En España no es complicado ver desde el coche a una mujer aguardando para ser prostituida en medio de la noche, ni pasar por delante de un club de carretera, ni ser conocedor de la existencia de un local dedicado a la prostitución, pero ¿quiénes son estas mujeres? ¿cómo han llegado ahí? ¿con qué soñaban de niñas?. Y es que sí hay un denominador común para todas las ciudades del país es el contar con una zona dedicada a la prostitución; bien sean pisos, polígonos, carreteras o clubes: desde el paseo de Papalaguinda, en León, hasta la calle Montera, en el corazón de Madrid, se cuentan por miles las historias de mujeres que todos y todas vemos pero que son invisibles más allá de los manidos chascarrillos que solemos aceptar sobre este tema sin reparar demasiado.

Durante estos meses la crisis de la covid 19 nos ha dejado ver nuestras costuras. Al día de hoy podemos afirmar que vivimos en una sociedad más desigual de lo que pensábamos desde todos los puntos de vista, pero especialmente para aquellos y aquellas que ya antes de la pandemia eran invisibles, incómodas o directamente un problema asumible para la sociedad y las instituciones públicas. Una de esas realidades a las que me estoy refiriendo es la existencia de una industria sexual que, inevitablemente, colisiona con los derechos humanos.

Sin duda, estamos ante uno de los debates más complicados desde un punto de vista legislativo. No es una sorpresa que se trate de un tema que levanta ampollas y sobre el que existen multitud de posicionamientos. Evidentemente, esto responde a la complejidad que entraña la cuestión, en especial si aplicamos la mirada feminista; mirada que es siempre diversa, crítica y profunda. Además, partimos de la base de que carecemos de datos y de estudios de campo suficientes, lo que hace que las certezas sean escasas aunque sí suficientes para que el debate se plantee en términos abolicionistas.

Sin embargo, a veces el debate, el matiz, la palabra exacta nos hace caer en la parálisis; por eso es fundamental que encontremos los nudos de consenso y sobre ellos empecemos a hacer política legislativa. Uno de estos puntos puede ser el volver a incluir en el Código Penal la llamada tercería locativa. Este concepto no está incorporado en el Ordenamiento Jurídico, sin embargo está ampliamente aceptado que hace referencia a la responsabilidad penal en relación con los espacios dedicados a la prostitución. Se trata de un delito que ya estuvo tipificado en el Código Penal de 1973 cuyo artículo 452 bis disponía que: “El dueño, gerente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento. En las mismas penas, en su grado mínimo, incurrirá toda persona que, a sabiendas, sirviera a los mencionados fines en los referidos locales.”

Sin bien es cierto que por aquel entonces este delito se encontraba incluido en un título dedicado a los delitos “contra la honestidad” y que esa perspectiva ha evolucionado, tampoco podemos obviar que hoy en día este concepto no encuentra reflejo en nuestra legislación de forma expresa. Quizás, un argumento contrario a esta figura pudiera ser el principio penal de intervención mínima o de ultima ratio sin embargo, hay que tener en cuenta las telas de araña que sabemos que sostienen la industria del sexo. En relación con esto, no perseguir a quienes, directa o indirectamente, dan el soporte material que hace posible que la prostitución exista de forma sistemática supone desproteger a las víctimas. Prueba de ello es que los delitos contra la prostitución han sido reformados en cuatro ocasiones (en 1999, 2003, 2010 y 2015) y en todos los casos para tipificar más conductas pero esto no ha servido para eliminar, ni siquiera para reducir, la prostitución en España.

Es necesario que empecemos a concebir la prostitución como una realidad estructural y con un evidente componente de género: sería ingenuo obviar que son los hombres los que pagan por acceder al sexo. La legislación que trate de ponerle coto debe ser transversal; desde el ámbito de la política criminal hasta el sistema de atención social.

Llegados a este punto, quizás sería necesaria una gran ley integral que aunara el consenso de todo el Parlamento como ya lo hizo la histórica ley contra la violencia de género en 2004 de la mano de Rodríguez Zapatero. Debemos buscar estrategias que nos permitan ir acercándonos a ese horizonte; reformas concretas como esta que nos pongan en la senda hacia una solución global del problema. En este sentido, no son pocos los emplazamientos a ello que recibimos, sin ir más lejos la memoria del 2018 del Ministerio Fiscal fue especialmente contundente con lo relativo al tratamiento legal de la prostitución. Dicha memoria destaca, entre otros muchos datos, que "solo tipificando todas las manifestaciones del proxenetismo se vislumbrará el inicio del camino que conduzca a acabar con la trata de mujeres para ser esclavizadas en la prostitución".

Más allá del legítimo debate, de la confrontación de ideas o del marketing político están las vidas. Vidas que no pueden seguir siendo invisibles; realidades que no pueden seguir siendo tolerables o pospuestas en la agenda política. La postura del PSOE es clara: desarrollar agenda legislativa y políticas públicas que consigan que la prostitución sea una práctica del pasado. Ninguna sociedad puede ser construida en igualdad mientras los hombres tengan acceso al cuerpo de las mujeres por precio. Detrás de la palabra prostitución hay miles de mujeres de carne y hueso con una historia, una vida. Y ahora díganme, ¿Qué soñaban ustedes de niñas o de niños?