El nuevo ‘Bono Alquiler Joven’ aprobado por el Gobierno consiste en una ayuda de 250 euros mensuales para alquilar una vivienda con unas determinadas condiciones. Pero hay que leer la letra pequeña sobre la medida para ver si realmente resulta beneficiosa para la juventud. El bono será unipersonal, es decir, también lo podrán solicitar los jóvenes que compartan piso, y tendrá una duración de dos años para personas de entre 18 y 35 años, con ingresos anuales inferiores a 24.318 euros, tres veces el IPREM, y que residan en alquileres con un precio máximo de 600 euros mensuales (elevable hasta 900, dependiendo de la comunidad autónoma), además de que acrediten una vida laboral de al menos tres meses.

Esto evidencia dos cuestiones fundamentales: con estas condiciones el bono tan solo llegará a un pequeño porcentaje de beneficiarios, cercano a un 1,7% de los jóvenes, según datos del Consejo de la Juventud de España, y el hecho de que quien ha diseñado estos requisitos está muy alejado de la realidad de las personas jóvenes, y los datos así lo demuestran. Tan solo el 14,9% de los jóvenes están independizados, ya sea solos o compartiendo piso, lo que se conoce como coliving. No es más que la romantización de una situación de precariedad al no poder afrontar el pago de un alquiler individual, ya que una persona joven que se pretenda emancipar en solitario debe destinar el 81,9% de su salario solo al pago del alquiler, algo sencillamente imposible de abordar. A ello se suma la inestabilidad laboral que vivimos y, sobre todo, entre las personas jóvenes, que sufren un 91% de contratos temporales.

Estos días han aparecido dos discursos que se han mostrado excluyentes entre sí: por una parte tratar el problema del acceso a la vivienda dejando de lado la cuestión generacional, o bien todo lo contrario, poniendo en el centro del debate la edad y la juventud como factor clave a tener en cuenta. Opino que es más interesante, sin desatender a esos debates creados, fijarse en lo que realmente sucede. Hay un problema con el acceso a la vivienda en su sentido más amplio; el punto esencial no está en la dotación de bonos, sino más bien en la regulación del precio de los alquileres. No hace falta ser un experto para darse cuenta de esto: con una sencilla regla de tres y atender a los muchos estudios que lo muestra se puede afirmar que si se regulara el precio de los alquileres haciendo frente a los precios abusivos aumentaría el número de contratos de alquiler.

En pocas palabras, regular el precio del alquiler es beneficioso, pero tras ello hay que preguntarse, ¿beneficioso para quién? Un colectivo minoritario, los grandes propietarios, verían reducidos sus ingresos, pero sería a favor de un bienestar mayor, en donde la mayoría social podría hacer frente al pago de alquileres asequibles, para asegurar uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución, el derecho a la vivienda.

Esto es una realidad, ahora bien, también lo es que son las personas jóvenes las que se encuentran con más complicaciones a la hora de poder independizarse e iniciar un proyecto de vida, y sobre todo las mujeres jóvenes. El derecho a la vivienda es uno de esos derechos que abren la puerta a muchos otros, por lo tanto, bajo esta premisa no sirven medidas erráticas o un simple bono que tendrá un alcance más que insuficiente. Es evidente que la creación de un bono joven de 250 euros no resuelve el problema estructural de acceso a la vivienda que sufrimos.

Estos últimos días también se ha hablado, y con acierto, de estos datos, pero deberíamos añadir un ejercicio de reflexión que los acompañe y preguntarnos cuál es realmente la importancia que tiene el acceso a una vivienda en nuestro país, o si más bien se va a gobernar a golpe de bono, como ya nos demostraron con el ‘bono cultural’. Dicho de otra manera, no es posible resolver problemas estructurales con parches.

Las medidas que consisten en una ayuda directa pueden resultar atractivas a primera vista, pero si nos conformamos con ello además de no tratar con seriedad el problema del acceso a la vivienda, y más en concreto el acceso de las personas jóvenes, estaríamos aspirando solo a una parte que no resultaría más que ese parche. Sería un error conformarnos con ello, o peor aún, trasladar esto como un logro, cuando ni mucho menos es así, y la gente lo sabe. En este caso solo hay un único camino posible y es sacar adelante una Ley de Vivienda integral en beneficio de la mayoría social.

Uno de los puntos principales pasa por la regulación del precio del alquiler, y no por políticas anecdóticas como los bonos, sinónimo de las ayudas que acabarán en el bolsillo de los propietarios y que, además, elevarán los precios. Es decir, suponen una transferencia de dinero público a manos privadas. Existen estudios que demuestran que la mayor parte del dinero destinado a estas ayudas supone una transferencia de renta directa a los arrendatarios y una inflación en los precios de los alquileres. El simple hecho de que exista la posibilidad de que el propietario pueda cambiar el precio del alquiler crea una situación de dependencia, en donde el inquilino depende de la voluntad del propietario, de si eleva el alquiler proporcionalmente con el bono o no. Da igual que lo eleve o no (en términos relativos), lo que importa es que exista la posibilidad de hacerlo y de ello resulta un escenario de dominación en la relación propietario-inquilino.

Por lo tanto, es esencial regular los alquileres limitando los precios máximos, a la vez que se asegura la existencia de parques públicos de vivienda asequibles. No se puede abarcar el tema de la vivienda mediante parches de bonos con fecha de caducidad o con medidas aisladas y mal enfocadas, y menos aún presumir de ellas. A problemas estructurales, políticas integrales y ambiciosas. Necesitamos una Ley de Vivienda valiente, que acabe con los desahucios y que garantice los suministros básicos y un verdadero acceso a la vivienda.