El cambio de nombre de la Universidad Rey Juan Carlos resulta inevitable. Don Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado a desaparecer de la vida pública. Su limitada visibilidad está ligada a la extrema fragilidad de su figura como referente cívico o modelo social. Si el ex-monarca contamina la figura de su sucesor y de la marca España, qué estragos no hará en la credibilidad de una institución universitaria y los títulos que imparte.

Los procesos judiciales en curso contra Juan Carlos I dañarán aún más un nombre y un título que se encuentran cuestionados como nunca. La inanidad y la inconveniencia simbólica de su figura han quedado de manifiesto en la catástrofe del Covid-19.

En este contexto y para mucha gente, don Juan Carlos representa la corrupción clientelar, la malversación de fondos públicos, el fraude fiscal. En consecuencia y como mínimo, encarna la indiferencia ante el destino de "su" pueblo. Esto no invalida el papel que el ex-monarca pudo haber jugado en el pasado. Pero le inhabilita para representar la democracia a la que aspiramos: la “otra normalidad” que queremos – estamos obligados a - crear desde ya.

En la URJC somos multitud quienes deseamos limpiar “nuestro” nombre, las titulaciones, los cargos de funcionarios públicos y las labores de estudio e investigación, la pedagogía y la intervención social que realizamos.

Resulta difícil tolerar por más tiempo ser objeto de escándalo, escarnio y mofa. No queremos vernos vinculados a quien dice representarnos pero se desentiende de nosotras; atento apenas a su fortuna y suerte personal, quizás no tanto, a la de su dinastía.

Queremos llevar el nombre y los apellidos de alguien que represente los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad aplicados al pensamiento, la creación o la investigación. El coronavirus nos recuerda que esas – y no un título regio y la máxima graduación castrense - son las mascarillas, los respiradores y los tests de contagio en una democracia.

Juan Carlos I nunca destacó en el mundo de la cultura, las artes, el estudio… Ni siquiera, en el campo de la filantropía social. Por ello proponemos a la comunidad universitaria de la URJC un nuevo bautizo de la institución, para hacerla y sentirla algo propio.

Iniciemos, pues, ese camino sin padrinos ni madrinas. Barajemos personalidades cuyos nombres y apellidos nos hagan sentir orgullosos de lucirlos como propios. Con una sola condición: que no estén vivos. Por sentido común. No podemos confiar en alguien que pueda decir de nuevo “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Apoya esta iniciativa para celebrar una votación presencial y arrancar el curso 2020-21 con un segundo bautizo de la URJC. Iniciemos una campaña donde se podrán presentar candidaturas apoyadas por grupos que las justifiquen, abriendo un diálogo sobre los valores y referentes que mejor nos definen. Ese proceso deliberativo – tan necesario para reconsiderar quiénes fuimos, somos y debiéramos ser en el futuro - debería seguirse de una votación presencial y vinculante, abierta a toda la comunidad de la URJC y basada en su censo de trabajadores y de alumnado.

NOTA: El texto anterior es una propuesta que hice llegar a varios profesores y (ex)alumnos de mi universidad, con la intención de publicarla en alguna plataforma de recogida de firmas online este 14 de abril de 2020. No ha tenido eco y ahora lo comparto por esta vía. Me mueve el considerar que este sería un proceso de re-articulación y refundación muy beneficioso para la URJC. Como señalaba Adrián Escudero, en un artículo previo, “cambiar de nombre a la URJC sería catártico. Permitiría resolver un error manifiesto e histórico, al tiempo que ayudaría a alejarnos de toda la sorna y complejo”.

Lanzo de nuevo el guante (que no la piedra) y como hicieron otros antes, no escondo la mano. La tendemos a todos nuestros compañeros alumnos, administrativos, técnicos, profesores e investigadores. Porque esto va más allá de nuestros cargos y preferencias sobre la Jefatura del Estado. Es cuestión de laicismo [ideológico]: “Independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa [y, añado, ideológica]” (R.A.E.).