Elena Cortés Jiménez

Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

“Que no se vengan abajo, que luchen, que sí se puede.

(María del Carmen Andújar, primera mujer acogida a la Ley de Función Social de la Vivienda de Andalucía para evitar su desahucio).

La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda fue aprobada por el Parlamento de Andalucía con dos objetivos fundamentales: 1) promover la salida en alquiler asequible de las más de 700.000 viviendas vacías de Andalucía; y 2) evitar el desahucio de familias trabajadoras en riesgo de exclusión social.

La norma supone una toma de partido clara por parte de un Gobierno y de un Parlamento a favor de las clases populares para ofrecer alternativas a la estafa hipotecaria que han supuesto décadas de políticas mercantilizadoras de la vivienda. Unas políticas que no sólo han pisoteado el derecho a la vivienda, sino también el derecho a la ciudad, entendida como espacio democrático de convivencia e integración y que incluye a su vez el derecho a equipamientos y servicios de calidad integrados en el tejido urbano.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, ofreciendo así a los bancos carta blanca para desahuciar, y a los especuladores y fondos buitre, vía libre para mercadear con las viviendas vacías. El Gobierno sostiene su impugnación en argumentos tales como que la Ley hace subir la prima de riesgo y pone en peligro el sistema financiero. Afirma que con la norma “desaparecería la propiedad privada”. Señala que la Ley “innova el contenido esencial del derecho de propiedad” al obligar a que las viviendas estén destinadas a satisfacer un derecho, precisamente el derecho a la vivienda. Y se adorna al denunciar que la Ley supone “una discriminación de las entidades financieras”.

Estas afirmaciones sólo pueden interpretarse como raptos de cinismo o de paranoia, más aún tras la entrega de 200.000 millones de euros de dinero público a la banca sin que ésta haya ofrecido contrapartida alguna. Por otra parte, los únicos que han perdido su propiedad privada, su casa, han sido los cientos de miles de familias trabajadoras desahuciadas impunemente.

Sanciones, expropiaciones y efecto disuasorio

La Ley crea la definición de vivienda vacía, aquella que acumula seis meses de deshabitación a lo largo de un año, y establece sanciones de hasta 9.000 euros a las personas jurídicas (fundamentalmente bancos) que las mantengan desocupadas, al objeto de favorecer su salida en alquiler asequible. La norma establece también el interés social de la expropiación temporal del uso de aquellas viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social, de forma que el Gobierno andaluz se reserve el derecho a garantizar, pagando un justiprecio, que el desahucio no se produzca durante tres años. En sus poco más de dos meses en vigor, evitamos 39 desahucios mediante esta herramienta expropiatoria y ultimábamos 200 expedientes más. El recurso del Gobierno fue presentado antes de que transcurriera el tiempo suficiente, seis meses, para poder identificar viviendas vacías.

La sola vigencia de la norma provocaba un efecto disuasorio en todos los procesos de desahucio. En todos, porque todas las familias en problemas con su hipoteca, así como los avalistas, tenían un arma con la que defenderse de la violencia financiera, una violencia que es de clase y de género, no en vano la aplicación de la norma nos ha mostrado cómo esta agresión se ceba especialmente con las mujeres trabajadoras. Y tenía un efecto disuasorio porque el banco se lo piensa antes de desahuciar si con ello se expone a sanciones, por quedarse una vivienda vacía, o a la expropiación de la misma.

Es una Ley que da poder a la gente. Este es el motivo del recurso, que a su vez deja clara su finalidad: lanzar el mensaje de que no hay alternativa a las políticas de ajuste duro del Gobierno; desactivar una Ley que supone una reivindicación de la utilidad de la política para transformar la realidad; abortar una norma que da resultados, evidenciando el fracaso de su 'moratoria'. El Gobierno reacciona con este recurso contra toda la política de vivienda de la autonomía andaluza. El Gobierno recurre contra los más de 3.200 desahucios paralizados en un año en Andalucía mediante nuestras oficinas de intermediación; recurre contra la suspensión de todos los desahucios en las más de 80.000 viviendas del parque público, un expresivo contraplano a la venta a fondos buitre de viviendas públicas en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.

Un derecho humano

La Ley, desarrollo del programa de Izquierda Unida, que gobierna la Junta de Andalucía con el PSOE y dirige la Consejería de Fomento y Vivienda, se apoya en el artículo 33 de la Constitución, que establece que el derecho de propiedad tiene una función social; en el 40, que dicta que los poderes públicos promoverán una distribución equitativa de la renta; en el 47, por el que los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; o en el 128, que fija que toda la riqueza del país está sujeta al interés general. En su preámbulo, la norma acude a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Porque la vivienda es un derecho humano, no una simple mercancía.

A partir de este anclaje jurídico, y empujados por la fuerza del movimiento en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios, IU en el Gobierno andaluz ha establecido una alianza de clase y de género orientada a cambiar de raíz las políticas de vivienda desarrolladas por el bipartidismo en colaboración con el capitalismo inmobiliario. Este histórica comunión de intereses entre las instituciones y los especuladores ha quedado de hecho retratada por la justicia europea, concretamente por el Tribunal de Luxemburgo, que sentenció que la legislación estatal sobre desahucios lleva dos décadas desprotegiendo a los deudores hipotecarios, una responsabilidad que atañe directamente a todos los Gobiernos desde Felipe González a Mariano Rajoy.

Jurisprudencia constitucional

La Ley entró en vigor el 9 de octubre. El presidente del Gobierno la recurrió el 18 de diciembre invocando el artículo 161.2 de la Constitución, que obliga al Tribunal a suspender cautelarmente la norma. Entre líneas del torrente de ideología que impregna el recurso, podemos identificar apenas unas alusiones a las supuestas causas de inconstitucionalidad de la norma. La Ley, sostiene el Gobierno, afecta al contenido esencial del derecho de propiedad, con lo que se produciría un supuesto conflicto de competencias (que el propio Gobierno se negó a dirimir en el marco de una Comisión Bilateral solicitada hasta la saciedad por esta consejera). La primera respuesta a este argumento llega precisamente desde Andalucía, ya que el propio Constitucional falló en 1987, sobre la reforma agraria, que la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y que se pueden establecer límites al mismo mediante leyes autonómicas. Igualmente, el Constitucional sentenció en 1997, sobre la Ley del suelo, que el Gobierno no puede fijar una legislación uniforme sobre la propiedad privada y su función social.

En cuanto a las expropiaciones, ¿acaso no expropian cada día las administraciones para hacer carreteras, metros, tranvías y hasta campos de golf? Por supuesto que lo hacen, y para ello invocan el interés social de la expropiación. ¿Cómo puede negarse el interés social de evitar un desahucio?

28 de febrero

El vergonzoso recurso del Gobierno sí tiene una clara virtud, la de mostrar a las claras el verdadero programa de Gobierno del PP, que podría resumirse en un lema: “Todo por la banca, contra la democracia”. Y supone además la confesión por escrito de la venta a precio de saldo que ha hecho el Ejecutivo, tan dado a las exhibiciones de patriotismo, de la democracia española y de la propia esencia del Estado de las Autonomías a la Troika. Lean si no este elocuente párrafo: “El MoU [memorando que fija las condiciones del rescate a España] obliga a las autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa”.

Es decir, el Gobierno niega a la autonomía andaluza la potestad de adoptar medidas sobre cualquier materia con impacto económico, lo que supone una negación de las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Gobierno niega con su recurso de la vergüenza la capacidad de alternativa democrática del pueblo andaluz.

Nos rebelamos contra ese dictado. Desde la institución que gobernamos, la Junta de Andalucía, seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda, tanto a través de la Ley recurrida, de cuya suspensión cautelar vamos a solicitar el levantamiento al Tribunal Constitucional, como desde la reivindicación política y social. El próximo 28 de Febrero, Día de Andalucía, volveremos a salir a la calle en defensa de nuestra autonomía y nuestros derechos.