Cecilia Salazar-Alonso

Portavoz de educación de Podemos en la Asamblea de Madrid

Parece que la administración educativa en la Comunidad de Madrid tiene un especial apego al mes de julio. Una vez acabado el periodo lectivo, con los centros vacíos y las familias de vacaciones, la maquinaria de la administración se pone en marcha.

Han sido varios los descalabros que conocimos el 1 de Julio pero nos concentramos en el que, por su dimensión, ha provocado por enésima vez un conflicto entre la Consejería de Educación y la comunidad educativa: la elección de directores de centros públicos. Las acusaciones son graves, las familias hablan de proceso poco transparente y de purga entre los directores.

Las democracias en estado de derecho poseen mecanismos legales que imposibilitan las purgas políticas al modo Erdogan, o la que se lleva haciendo a sangre y fuego en México en los últimos años. Sin embargo voy a tratar de esbozar cómo lo que ha primado en todo este proceso es un situarse en los límites de la ley, bordeando el marco legal, escudriñando sus vacíos, sus huecos, para conculcar el espíritu mismo de los principios democráticos y de transparencia que deberían regir, también, el ámbito educativo y otorgar al poder ejecutivo de Cifuentes la posibilidad de actuaciones arbitrarias y dictatoriales.

Al borde de la Constitución se sitúa el marco legal de la LOMCE, una ley ya de por sí restrictiva y de nula calidad democrática que concibe las escuelas como empresas. Efectivamente la Constitución reconoce (art 27.6) la intervención de familias, estudiantes y profesorado en la gestión y control de los centros. Esta intervención podría abarcar un abanico amplio de posibilidades, desde una dirección colegiada con un peso mayor o menor de la comunidad educativa hasta, y este sería el mínimo legal que es el estipulado en la LOMCE, la participación meramente consultiva a través de los consejos escolares.

Pero además y, nuevamente al borde de la Constitución, la LOMCE confiere una mayoría a la administración en la comisión que elige a los directores. Ahora bien, no detalla el proceso de selección de sus miembros que bien podrían ser elegidos por procedimientos transparentes como sucede en otros ámbitos de la administración, por sorteo, por concurso de méritos, de forma similar a cómo se realiza en el acceso al cuerpo de funcionarios docentes como sugiere el Estatuto de la función pública. Y no. En la Comunidad de Madrid el procedimiento ha sido la simple designación por parte de la administración, nuevamente, al borde de la ley, nuevamente escogiendo el procedimiento menos democrático y transparente.

Pero además y, como sucede en la mayor parte de los procesos selectivos y en aras de la transparencia, habitualmente se establece un mecanismo por el cual las notas discordantes se invalidan. En la práctica esto supone rechazar la posibilidad de veto por parte de algún miembro de la comisión y es un procedimiento utilizado de forma recurrente. Sin embargo, en este proceso selectivo, plagado de notas extremas, con aspirantes de amplio curriculum y experiencia obteniendo calificaciones de 0 o 0,5, ninguno de los mecanismos ordinarios en este tipo de procesos selectivos se ha puesto en marcha, lo que supone extremar los límites de la ley funcionando, nuevamente, en el borde de la ley.

La legislación contempla, en el caso de que haya plazas desiertas, un proceso extraordinario destinado a cubrir estas plazas en situaciones excepcionales. Pues bien, el gobierno de Cristina Cifuentes ha normalizado esta excepcionalidad al no haber salido a concurso las jubilaciones y quedar numerosas plazas desiertas por el abuso de notas extremas. Nuevamente, al borde de la ley convirtiendo lo excepcional en habitual.

Pero las anomalías de este proceso continúan. Habitualmente en el proceso extraordinario se respeta el espíritu del proceso ordinario y se tienen en cuenta lo que se valora en él. En esta convocatoria, a la vista de los resultados de este procedimiento, ninguna de estas cuestiones ha sido tenida en cuenta y, frente a los antiguos equipos directivos que se han presentado, han sido seleccionados profesionales que carecen de estos cuatro requisitos: conocimiento del entorno, del centro, experiencia en el puesto y proyecto. Esto supone, de facto, convertir un concurso público en un procedimiento de libre designación, es decir, designar “a dedo” a los directores. Nuevamente se conculca el espíritu de la ley, nuevamente al borde de la ley.

En resumen: el conflicto que enfrenta actualmente a la comunidad educativa con la administración madrileña no se debe a una situación concreta sino a este rosario de anomalías que solo pueden entenderse desde el abuso de poder que ha demostrado la gestión del Consejero Van Grieken. Porque en realidad y viendo en su conjunto todo el proceso lo que ha hecho el gobierno de Cifuentes es convertir lo que debe ser por ley un concurso, poco garantista desde nuestro punto de vista, en un proceso de libre designación, nuevamente, bordeando, si no incumpliendo, la ley.

Una vez que la LOMCE confiere toda capacidad de decisión al director del centro, se trata de asegurar que ningún director escape al control de la administración y que su puesto dependa de la voluntad de la Consejería en exclusiva y no de los méritos que pueda demostrar. Para ello ha sido necesario obviar los mecanismos de transparencia habituales en la función pública y retorcer la ley convirtiendo la excepción en hábito y el concurso en dedazo.

El proceso en la elección de directores de la Comunidad de Madrid no debe ser rechazado solamente por lo que tiene de nepotismo, falta de transparencia y participación, en definitiva de democracia, sino también porque sienta un precedente incompatible con una democracia en estado de derecho: que el poder ejecutivo penetre hasta el fondo en instituciones que garantizan derechos básicos constitucionales: educación, sanidad, justicia, seguridad, etc.

Aceptar este procedimiento en la elección de la dirección de un centro que, con la LOMCE, tiene capacidad de configurar en gran medida su propio equipo docente supone dejar en manos del poder político los fundamentos de la misma democracia poniendo el derecho a la educación al servicio de intereses políticos concretos y esto, desgraciadamente, apenas se aleja de las purgas de Erdogan.

La denuncia que han hecho las familias de los centros afectados debería ser el comienzo de un proceso en el que entre todos y desde todos los lugares desterremos estas prácticas abusivas y reclamemos una educación democrática que pasa tanto por el derecho efectivo de las familias, estudiantes u otros agentes implicados a participar en la vida educativa de sus centros como por la defensa de la libertad de los docentes, incluidos los equipos directivos, para poner todo su trabajo y esfuerzo en la defensa de la mejor educación para todos y no de la política del gobierno de turno.