Jorge Romance

Periodista

Que el Partido Popular tiene un problema con las lenguas que no son el castellano parece ya una obviedad. Son demasiados ejemplos. Ya no sorprende que un partido que en Catalunya hace bandera de “la libertad para elegir la lengua curricular”, en otros territorios como Balears, el País Valencià o Aragón suprima esta misma libertad y la niegue para cualquiera que no tenga como lengua inicial el castellano.

En Aragón el Partido Popular da un paso más. Aliado con el PAR, el partido que más años lleva en el gobierno aragonés en coaliciones con PSOE y PP, ha decidido revocar la ley que se aprobó en 2009. Esta era una ley en la que se reconocían derechos mínimos y que después de mucho prometer aprobó el socialista catalanohablante Marcelino Iglesias junto con CHA. Esta ley, absolutamente de mínimos, será borrada del mapa para que PP y PAR aprueben una nueva norma que no es de uso de las lenguas sino de las no lenguas.

Puestos a suprimir derechos, libertades y patrimonio cultural, el gobierno aragonés ha decidido que no está de más suprimir también el nombre de las lenguas. Así que los aragoneses que hablan aragonés (alrededor de unos 20.000) y los que hablan catalán (unos 42.000), han visto que sus lenguas ahora tienen acrónimos por nombre. El aragonés, en este bodrio de ley que se aprueba el jueves en Cortes, pasa a denominarse Lengua Aragonesa Propia del Área Pirenaica y Prepirenaica.

El catalán, una de las obsesiones de los populares, ahora se llama Lengua Aragonesa Propia del Aragón Oriental. O sea, como ha corrido estos días por las redes sociales, ahora los aragoneses que no sólo hablan castellano hablan LAPAPYP y LAPAO. Un ataque más contra la diversidad cultural y lingüística de un país en la que durante siglos el aragonés y el catalán fueron las lenguas principales en la Corte y el pueblo y a las que las políticas educativas y culturales han ido arrinconando, marginando y ahora, por obra y gracia de Luisa Fernanda Rudi, quieren directamente asesinar.

Porque la ley que presenta la consejera de Cultura aragonesa Dolores Serrat (catalana, para más señas, de Ripoll) elimina cualquier derecho educativo, de representación y cultural de los hablantes de aragonés y catalán. La ley obliga a que todos los pueblos tengan su topónimo en castellano, aunque voluntariamente puedan añadir el tradicional. La ley impide que el aragonés y el catalán tengan presencia sistemática en los medios de comunicación públicos. Impide que ambas dos lenguas puedan ser curriculares, o que se puedan usar para enseñar en las aulas. La ley, en resumen, impone una realidad lingüística castellanohablante que en muchos lugares de Aragón no es la real.

Y luego, hablan de imposiciones, cuando la imposición de una imposibilidad, la de desarrollar una vida en la lengua materna patrimonio cultural de Aragón y de muchos aragoneses, es la que marca esta ley de no-lenguas. Esta ley que va contra la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas, contra la advertencia directa del Consejo de Europa para mantener al menos la ley anterior de 2009. También va contra las recomendaciones de la UNESCO para el aragonés, una de las lenguas con más peligro de desaparición de Europa y el catalán en Aragón, e incluso contra la Carta de los Derechos Humanos y contra la propia Constitución Española. Una ley que aprobará el gobierno de Aragón y que niega a los aragonesohablantes y a los catalanohablantes, aragoneses igual que los castellanohablantes, sus derechos, todos, incluso el derecho de que su lengua sea nombrada por el nombre que tiene y no por el capricho de los políticos que se pasan por el forro a la comunidad científica.