GERMÁN OJEDA

Desde hace tres años, Bolivia vive en una encrucijada. En efecto, desde la victoria electoral del indio aymara Evo Morales se suceden en el país andino los acontecimientos históricos, porque una mayoría indígena y campesina se moviliza en defensa de sus derechos, de sus lenguas y de sus recursos naturales, mientras, enfrente, una minoría criolla y oligárquica, que siempre ha detentado el poder, se resiste a aceptar las conquistas

democráticas de los bolivianos.

El 25 de enero Bolivia ha dado otro importante paso al frente y ha aprobado una nueva Constitución que la vieja oligarquía proclama que no va a acatar, pese a las concesiones del Gobierno sobre sus derechos históricos de la tierra y las autonomías. Antes, en agosto de 2008, esa misma élite no reconoció la ratificación del presidente electo en un referéndum revocatorio. Y, en fin, desde que Evo Morales tomó posesión como presidente del país a comienzos de 2006, Bolivia vive en una permanente confrontación, porque esa rancia aristocracia que aún controla parte de las instituciones, los medios de comunicación y las regiones orientales más ricas de la llamada “media luna”, bloquea el funcionamiento institucional, sabotea la aplicación de las leyes y hasta promueve acciones de choque que ya han provocado muertos de dirigentes populares.

El apoyo electoral de más del 60% de la población a la nueva Carta Magna cierra un largo y participativo proceso constituyente y abre las puertas a un Estado plurinacional que garantiza la igualdad de derechos de todas las etnias y habitantes del país, el derecho a la educación y a la salud de todos los bolivianos, una Justicia ordinaria y otra comunitaria, una economía plural con formas de organización diversas –privada, pública, comunitaria, cooperativa–; un sistema autonómico creando un estado descentralizado, y hasta reconoce el derecho a revocar al propio presidente electo a mitad de legislatura.

La aprobación de esta avanzada Constitución supone, según el presidente Morales, acabar con el histórico colonialismo “interior y exterior” y con el neoliberalismo depredador; acabar con el viejo régimen racista que había entregado los recursos nacionales al capital extranjero; y poder “refundar” Bolivia sobre la base de la igualdad, la libertad y la justicia para todos. Esto es, implantar los principios de la llamada revolución burguesa y constitucionalizar la democracia social en el país andino.

Después de largos siglos de exclusión y marginación, las mayorías indígenas –los dos tercios de la población– ven reconocidos sus derechos en la nueva Constitución. Unos derechos que en 1952 se había propuesto implantar la revolución popular luego fracasada; que siempre había defendido la clase obrera tradicional a través de una potente organización sindical –la Central Obrera Boliviana–,

también fracasada ante el empuje del neoliberalismo en los años ochenta y noventa del siglo pasado y, que, finalmente, han sido conquistados a lo largo de estos tres años por los movimientos indígenas con la llegada

al poder de su líder Evo Morales.

La presidencia de Morales ha tenido una gran trascendencia histórica, porque es la primera vez que un movimiento indígena y campesino alcanza el poder en América Latina. Un poder que contra viento y marea no sólo está transformando Bolivia, sino que ha servido de inspiración y motor de los movimientos indigenistas emergentes a lo largo de todo el continente, en un proceso que está afectando a la mayoría de los países y que ha ayudado a impulsar cambios tan significativos como el que ha llevado a Rafael Correa a la presidencia de Ecuador.

Se ha dicho que la elección de Morales no trajo una revolución al país, sino que fue una revolución la que trajo al Gobierno a Morales. Pero en Bolivia la derecha se ha opuesto frontalmente al pacto entre “el poncho y la corbata” y ha combatido la toma del poder indígena con todas las armas a su alcance –legales e ilegales, “cívicas” y subversivas, mediáticas e internacionales–, hasta el punto de que el Gobierno se ha visto obligado a encarcelar al prefecto de la región de Pando por su responsabilidad en la masacre de indígenas en septiembre pasado e, incluso, a expulsar al embajador de EEUU por su implicación directa en la conspiración separatista de las regiones orientales.

Ahora, esta derecha “vendepatrias” –como la llamó Morales– dice que no acatará la nueva Carta, después de no acatar la ratificación del presidente, ni de acatar tampoco su victoria electoral. Esta derecha que ha gobernado Bolivia como si fuera su cortijo señorial, que ha mantenido durante siglos a los indígenas y campesinos como siervos en régimen de vasallaje, que ha recurrido a la represión dictatorial y a la ruptura separatista con tal de conservar sus privilegios, se sigue negando a aceptar la democracia y, por si fuera poco, insiste en despreciar la voluntad del país hasta “echar al indio”.

Bolivia está efectivamente en una encrucijada histórica. La vieja derecha va a seguir recurriendo al caos, al sabotaje institucional y al separatismo territorial, respaldada por muchos medios de comunicación y países extranjeros que tienen intereses en el país andino, para tratar de destruir la revolución democrática que ha quedado ratificada en la Carta Magna.

La nueva Bolivia sólo será posible si –como se demostró en la reunión de Unasur– el Gobierno de Morales continúa siendo apoyado por los países latinoamericanos (a los que se debería sumar activamente España) y si, empujado por los movimientos populares, consigue aplicar la nueva Constitución y ganar las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Entonces, por fin, se podrá cumplir el sueño democrático de “refundar” Bolivia.

Germán Ojeda es Profesor Titular de Historia Económica de España y América

Universidad de Oviedo

Ilustración de Jordi Duró