Érase una vez una región cuya casta oligárquica, hará unos 200 años, decidió separarse de España y crear una serie de Estados independientes, bajo tutela del Imperio Británico. Surgió así un modelo de relación que, andando el tiempo, pasó a conocerse como neocolonialismo. El sistema era tan simple como eficaz. Las oligarquías permitían a los británicos dominar su economía y recursos, a cambio de que Londres garantizara a las oligarquías el dominio de sus países. Cuando los británicos abandonaron la región a manos de EEUU, el neocolonialismo estaba tan sólidamente asentado que las castas oligárquicas sólo tuvieron que cambiar el bombín por el sombrero tejano y la ruta de viajes, que pasó de Londres a Washington. Desde esa alianza simbiótica las oligarquías construyeron, no Estados nacionales, sino Estados oligárquicos, es decir, Estados para perpetuarse en el poder y mantener el monopolio económico, excluyendo a las vastas mayorías de poblaciones de la riqueza, reduciéndolos a siervos privados de derechos económicos, sociales y culturales. Montaron simulacros de democracia que, si no funcionaba para preservar el Estado oligárquico, eran demolidas por dictaduras feroces.

Contra el Estado oligárquico han luchado los pueblos, sobre todo en los siglos XX y XXI, con resultados, las más de las veces, negativos, pues, aunque muchas veces pudieron destronar a las oligarquías, de inmediato –o mediando el tiempo- el imperio entraba en acción para devolverlas al poder. José Santos Zelaya, en Nicaragua, en 1909; Jacobo Arbenz, en Guatemala, en 1954; Juan Bosch, en República Dominicana, en 1965; Salvador Allende, en Chile, en 1973; la revolución sandinista, entre 1980 y 1990; Fernando Lugo, en Paraguay, en 2012; Evo Morales, en Bolivia, este noviembre de 2019… 110 años que han demostrado que la alianza oligarquías-imperio es efectiva y que los movimientos progresistas latinoamericanos no han sabido o no han podido hacer frente a esa alianza fatal, excepción hecha de Cuba, Venezuela y Nicaragua desde 2007. O, ingenuamente, han creído que podían coexistir con ellas y hasta sumarlas al cambio. Craso error: las oligarquías no perdonan las ‘usurpaciones’. Las soportan hasta que reúnen fuerzas suficientes para tumbar a los ‘usurpadores’ y restablecer sus ‘derechos’.

No obstante, el caso de Bolivia tiene notables particularidades. Es un país dividido geográfica y étnicamente, entre la zona andina y su arco colindante, habitada masivamente por poblaciones indígenas, históricamente excluidas de todo. La otra es la zona que podemos llamar amazónica, con capital en Santa Cruz, donde se han establecido mayoritariamente las poblaciones blancas y mestizas, que han gobernado históricamente Bolivia. Los extremos de esta división étnica lo encontramos entre Potosí –con un 70% de población indígena- y La Paz -54%-, de un parte, dentro de la zona andina, y las amazónicas Santa Cruz y Tarija, con menos del 20% de indígenas. La base electoral del aymara Evo Morales es masivamente indígena, que representan casi el 60% de la población boliviana. El golpe de estado contra Evo tiene un poderoso componente étnico y racial, de ahí que el golpe se iniciara desde Santa Cruz, epicentro de la oposición a Evo desde hace años, al punto que, entre 2005 y 2014, se crearon movimientos que promovían la independencia de la más extensa provincia boliviana.

Elemento a destacar es el papel de la OEA, hoy brazo político desestabilizador de EEUU en la región. El organismo regional, bajo la batuta de Luis Almagro, ha vuelto a ser un simple apéndice de Washington y, en el caso boliviano, le cupo la tarea de deslegitimar el proceso electoral, lo que dio la base política interna e internacional para la desestabilización de Bolivia. Crear desestabilización y caos ha sido, desde hace más de un siglo, una forma de provocar intervenciones militares o políticas de EEUU y, más tarde, los sangrientos golpes militares. Tras jornadas intensas de violencia y caos, promovidas por la oposición, las jerarquías policial y militar hicieron presencia para dar el golpe de estado contra el presidente constitucional. Nada nuevo bajo el sol. Fue el escenario que montaron en Chile contra Allende y en Venezuela contra Maduro y que intentaron hacer en Nicaragua, con la esperanza de que una intervención de la OEA y EEUU devolviera el poder a las oligarquías y sus siervos, como habían hecho antaño.

Otro elemento a señalar. Toda las campañas contra la izquierda que se han desatado en los últimos años (golpe parlamentario contra Dilma Roussef y encarcelamiento de Lula, en Brasil; procesamiento judicial de Rafael Correa en Ecuador y de Cristina Fernández en Argentina) son parte de una nueva estrategia estadounidense dirigida a recobrar el control de su rebelde ‘patio trasero’, para lo cual ha reactivado su vieja alianza con las oligarquías. Desprestigiados los golpes militares, el imperio y sus aliados internos están utilizando el poder judicial, combinado a veces con el legislativo, para liquidar políticamente a los líderes de la izquierda. Una forma taimada de dar golpes de estado sin que parezcan, descaradamente, golpes de estado. Hay que ser elegantes.

De fondo está la lucha mundial por la redistribución de poder en el mundo, por los retos formidables de China y Rusia, países que desde hace años han irrumpido con fuerza en la región, especialmente por sus relaciones con los gobiernos progresistas y de izquierda. Dentro de ese enfrentamiento mundial por el reparto de poder, para EEUU controlar Latinoamérica es prioritario. Dos motivos tiene: por una parte, consideran en Washington que el fortalecimiento de Rusia y China en el antiguo ‘patio trasero’ debilita a EEUU, reviviendo EEUU la estrategia del suma-cero, que dice que lo que gana el adversario lo pierdo yo y lo que gano yo, lo pierde el adversario. De otra parte, el control de materias primas estratégicas, tanto más importante cuanto que, en EEUU, creen que hay un riesgo real, en caso de conflicto con Rusia y China, de perder el control de los océanos y, perdiendo ese dominio, verse imposibilitados de acceder a esas materias primas en otras partes del mundo. La importancia de tenerlas a mano, en Latinoamérica, quedó demostrado en las dos guerras llamadas mundiales.

En suma, vienen años conflictivos en los que, visto lo de Bolivia, las fuerzas armadas podrían volver a ocupar el lugar nefasto que han ocupado en la historia de América Latina. Ahora Bolivia tiene su Guaidó, una señora que se ha autoproclamada presidenta de forma ilegal, ante un parlamento sin quórum. Pero ¿a quién en Washington, la OEA o la Unión Europea le preocupan esas minucias? Han tumbado a un gobierno democrático de izquierdas, uno menos en la región y eso es lo único que importa. Las fuerzas progresistas y de izquierda deben tomar debida nota del nuevo juego.