¿Benefician los beneficios fiscales? ¿A quién?

El sistema tributario español está plagado de beneficios fiscales. ¿De verdad representan un “beneficio”? ¿Quién se beneficia? Existe abundante literatura que indica que algunos de los más importantes beneficios fiscales son ineficaces, regresivos y reducen notablemente la recaudación.

Las ayudas incluidas en el presupuesto de una Administración Pública deben responder a objetivos explícitos de tipo económico o social. Y se suelen canalizar a través de subvenciones. Pero a veces se instrumentan mediante una rebaja de los impuestos que pagan las personas físicas o jurídicas, a través de exenciones, tipos reducidos, deducciones, reducciones…en suma, disminuciones de la carga fiscal.

En España es mucho mayor el gasto a través de esta vía indirecta (reducción de ingresos) que de la directa (subvenciones). Solo en los cuatro grandes tributos (IRPF, IVA, Sociedades y Especiales) se dejan de ingresar unos 60.000 millones de euros. Y el agresivo uso de estos beneficios por parte de algunas comunidades autónomas (Sucesiones, Patrimonio, …) supone dejar de recaudar en el resto de impuestos al menos otros 10.000 millones de euros.

Para mantener las prestaciones de nuestro actual estado de bienestar será necesario un significativo aumento de la recaudación en los próximos años. Si no, dejaremos una carga imposible de soportar a nuestros jóvenes. Deben eliminarse o reducirse algunos de estos beneficios, sin descartar la subida de los tipos en algún impuesto.

La evaluación de estos beneficios nos proporciona claves para saber sobre cuáles hay que actuar. En España tenemos un gran atraso en materia de evaluación “oficial” de políticas públicas. Recientemente, sin embargo, se han registrado algunos avances. El más relevante es la evaluación del gasto público que está llevando a cabo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que incluye un estudio de algunos beneficios fiscales. Pero la evaluación solo tiene sentido si las políticas examinadas se van corrigiendo a medida que se conocen sus resultados. En el caso citado, la evaluación, que se realiza a instancias del Gobierno, conduce a unas recomendaciones. El Gobierno debería cumplirlas o, en su defecto, explicar claramente por qué no lo hace. El objetivo final de la evaluación es gastar menos (o recaudar más) o gastar mejor. Si se ignora su resultado, solo se añade un nuevo gasto, el de realizar la evaluación.

El informe de la AIReF confirma la ineficacia de algunos de estos beneficios fiscales. Para estas breves líneas elijo las ayudas ligadas a la aportación a planes de pensiones. El beneficio se instrumentó mediante una reducción de la base imponible del IRPF. Ello supone que el ahorro fiscal aumenta cuanto mayor es la renta del contribuyente. El que pueda llegar a aportar 8.000 euros a su plan privado (el máximo con derecho a reducción) reducirá su IRPF hasta en 3.600 euros. A pesar de que tenga que pagar cuando se jubile, por lo que vaya retirando, el saldo final le resultará normalmente muy positivo.

Teóricamente, el objetivo de este incentivo fiscal es impulsar el ahorro y dirigirlo a complementar la pensión pública de jubilación. A ese fin nos “gastamos” (dejamos de recaudar) entre todos los españoles 1.643 millones de euros. El objetivo parece razonable, pero ¿se cumple? ¿El ahorro para la jubilación es mayor de lo que sería en ausencia del incentivo fiscal? ¿O, alternativamente, la menor recaudación solo sirve para dirigir el mismo ahorro hacia unos pocos beneficiados? ¿Y quién es el que recibe en su bolsillo este dinero?

El diseño del incentivo permite intuir algunas respuestas. Se beneficia, en primer lugar, el que tiene una elevada capacidad de ahorro antes de la jubilación. En segundo lugar, el que tiene rentas mucho más elevadas cuando aporta a su plan que cuando, ya jubilado, decide retirarlo. Ambas características apuntan a las rentas altas. Pero hay otros ganadores seguros: los bancos, que cobran sus comisiones. Y cuanto más incentive el fisco a los individuos de mayor renta, más se benefician los bancos.

Las conclusiones del estudio de la AIReF confirman estas intuiciones. El incentivo es regresivo. Beneficia a las personas de rentas más elevadas. Pero, incluso para estos individuos, las comisiones que pagan a los bancos superan el montante del ahorro fiscal. La AIReF concluye con rotundidad que el objetivo no se cumple.

Este es un buen ejemplo de un incentivo aparentemente bien intencionado pero que se demuestra ineficaz. No hay beneficios para la sociedad y se reduce la capacidad de gasto público. Y se benefician algunos individuos concretos (los que menos ayuda precisan) y los bancos.

Por todo ello procede la eliminación del incentivo. Modificando el IRPF de 2021, los efectos sobre algunos individuos se producirían en la primavera de 2022, cuando confiemos en estar ya en un escenario de recuperación. Y, en todo caso, los individuos afectados serían los que hubiesen podido ahorrar bastante en 2021.