VICENÇ NAVARRO

Ha sido una constante en la historia de nuestra democracia que, cuando el desempleo aumenta en España, la comunidad bancaria, dirigida por el Banco de España, lo atribuye siempre a las supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia del excesivo proteccionismo promovido por los sindicatos.

De ahí que fuera predecible que al aumentar el desempleo en España (mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea) haya habido una respuesta del gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez (conocido por su pensamiento económico liberal), que ha centrado sus recetas de cómo resolver la crisis de empleo en la necesidad de flexibilizar todavía más el mercado de trabajo. Estas declaraciones han contrastado con un silencio ensordecedor sobre la enorme responsabilidad que la banca ha tenido en la crisis financiera y económica del país, causa mayor del elevado desempleo. Veamos los datos.

Durante la década y media siguiente a la transición, dos de los hechos que llamaban más la atención eran el elevado precio del dinero que prestaba la banca (uno de los más altos en la Comunidad Europea) y la exuberancia de sus beneficios –la tasa de beneficios netos de la banca española fue casi tres veces mayor que la tasa de beneficios netos de la francesa, casi el doble que la alemana, más de cuatro veces que la belga, casi el doble de la italiana, casi tres veces mayor que la holandesa y casi el doble de la británica (ver La economía política de la banca española en Navarro, V., Globalización económica, poder político y estado del bienestar, Ariel Económica, 2000)–. Tales beneficios no se basaban en su mayor eficiencia, sino en un comportamiento oligopolístico, resultado de unas políticas de Estado altamente proteccionistas de la banca española, la cual se opuso exitosamente a la apertura del sector bancario al capital extranjero.

Como consecuencia de ello, el coste de pedir el dinero a la banca por parte del empresariado español era el más elevado de Europa. El empresariado de la manufactura en España tenía que pagar casi el doble que el empresario de la manufactura en EEUU y más del doble que el empresariado japonés. Ello explica, en parte, las enormes dificultades que experimentó la manufactura, con la consiguiente destrucción de empleo y elevado crecimiento del desempleo. Este fue uno de los orígenes de la desindustrialización de España y del establecimiento de una economía especulativa basada en el matrimonio banca-industria inmobiliaria. Como bien dijo entonces el Financial Times (15-03-1991), “durante los años expansivos de la economía española, se vio un gran crecimiento en las inversiones financieras que en su mayor parte derivaron hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecario– en lugar del incremento del tejido productivo”. No podía haberse escrito más claro. Estas políticas fueron bendecidas por el Banco de España con la aprobación de los sucesivos gobiernos españoles. Este complejo banca-inmobiliarias y empresas constructoras ha sido el eje del crecimiento económico de España desde entonces.

El mundo empresarial de la manufactura y de los servicios intentó compensar la enorme carestía del dinero prestado por la Banca mediante la reducción de los salarios, intento exitoso, puesto que el crecimiento anual real salarial por persona trabajadora creció durante aquel periodo sólo un 1,8% comparado con el promedio de la UE-15, que fue de 5,2%.

El elevado coste del dinero implicaba también una peseta sobrevalorada que dificultaba las exportaciones españolas. El origen de la elevada negatividad de la balanza del comercio exterior se basa precisamente en aquel hecho. La entrada de España en la zona euro ha eliminado esta situación, pero tal entrada se ha realizado (en la década de los años noventa) de manera beneficiosa a la banca y a costa de un gran sacrificio de la población asalariada y de un considerable subdesarrollo de nuestro Estado del Bienestar. Como he demostrado en otro lugar (El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, Anagrama, 2006), la reducción del déficit del presupuesto del Estado (exigido por el Pacto de Estabilidad) se hizo a costa de que los recursos que durante los años ochenta iban a corregir el enorme retraso del gasto público social de España se gastaran en los años noventa en reducir el déficit del presupuesto del Estado de manera tal que, cuando las cuentas del Estado se equilibraron (para alcanzar incluso más tarde un superávit), el déficit social de España, medido por la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 (el grupo de países de desarrollo económico más semejante al nuestro) había aumentado considerablemente. Esto quiere decir que nosotros gastamos cada vez menos (en términos proporcionales) en nuestras escuelas, en nuestros servicios sanitarios, en nuestra vivienda social y en nuestras pensiones que el promedio de países de la UE-15.

La integración monetaria se hizo a costa de nuestro Estado del Bienestar. Y también a costa de una reducción de la masa salarial (porcentaje que las rentas del trabajo representan de toda la renta nacional). Ello ha ido acompañado de un incremento exuberante de las rentas del capital y muy en especial de las rentas de la banca, la cual continúa siendo una de las que muestran beneficios mayores en el mundo.

Ahora bien, la burbuja inmobiliaria (estimulada por el comportamiento especulativo del complejo banca-inmobiliaria) explotó. La mitad del desempleo creado se debe al colapso de la construcción sostenido por aquel complejo. Es más, el pánico creado en la banca ha determinado también la dificultad de conseguir crédito, causa mayor de la recesión y de la destrucción de empleo, atribuida por el gobernador del Banco de España (como era de esperar) a una inexistente rigidez del mercado laboral.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Ilustración de Gallardo