La fecha para terminar con uno de los episodios de mayor infamia política de nuestro país estaba fijada para el día 16 de julio. Pero, sorpresivamente, como todos saben, la administración de justicia es rápida y se avanzó.

La sección cuarta de la Audiencia, casualmente la misma donde, como a Carlos Fabra, al PP le toca la lotería, obligaba al juez instructor del caso Oltra a reabrir el caso nuevamente. No era la primera vez, antes lo hizo por falta de pruebas, ahora incluso por falta de indicios y con el apoyo de la fiscalía tras dos años de una minuciosa investigación judicial.

La Audiencia apunta, como gran argumento jurídico, que, aunque no se haya encontrado nada, no puede descartarse que no lo haya. Prepárense los indiferentes, mañana todos podremos ser sentados en el banquillo con la excusa del 'porsiacaso'. Y eso que hasta la fecha las investigaciones prospectivas, a ver lo que pesco, están explícitamente prohibidas. Y en España, también para los políticos, penalmente existe la presunción de inocencia y debe ser quien acusa quien demuestre que hay algo. Imposible en este caso, no hay nada, nunca lo hubo.

El juez instructor, que no debe saber ya que más investigar sobre Mónica Oltra y su equipo, sorprende (o no) evacuando con un breve y contundente: 'por imperativo legal'. Vamos que, a pesar de no entender para qué ni de disponer de ninguna garantía, debe seguir con la instrucción por orden jerárquica. De los de arriba. Donde hay patrón, no manda marinero. Aunque el marinero conozca el mar y el patrón no lo haya visto más que en postal.

A nadie sorprende que la derecha de este país, aquella que controla el Supremo desde detrás, se resista a desbloquear el CGPJ tras más de 2.000 días caducado y democratizar el acceso a la carrera judicial.

Recuerdo perfectamente ir a la televisión pública hace dos años tras la injusta dimisión de la vicepresidenta Oltra y explicar que estábamos viviendo lo mismo que se vivió con el presidente Lula. Hubo quien no me creyó o prefirió pensar que, por el cariño conocido hacia Mónica, exageraba. La dimensión de Brasil no es la del País Valencià, cierto. Y, sinceramente, entiendo que cueste aceptar que, en un país aparentemente normal y avanzado como el nuestro, mucho más que la mayoría, alguien pueda ir al banquillo o incluso a la cárcel de forma injusta e ilegal.

El caso trasciende a Oltra y el resto de imputadas. No olviden que hay funcionarias de carrera que quizá incluso votaron al PP, y por supuesto trasciende a Compromís. El caso es una técnica de control social, de disciplinamiento popular, para que nadie se atreva hacer política transformadora, de cambio social. Ya saben la pasta que ganan unos pocos, que comparten mesa el día de Navidad con magistrados, mercadeando con nuestra salud y lo que les jodió que rescatásemos de sus garras los hospitales privatizados en València. Ahora, con el nuevo gobierno ultra de Mazón, están tranquilos. Ya han avanzado que no rescataran el hospital del Vinalopó. Ahora hay más rosas que espinas para los ricos.

Permítanme que abuse de la jerga judicial otrosi digo que, cada minuto que los colegios profesionales de abogacía, facultades de derecho, sindicatos y movimientos sociales, periodistas e intelectuales, pero también el PSPV, aunque sea en francés y si queda alguien decente en el PP, callan, perdemos todos.

Ahora mismo, sin que suene grandilocuente, lo que nos jugamos es la democracia, el Estado de derecho y sus garantías. Y la gente común, la gente trabajadora, la posibilidad de salvar el único poder que nos queda, con sus imperfecciones, ante los poderosos: el poder popular de las urnas.

Actuemos, sepa el juez Castellano y muchos otros, que pueden presentarse a las elecciones si quieren, quizá les critiquen más, cobren menos y estén más expuestos, pero será más justo. Y a los descalzos, a los de abajo, los de la cuchara, no nos queda otra que reaccionar y actuar colectivamente. Estén atentos.