo, se ha reducido casi un 12% el gasto sanitario destinado a la atención primaria entre 2009 y 2018. Y mientras la Organización Mundial de la Salud lleva doce años recomendando reforzar la atención primaria hasta llegar al 25% del total del gasto sanitario, Madrid cerraba en los primeros meses pandémicos 21 centros y 87 consultorios locales. Por no hablar del personal médico de atención primaria por cada 1.000 habitantes, que a nivel de todo el Estado ha pasado de un 0,74 en 2009 a 0,77 en 2018, mientras que en países europeos no muy ricos, como Portugal, la ratio es de un 2,6 e Irlanda del 1,82. “Spain is different” también en salud y atención primaria.

Como este familiar, otras personas padeciendo enfermedades crónicas como cáncer, se enfrentaron y se enfrentan al reto de ser tratadas de sus dolencias. Las dificultades de acceso a centros de salud, la falta de medios suficientes y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de personas con patologías no-COVID en la respuesta a la crisis, ha provocado su discriminación indirecta.

Y no es opcional para los Estados garantizar el acceso a la salud. Las autoridades sanitarias tienen obligaciones internacionales en materia de respeto, protección y cumplimiento del derecho a la salud, que permanecen vigentes aún en tiempos de pandemia. En este sentido, las autoridades sanitarias a nivel estatal y las de las tres Comunidades Autónomas estudiadas en el informe "La Otra Pandemia" – Castilla La Mancha, Catalunya y Madrid- han desoído recomendaciones de la OMS y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud orientadas a reforzar de manera adecuada la atención primaria para garantizar la atención sanitaria a todas las personas.

Un tiempo después del comienzo de la pandemia, y porque en casa nos lo podemos permitir, este familiar cercano empezó a ser tratado por una psiquiatra particular pero... ¿Qué pasa con todas esas personas enfermas, y sus familias que solo pueden y deben ser atendidas por el sistema público de salud? ¿Quién trata con eficacia a aquellos que, como describe en nuestro informe la médica Eva Mayor, de Barcelona padecen malestar emocional, ansiedad, y depresión en el contexto de una crisis social y económica que ya tenemos encima y que, en algunos casos, se acrecienta por situaciones de maltrato en el domicilio?

Es urgente, más si cabe en la actual campaña de vacunación, que se refuercen los equipos de atención primaria, que progresivamente se alcance un porcentaje de inversión del 25% del total del gasto sanitario público a la atención primaria y que el Ministerio de Sanidad defina indicadores que aseguren la evaluación de la capacidad asistencial de dicha atención en las Comunidades Autónomas y recomiende su fortalecimiento.

¿Puede haber un política pública sanitaria mejor que invertir recursos en un sistema que satisface más del 70% de las necesidades de salud de las personas a lo largo de su vida, y puede ser el más equitativo y eficiente, disminuyendo las desigualdades sociales y la mortalidad?